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Más burocracia para un problema ya monitoreado
 Las críticas de Daniel Radío y de la Institución Nacional de Derechos Humanos dejan en evidencia las debilidades del proyecto para crear un comisionado parlamentario de infancias y adolescencias. Tareas de control y monitoreo ya existen y nos encaminamos a una innecesaria superposición institucional.
La creación de un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias parece encaminarse a transformarse en una nueva estructura burocrática cuya necesidad real no ha sido demostrada. Las críticas formuladas tanto por el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Daniel Radío, como por la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, exponen una objeción de fondo: las funciones de monitoreo, supervisión y defensa de derechos ya existen en el actual entramado institucional.
El debate fue impulsado a partir de un proyecto promovido desde el oficialismo, que busca crear una figura similar al comisionado parlamentario penitenciario, pero enfocada en niñez y adolescencia. Sus impulsores sostienen que el país enfrenta una situación crítica en materia de pobreza infantil, violencia y vulneración de derechos, por lo que sería necesaria una institución especializada e independiente.
Sin embargo, los cuestionamientos comenzaron a surgir incluso desde organismos directamente vinculados al tema. En una entrevista concedida a La Diaria Radio, Radío fue contundente al afirmar que el nuevo cargo “no es necesario” porque el monitoreo de los derechos de niños y adolescentes ya lo cumple la INDDHH. El jerarca sostuvo además que crear otra institucionalidad corre el riesgo de superponer competencias y generar más dispersión administrativa en un área donde el problema no parece ser la falta de organismos, sino la eficacia de las políticas públicas.
La posición coincide con la expresada públicamente por autoridades de la INDDHH. La directora Jimena Fernández señaló que muchas de las atribuciones previstas para el eventual comisionado ya son desarrolladas por el organismo de derechos humanos, cuya ley de creación precisamente le asigna la tarea de supervisar, controlar y proteger derechos fundamentales, incluyendo los de niños y adolescentes.
La objeción no es menor. Uruguay ya cuenta con una compleja red institucional integrada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el INISA, defensorías, fiscalías especializadas, juzgados de familia y adolescencia, además de la propia INDDHH. Crear una nueva figura parlamentaria podría derivar en un esquema redundante, con competencias difusas y costos adicionales, sin garantizar mejores resultados concretos.
El argumento de que “algo hay que hacer” frente a los dramáticos indicadores sociales de la infancia uruguaya no alcanza por sí solo para justificar una nueva oficina estatal. El riesgo es caer en una lógica recurrente de la administración pública: responder a problemas estructurales mediante más cargos, más organismos y más burocracia, aun cuando las herramientas legales e institucionales ya existen.
Además, el planteo de Radío adquiere especial relevancia viniendo de alguien que trabaja directamente con adolescentes privados de libertad y que conoce desde dentro las carencias reales del sistema. Si quienes están en primera línea sostienen que el problema no es la ausencia de monitoreo sino la necesidad de fortalecer lo ya existente, el Parlamento debería al menos detenerse antes de avanzar en una estructura paralela.
La propia experiencia uruguaya demuestra que la proliferación de organismos no necesariamente se traduce en mejores políticas públicas. Muchas veces ocurre lo contrario: superposición de funciones, disputas de competencias y dilución de responsabilidades. Cuando todos controlan, frecuentemente nadie termina siendo verdaderamente responsable.
La discusión, en definitiva, debería centrarse menos en crear nuevas figuras y más en exigir resultados concretos a las instituciones ya existentes. Porque si el monitoreo de derechos de niños y adolescentes ya está legalmente en manos de la INDDHH, insistir en otro comisionado parlamentario parece responder más a una necesidad política o simbólica que a una carencia institucional real. |
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