El costo país al desnudo Por Ruth Furtenbach Las excepciones a UPM 2 confirman las trabas que tienen las empresas normales Una de las noticias más destacadas de esta semana, es la confirmación de la instalación de la segunda planta de UPM en nuestro país. Grandes expectativas se crearon en torno a la posible generación de 10.000 puestos de trabajo, en momentos en los cuales el aumento del desempleo constituye un problema acuciante y presente en la agenda de los candidatos a ocupar el próximo gobierno.  Sin embargo, poco o nada se dice de la situación de las pequeñas y medianas empresas, las que constituyen desde siempre el verdadero motor del país, a las cuales el actual Gobierno les ha dado la espalda, debiendo a diario sortear innumerables obstáculos con la existencia de escasos e irrisorios incentivos para sobrevivir. Según datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa (ICSB, por su sigla en inglés) este tipo de negocios constituye el 90 por ciento del total de las empresas del mundo, generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y el 50 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel mundial. En Uruguay los procesos de producción y comercialización en este segmento son similares a los de otras partes del mundo, pero prevalece un “costo país” muy alto que opera en detrimento del potencial de estas empresas como generadoras de empleo e inversión. Puede observarse que muchas veces ese costo país se esconde en muchas variables con las que deben lidiar estas empresas a diario y que al mejor estilo portafolio diversificado logra consumir recursos en mayor o menor medida, dependiendo de cómo esté camuflado. Las mismas se refieren a: 1) Habilitaciones El Estado opera de una manera misteriosa e irracional que cuesta entender. Cuando un emprendedor (nombre políticamente correcto para aludir en la actualidad al empresario o comerciante), pretende llevar a delante su negocio, según el rubro de que se trate, se encuentra con la exigencia de las habilitaciones. El primer obstáculo que encuentra por delante, es el de la existencia de una serie de organismos que se cruzan información y requisitos que vuelven locos a los más audaces gestores. En gastronomía, por ejemplo, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) otorgará la habilitación del local comercial por 10 años, la de instalaciones mecánicas y eléctricas por 2 años y la de bromatología por 5 años. Por otro lado, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Bomberos otorgará la habilitación por 3 años y el Instituto de Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), en caso de venderse alcohol, deberá otorgar habilitación para expender este producto al público en general. Todas estas habilitaciones suelen emitirse en forma precaria hasta la emisión definitiva luego de haber practicado inspecciones, cursos, ajustes y prórrogas. En esta primera etapa, lo curioso es que, para tramitar la habilitación de Bomberos se exige la habilitación del local comercial que otorga la IMM y a la inversa, para la obtener la habilitación del local comercial que otorga la IMM, se exige ya tener la habilitación de Bomberos, sin existir una respuesta a tales exigencias cruzadas. Pero una vez resuelto este aspecto, “el emprendedor” deberá resolver las habilitaciones relativas a la fachada y exterior de su local comercial, ya que la IMM exige permisos para la colocación de cartelería, colocación de publicidad dirigida a la vía pública, habilitación específica para la colocación toldos, de mesas en la vereda y para el clásico cartel con el menú. Asimismo, también se requerirá habilitación del Banco de Previsión Social (BPS), organismo que también fiscalizará y habilitará las remodelaciones que se le hagan al local comercial, con aportes sobre jornales de un 90%. A lo cual debe agregarse, que para tramitar varios de estos permisos también se establece la obligación de presentar firma de arquitecto. Lo insólito es que ningún plazo coincide, por lo cual una vez realizados todos los trámites correspondientes el primer año, el emprendedor deberá estar de por vida ligado a este circuito cerrado y enfermizo de trámites y gastos, ya que año tras año irán venciendo las distintas habilitaciones y renovarlas se convierte en una tarea tan fastidiosa como costosa. 