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La gran paradoja montevideana: mucha recaudación, poca inversión
 Casi cien mil dólares diarios en multas de tránsito: ese es el ritmo demoledor con que la Intendencia de Montevideo incrementa sus ingresos por sanciones. Entretanto, en materia de mantenimiento urbano, como el arbolado, encontramos cifras alarmantes: veinte mil reclamos sin atender, podas atrasadas por años, caídas de árboles que, de puro milagro, no han causado tragedias mayores.
Veamos primero la cuestión de las multas. Según datos de la propia intendencia, en 2024 se ingresaron más de 35 millones de dólares por infracciones de tránsito, unos 96 mil dólares diarios. Una cifra colosal, fruto de un engranaje de radares y controles. Desde un punto de vista teórico, uno podría aplaudir este rigor si efectivamente redundara en seguridad vial y en la corrección de malas conductas. Sin embargo, lo que salta a la vista es que no todas las faltas se fiscalizan con igual celo: la gran maquinaria municipal se enfoca en exceso de velocidad y cruce en rojo, sobre todo allá donde hay radares automatizados. O sea, la intendencia se beneficia de la automatización para amasar montos descomunales.
Mientras tanto, las calles siguen llenas de baches, la limpieza es endémicamente deficiente, y la distribución de los recursos muestra prioridades extrañas. El 2024 terminó con un 15% menos de recaudación respecto a 2023, pero aun así la cifra supera con creces lo que cualquier otra comuna maneja. Incluso si uno creyera la retórica de que “estas multas salvan vidas”, la pregunta obvia es: ¿adónde va el dinero? ¿Qué mejoras concretas se ven en la infraestructura vial o en la prevención de siniestros? El montevideano promedio no percibe un correlato entre semejante volumen de ingresos y las mejoras en su entorno.
Si existiera una contrapartida visible en las calles –por ejemplo, un mantenimiento eficiente del arbolado urbano–, sería aceptable la línea recaudatoria. Pero, al revisar lo que pasa con los árboles, uno descubre un escenario desolador: casi veinte mil denuncias pendientes, algunas con más de un lustro, incluso una década en espera. El asunto no es anecdótico: árboles que se caen sin aviso, ramas que colapsan encima de vehículos o personas, veredas rotas por raíces imposibles. Y el temor crece: ¿qué pasa si mañana la capital sufre una tormenta verdaderamente fuerte? La experiencia de años anteriores, con ráfagas moderadas, ya provocó decenas de caídas. Lo que se vislumbra es un desastre en ciernes.
Mientras las multas de velocidad y semáforos generan al día lo que muchos municipios no ven en meses, la Intendencia alega que no hay presupuesto suficiente para atender la poda o la extracción de árboles enfermos. Los costos de poda básica –dicen los responsables– son elevados, y extraer un ejemplar deteriorado excede los 30 mil pesos. Sí, mantener un arbolado implica un gasto, pero ¿no se justifica invertir parte de la inmensa recaudación en un servicio esencial para la seguridad de los vecinos?
Si la IM, tan diligente en “educar” al conductor, fuera igual de diligente en “educar” su propia gestión del arbolado, quizás veríamos menos incidentes y una ciudad más segura y agradable... |
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