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El Carrera-gate, una vez más...
 No le bastó con tener fueros, ni con la estrategia del silencio, ni con el respaldo incondicional del Frente Amplio. Charles Carrera, el exsenador que hasta hace no mucho era uno de los cuadros más poderosos del MPP, vuelve a escena con la misma actitud desafiante con la que abandonó el Senado: apuntando contra los fiscales, denunciando persecuciones y, lo más grave, buscando invalidar la acción de la Justicia con una lógica más propia de quien se cree por encima del bien y del mal.
La fiscal Sandra Fleitas, recientemente asignada a Delitos Económicos, solicitó su imputación por tres delitos concretos: fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. Nada de esto debería sorprender, salvo por una cosa: la tenacidad con la que el imputado y su entorno intentan transformar una causa penal en una operación política.
Recordemos los hechos. En 2013, siendo director general del Ministerio del Interior, Carrera autorizó verbalmente el ingreso de un civil al Hospital Policial, falseando su condición de funcionario y haciéndolo pasar por un suboficial. Lo hizo por fuera de los mecanismos establecidos, sin convenio alguno, sin documentación que respaldara el ingreso, y firmando posteriormente documentos que avalaban pagos y prestaciones para alguien que no tenía derecho legal alguno a recibirlas. A lo largo de casi una década, ese beneficio costó al Estado más de 260 mil dólares. Y no hablamos solo de atención médica: también se entregaron tickets de alimentación reservados para funcionarios activos del Ministerio del Interior.
Carrera no niega los hechos. Los admite, los matiza, los justifica. Dice que actuó por humanidad, que el núcleo familiar del beneficiario estaba en una situación vulnerable, que su intención era evitar un daño mayor. ¿Y quién lo nombró juez de última instancia en la administración de recursos públicos? ¿Quién le dio el poder de reinterpretar la normativa vigente a gusto personal, como si la compasión fuera una licencia para violar la ley?
Ahora, como si no bastara con lo anterior, Carrera redobla la apuesta. Anuncia que recusará a la fiscal Fleitas por actuar con demasiada rapidez, la acusa de vulnerar sus derechos, amenaza con presentar una denuncia penal en su contra, y acusa a la Justicia de montar un caso armado como venganza política.
La estrategia del Frente Amplio es la misma de siempre: cuando un caso judicial compromete a uno de los suyos, se niega la legitimidad del proceso. La culpa no es del imputado, sino del fiscal. No se discuten los hechos, sino la supuesta intencionalidad política detrás de quien investiga. Y si eso no alcanza, se enarbola una batería de informes académicos —ocho en este caso— que, curiosamente, coinciden en ver una actuación impecable donde la fiscalía ve un engaño flagrante y un perjuicio al erario público.
Mientras tanto, los argumentos de la fiscal Fleitas son sólidos, directos y, sobre todo, documentados. No se trata de interpretaciones subjetivas ni de persecuciones inventadas. Se trata de hechos. Y los hechos son tozudos.
El Estado no puede tolerar que un jerarca actúe a su antojo, asignando recursos como si fueran de su bolsillo. No puede aceptar que alguien maquille documentos oficiales para esconder una ilegalidad. Y no puede permitir que, una vez descubierto, ese mismo jerarca se erija en fiscal de los fiscales, deslegitimando todo el proceso judicial para salvar su pellejo.
Este caso no admite medias tintas. O se defiende la institucionalidad, con sus reglas y sus límites, o se acepta que quienes ocupan cargos públicos puedan actuar como si fueran dueños del Estado. El Frente Amplio haría bien en tomar nota de esto. Porque si su silencio se convierte en complicidad, estará avalando el desprecio por la legalidad que tanto dice condenar cuando le conviene.
Carrera será imputado. No por su ideología, no por sus discursos, no por su filiación política. Será imputado porque firmó documentos falsos, porque dio órdenes ilegales, porque usó fondos públicos para beneficiar a un particular sin respaldo legal. Y será la Justicia, no Twitter, quien determine si eso constituye delito... |
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