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Otra vez, contra la voluntad ciudadana

El recién asumido gobierno frenteamplista ha dado un nuevo paso en falso. La reciente iniciativa anunciada por el ministro José Carlos Mahía, que pretende reinstalar los consejos desconcentrados y devolver a los docentes participación directa (cuando ya la tienen en el Codicen), significa un preocupante desconocimiento del resultado del referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). Una vez más, el Frente Amplio ignora lo que ya fue decidido en las urnas, reinstalando un problema que estaba superado y apostando nuevamente al conflicto con los sindicatos como centro de la educación pública, algo que ha demostrado ser nefasto para la calidad educativa.
La gobernanza educativa que estableció la LUC había sido pensada justamente para ponerle fin a una estructura sindicalizada y cooptada por intereses gremiales, que poco tenía que ver con la mejora en la educación y mucho con la defensa corporativa de ciertos privilegios. Las direcciones generales permitieron agilizar procesos y evitar situaciones escandalosas como las protagonizadas por dirigentes de Fenapes con los famosos certificados médicos falsificados, hechos inadmisibles que afectaron gravemente el derecho a estudiar de miles de jóvenes.
La decisión de Mahía esconde un sesgo revanchista que, por si fuera poco, contradice el veredicto de la ciudadanía. ¿Qué mensaje envía este gobierno cuando insiste en retomar estructuras fracasadas que perjudican a la educación pública? ¿Cómo puede el ministro hablar de participación cuando la ciudadanía ya participó y ratificó la reforma en las urnas? Esta propuesta no solo es un error de gestión, sino también un acto profundamente antidemocrático.
El Frente Amplio, históricamente obsesionado con confundir democracia con asambleísmo, vuelve a imponer sus ideas sobre las de la mayoría, ignorando el claro mandato ciudadano expresado en las urnas. Y lo hace, además, escudándose en conceptos grandilocuentes como la “participación”, término que bajo su gobierno significó en más de una ocasión la legitimación del desorden y el clientelismo sindical.
La educación pública uruguaya no merece retroceder en la senda que, con esfuerzo, la sociedad decidió recorrer al respaldar la LUC. Si Mahía y el presidente Orsi quieren realmente mejorar la educación pública, deberían empezar por respetar lo que los ciudadanos ya decidieron, en lugar de devolverle poder a quienes solo han contribuido al atraso y al deterioro del sistema. En un tema tan delicado y trascendente como la educación pública, no caben ni caprichos ideológicos ni revancha política. El mensaje popular ya fue claro; solo queda cumplirlo.
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