2) Contralores Una vez levantada la cortina, aparecerán los contralores, como Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para constatar si se cumple con las normas generales y particulares de los Consejos de Salarios; el BPS, para verificar si los aportes están en regla; el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para comprobar si las balanzas pesan bien o fueron manipuladas; ANCAP para controlar el origen y proveedor de bebidas alcohólicas, el INAU para controlar si hay menores consumiendo alcohol; la IMM para hacer controles de bromatología, ya que como se eliminó la tasa (cuyo costo variaba según el monto facturado y no guardaba relación con el servicio prestado y por lo tanto no era una tasa sino un impuesto), ahora cobran por inspección unos 24 mil pesos. Y finalmente, aparecen ahora también funcionarios de los Centros Comunales Zonales (CCZ) a verificar si todas las autorizaciones expedidas por la IMM están al día y pareciendo que la informática aún no ha llegado, dejan una nota con plazo de 5 días para comparecer bajo apercibimiento de multa. 3) Factura electrónica y bancarización obligatoria Se decía que se ahorraría en papel, pero el ahorro no resultó ser en términos económicos ya que cada empresa debe registrar cada 2 años una firma electrónica en la empresa de cobranzas y gestiones “Abitab”, junto con un certificado notarial a un costo que ronda los 7 mil pesos, aparte de costo del servicio mensual por usar una plataforma virtual que en ningún caso baja de los 1 mil pesos, o sea que pueden sumarse más de 15 mil pesos anuales en promedio, por ingresar a estos regímenes. Por otro lado, se produjo una alteración de los flujos de caja canalizado por un aumento continuo de la venta con tarjetas de crédito que supera el 75 % en algunos sectores, debiéndose soportar una comisión que aún sigue siendo alta en relación a otros mercados. 4) Consejos de salarios Si bien son de gran importancia, el emprendedor se dará cuenta que en los hechos quien representa a los empresarios es un desconocido para la gran mayoría, que se reúne con las otras dos partes celebrando acuerdos que van muchas veces contra la viabilidad de la empresa. En los primeros años se trató de una recuperación salarial, pero luego, cuando ya se había recuperado lo perdido, introdujeron “el ajuste por incremento de actividad”, generando que el emprendedor enfrente un costo salarial que se incrementa al ritmo de lo que crece su sector, pero que cuando baja, no hay reducción, con los consecuentes despidos, que cuestan mucho al que los paga y en definitiva a quienes se quedan sin trabajo. 5) Salud Ocupacional Empresarial El decreto 127/014 que establecía que, en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigencia, todas las ramas de actividad deberían contar con servicios de prevención y salud en el trabajo con exigencias que varían según la cantidad de empleados, fue prorrogado en mayo de este año, lo cual implica el otorgamiento de un plazo mayor para su implementación, pero no su derogación. Lo cual causa indignación debido a la superposición de organismos y servicios obligatorios que ya otorgan suficiente cobertura y control en materia de salud. Ya contamos con el BPS que controla, con el MTSS que inspecciona, el FONASA que da cobertura, la IMM que también controla, el BSE que da cobertura en caso de accidentes laborales y que también fiscaliza riesgos asociados a las tareas laborales, una ley de Responsabilidad Penal Empresarial y por sobre todas las cosas, con sindicatos más fuertes que nunca, que controlan y exigen; cabe preguntarse si ¿realmente era necesario crear estas obligaciones adicionales? 6) Tarifas La OSE cobra 5 veces más el metro cúbico de agua a una empresa que a un particular, siendo que el agua es la misma, además de la obligación que impone la IMM a bares y restaurantes de tener sanitarios habilitados para todo público, masculino y femenino, sumado ahora a la pretensión de incluir eventualmente un tercero para público “trans”. Por otra parte, la UTE, Gaseba y Antel también cobran más por el mismo servicio que a particulares, siendo las diferencias de precio exageradamente distantes. Se podrían proporcionar muchos ejemplos más, ya que las variables son infinitas dentro de la falta de equilibrio que genera este altísimo costo país, cuyas consecuencias son nefastas para toda la sociedad. El mismo también constituye una carga insuperable cuando los emprendedores locales intentan competir con sus productos en mercados libres y globalizados topándose con otros países en los que las empresas no deben afrontar los mismos niveles de impuestos ni las mismas contribuciones a los sistemas de seguridad social. Todo lo cual parece aplicar poco o nada a UPM, de lo contrario no se vendrían a instalar. Los múltiples beneficios que le otorgaron a estos extranjeros, indican que los emprendedores locales jugarían otro partido.

Siguiente “Republicanos, ¡tierra firme!”