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¿¡Que gobierne la honestidad!?
 El informe reciente de Búsqueda, que revela que al menos cinco testimonios en la investigación penal por el desfalco del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) apuntan directamente al financiamiento del Partido Comunisra, debería provocar un terremoto moral en la izquierda. Pero no: lo que hay es silencio cómplice, escusas mezquinas y un aparato de contención ideológico que recuerda a los peores momentos del siglo XX.
El asunto es grave. Gravísimo. Y no solo por el monto desviado, que supera el millón de dólares, sino por lo que implica: el uso de aportes sociales de trabajadores humildes, destinados a la vivienda de obreros de la construcción, para financiar la maquinaria partidaria del PCU. ¿Cómo se llama eso, si no es corrupción con mayúsculas? ¿Qué puede ser más inmoral que utilizar dineros que debieron ir a un techo digno para pagar banderas, volantes, parlantes o estrategias electorales?
El entramado es claro. El fondo Fosvoc es cogestionado por el Sunca (sindicato históricamente dominado por el PCU) y las cámaras empresariales. La denuncia por apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir ya tiene más de 20 declaraciones recogidas. Los nombres son conocidos: Bruno Bertolio, presidente del fondo en 2024; Santiago Bernaola, quien admitió que los recursos fueron usados para la campaña del “Sí” y para las internas del Frente Amplio; Laura Alberti, secretaria de finanzas tanto del Sunca como del Partido Comunista; y otros siete miembros de la lista 658, todos ya expulsados del sindicato por su participación en las maniobras.
¿Puede alguien creer que una operación de esta magnitud, sostenida en el tiempo, con transferencias que exceden los US$ 1.000.000, se haya hecho a espaldas de la dirigencia partidaria? Es difícil. Muy difícil. El PCU, que presume de disciplina, centralismo y verticalidad, no es precisamente una organización de espontaneidades individuales. Cada paso, cada acción, cada recurso tiene un fin estratégico. Y esa estrategia, como tantas veces en la historia comunista, parece haber pasado por encima de la legalidad, la transparencia y, sobre todo, la moral.
Y aquí estamos, una vez más, ante el viejo dilema de la izquierda dogmática: todo se justifica en nombre de la causa. Todo vale si es para avanzar en la lucha. Aunque sea con plata que no les pertenece. Aunque sea burlando a los trabajadores que dicen representar. Aunque sea traicionando el objetivo supremo de construir una sociedad justa.
El silencio del Frente Amplio también es atronador. Ni una palabra de condena, ni un gesto de distancia... Todo se maneja con la máxima cautela, no sea cosa que se incomode a uno de los sectores que, aunque menguante, sigue teniendo peso en la interna y en la calle. Y mientras tanto, la fiscalía avanza con datos concretos, grabaciones, auditorías, y una marea de testimonios que apunta siempre al mismo lugar.
Que la Justicia llegue hasta el fondo. Que no tiemble la mano. Y que el PCU, si tiene un mínimo de decencia, haga lo que jamás ha hecho: pedir perdón. |
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