¿Qué modelo de sociedad queremos construir? El tiempo que falta: jornada laboral, poder y futuro
Viernes 1 de agosto de 2025. Lectura: 4'
Por Laura Méndez
Desde la Revolución Industrial hasta el siglo XXI, la lucha por el tiempo ha sido también una lucha por la dignidad. Hoy, en una era donde la tecnología promete niveles de productividad sin precedentes y el agotamiento psicosocial atraviesa todas las clases sociales, una pregunta resurge con fuerza: ¿es hora de trabajar menos?
Técnicos y organismos internacionales como el BID y la OIT respaldan que la reducción de la jornada laboral se impulsa por razones tanto humanas como económicas. Se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, y a la vez, aumentar la productividad, redistribuir la riqueza y avanzar hacia una mayor equidad social.
Hoy, la reducción del tiempo de trabajo es uno de los debates más intensos del mundo laboral. Países como España, Francia, Islandia, Bélgica y Japón han dado pasos concretos hacia semanas laborales más cortas.
En América Latina, la discusión gana fuerza con propuestas diversas. Por ejemplo: Chile ya aplica la Ley N.º 21.561 (abril de 2023), que reduce progresivamente la jornada de 45 a 40 horas, sin afectar salarios; Colombia comenzó en julio de este año una reducción escalonada, de 46 a 44 horas, hasta llegar a 42 en 2026, sin pérdida salarial; México prevé una transición hacia una jornada de 40 horas en 2030, iniciando este año un proceso de foros públicos y reformas; República Dominicana inició en 2024 un plan piloto de reducción de 44 a 36 horas semanales, con salario completo, para evaluar sus efectos en salud y productividad y Argentina y Brasil discuten reformas en sus parlamentos y sindicatos, aunque con velocidades distintas.
En Uruguay, la reducción de la jornada laboral ha cobrado protagonismo en sindicatos, el ámbito político y académico. Desde 2023, el PIT-CNT impulsa una propuesta concreta: avanzar hacia una jornada semanal de 40 horas sin reducción salarial. Sería una transformación histórica del modelo actual, vigente desde 1915, cuando la Ley 5.350 estableció la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, siendo nuestro país pionero en América Latina y el mundo.
Este año, ya con nuevo gobierno, el movimiento sindical presentó al ministro de Trabajo, Juan Castillo, una propuesta técnica fundamentada en estudios internacionales y adaptados al contexto nacional. También reivindicaron públicamente la iniciativa el pasado 1.º de mayo, con la consigna de reducir a 40 horas semanales con salarios íntegros, es decir, sin pérdida de ingresos por hora trabajada.
En la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo, Uruguay reafirmó como prioridad nacional la necesidad de mejorar la calidad del empleo mediante la reducción del tiempo de trabajo. La central sindical celebró esa postura, al tiempo que convocó a su primer paro parcial este martes 12, bajo la consigna: “Desmontar el modelo de la desigualdad y avanzar en una estrategia para el desarrollo”. Entre los ejes del paro se destacan: la reducción de la jornada laboral, Consejos de Salarios, el reclamo por el presupuesto nacional y la defensa del diálogo social.
Por su parte, el ministro Juan Castillo advirtió que el tema de la reducción de la jornada laboral será tratado en un espacio tripartito, por fuera de las rondas salariales. El oficialismo, representado por el presidente Yamandú Orsi, ha mostrado apertura al diálogo.
También el Partido Colorado tendrá que incorporar el tema en su agenda. Uno de los primeros en hacerlo fue el senador Tabaré Viera, quien en su campaña interna propuso una consigna clara: “No solamente el empleo y el salario deben ser dignos, también el derecho al ocio (…) por lo tanto, trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. Inspirado en modelos europeos, como el británico, Viera planteó una meta de “100 % salario, 80 % tiempo trabajado y 100 % productividad”, bajo tres condiciones clave: salario íntegro, eficiencia empresarial y diálogo social.
En Uruguay, el debate ya está sobre la mesa. Y si bien requiere estudios de impacto, acuerdos sectoriales y gradualidad, no puede postergarse mucho más. La legislación vigente tiene más de un siglo.
El Estado tiene en sus manos la posibilidad de liderar una transición justa, con políticas públicas que promuevan incentivos, pilotos por sector, diálogo social real y mecanismos participativos. La reducción de la jornada puede ser una herramienta poderosa para fomentar más empleo, mayor igualdad de género, mejor calidad de vida y productividad inteligente. Pero solo si se encara con responsabilidad, evidencia y visión de futuro.
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