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A propósito del próximo gabinete frentista
 El reciente anuncio del gabinete del presidente electo Yamandú Orsi ha confirmado los peores temores de quienes esperaban un gobierno con visión y capacidad para abordar los desafíos estructurales que enfrenta el Uruguay. Lejos de presentar un equipo con peso, el gabinete parece más un mosaico de equilibrios internos del Frente Amplio que una verdadera apuesta por la gestión. Este es un equipo diseñado, quizá, para gestionar una intendencia, no para liderar un país que demanda soluciones transformadoras.
El perfil de varios de los ministros designados (carteras de gran importancia, dicho sea de paso) es un reflejo de esta falta de ambición. En Trabajo y Seguridad Social, la elección de Juan Castillo, un dirigente comunista con una postura marcadamente rígida, plantea serias dudas sobre el rumbo que tomará el país en políticas laborales. En un contexto en el que Uruguay necesita urgentemente continuar la senda de la flexibilización y fomento de la inversión privada, el liderazgo de Castillo promete más confrontación que consenso. Su historial sugiere un enfoque que priorizará la agenda sindical por encima de las necesidades del mercado laboral, lo que podría desalentar la generación de empleo y ahuyentar capitales. Esperamos equivocarnos, claro está.
En Desarrollo Social, la designación del inefable secretario general del socialismo ortodoxo, Gonzalo Civila, refuerza esta tendencia preocupante. Con un enfoque ideológico que parece inspirado en los fracasos del kirchnerismo, Civila representa un retroceso para una cartera que debería centrarse en ofrecer oportunidades reales de progreso y movilidad social, no en perpetuar la dependencia asistencial. Estas decisiones subrayan la desconexión entre las necesidades del país y las prioridades del nuevo gobierno.
Aún más alarmante es la concentración de poder en la figura del futuro prosecretario de Presidencia, el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Bajo su dirección, no solo se designó al ministro del Interior (Negro es un “hombre de Díaz”, según se comenta entre el futuro oficialismo), sino que también se pretende centralizar desde Presidencia la política de seguridad pública, desplazando al Ministerio del Interior y a la Policía de su rol protagónico. Esta decisión implica que Díaz, un jerarca que no está sometido a controles parlamentarios como lo están los ministros, acumulará un poder sin precedentes en esta área crucial. Sin la posibilidad de interpelaciones o llamados a sala, la transparencia y el control sobre sus acciones quedarán gravemente limitados.
Este esquema genera profundas preocupaciones –más de las que se tenían previo a estos anuncios– sobre el rumbo que tomará la política de seguridad en los próximos años. La seguridad es un tema crítico que requiere equilibrio, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, el enfoque anunciado por Díaz no solo centraliza decisiones clave en una figura no democráticamente elegida, sino que también excluye al Parlamento de su rol fiscalizador, lo que supone un debilitamiento de las instituciones democráticas y un retroceso en términos de gobernabilidad.
A esto se suma la cantada –por adelantado– designación de Gabriel Oddone en Economía, un economista que ha generado más controversias que consensos dentro del frentismo. Sus propuestas de desindexar salarios y flexibilizar la negociación colectiva, aunque sean necesarias para algunos sectores, han encendido alarmas entre las bases del partido. Oddone llega con un historial de declaraciones contradictorias y un claro distanciamiento de las posturas mayoritarias de la coalición de izquierda, lo que plantea dudas sobre su capacidad para liderar en un entorno político tan polarizado. Su designación parece más un intento desesperado por incluir una figura técnica respetable que una apuesta genuina por la cohesión y el liderazgo económico. Imaginemos, en este punto, la mesa de negociación de la triada Oddone-Castillo-Civila (“para alquilar balcones”, como se dice coloquialmente)…
Más allá de los nombres individuales, el gabinete de Orsi refleja una visión conservadora que no está a la altura de las demandas del país. En Educación y Salud, dos áreas cruciales para el desarrollo a largo plazo, las expectativas de reformas estructurales y una modernización profunda han sido defraudadas. En lugar de figuras con una clara agenda transformadora, se han designado nombres –de viejos conocidos– que representan continuidad y complacencia con modelos ya agotados. Esto es especialmente alarmante en un momento en que Uruguay necesita continuar con urgencia la transformación educativa y la eficiencia del sistema de salud pública emprendida por la Coalición.
El gabinete también pone de manifiesto la incapacidad del Frente Amplio para cumplir sus promesas. La aspiración de paridad de género, ampliamente anunciada durante la campaña, ha quedado reducida a un eslogan vacío. Con solo un tercio de mujeres en los ministerios, el nuevo gobierno ostenta niveles similares a los de administraciones que con tanto ahínco criticó.
Uruguay enfrenta desafíos enormes: continuar la senda de la generación de empleo (en un escenario internacional hostil), avanzar en la transformación educativa, garantizar la seguridad pública y mantener la estabilidad financiera lograda. Para enfrentar estos retos, se necesita un liderazgo capaz de generar consensos amplios, atraer inversiones y ofrecer soluciones innovadoras. Sin embargo, lo que este gabinete proyecta es algo muy distinto, una fórmula que difícilmente podrá responder a las expectativas de los uruguayos.
El anuncio de Orsi, que tantas expectativas generó, representa, en primer lugar, una oportunidad perdida; un recordatorio de que las viejas recetas del Frente Amplio no son suficientes para los problemas de hoy. La falta de un liderazgo sólido y transformador encorseta al país en una dirección que promete más de lo mismo. El gobierno comenzará con un equipo que ya parece destinado al fracaso. Lamentablemente, lo que se vislumbra es un horizonte de promesas incumplidas y oportunidades desperdiciadas. |
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