Negocian y negocian mientras el país espera por el Puerto



El gobierno volvió a intentar un acercamiento entre TCP y el sindicato, pero el conflicto portuario sigue produciendo interrupciones y abrió ahora un frente jurídico contra los servicios mínimos. La cuestión de fondo permanece intacta: cómo compatibilizar el derecho de huelga con una infraestructura de la que depende buena parte del comercio exterior uruguayo.

Una semana después de que Correo de los Viernes analizara los servicios mínimos dispuestos para Terminal Cuenca del Plata, el conflicto sigue demostrando que el problema excede largamente una negociación salarial. Hay una discusión entre empresa y trabajadores, otra sobre los límites del derecho de huelga y una tercera —quizás la más importante para el país— acerca de cuánto puede quedar sometida una infraestructura estratégica a las alternativas de un conflicto colectivo.

El gobierno continúa negociando. Después de más de 40 instancias desde abril, el Ministerio de Trabajo presentó esta semana una propuesta de acercamiento: elevar de 20 a 21 los jornales asegurados a partir de mayo de 2027, encontrar un punto intermedio entre la partida ofrecida por la empresa y la reclamada por el sindicato y establecer una compensación excepcional para determinados trabajadores. Empresa y gremio volverán a encontrarse el lunes 28.

Ese esfuerzo negociador merece ser separado de otro dato igualmente objetivo: mientras se negocia, el puerto continúa deteniéndose. El lunes 21 hubo un paro nacional portuario de 24 horas. Este jueves 24 las actividades volvieron a interrumpirse desde las 8:00 para realizar asambleas en Montevideo y Nueva Palmira. Terminadas las reuniones, la operativa se retomó. Para un exportador, un importador, una naviera o un transportista, sin embargo, la naturaleza sindical de la interrupción cambia poco el resultado: durante esas horas la carga no circula.

El SUPRA resolvió además impugnar la resolución que estableció los servicios mínimos mediante un recurso de anulación y recorrer los procedimientos necesarios para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo. Es un camino institucional cuya fundamentación jurídica deberá ser examinada en los ámbitos correspondientes. La misma asamblea facultó, sin embargo, a la dirección sindical a disponer un paro nacional de 48 horas si el conflicto no encuentra una salida.

Nada de esto modifica el argumento central planteado hace una semana. El derecho de huelga está constitucionalmente reconocido y los servicios mínimos no pueden diseñarse de tal manera que lo vuelvan puramente nominal. Pero de allí tampoco se deriva un derecho ilimitado a trasladar reiteradamente las consecuencias del conflicto hacia empresas, trabajadores y productores completamente ajenos a él. Cuando la afectada es la principal terminal de contenedores del país, el perjuicio deja rápidamente de ser privado.

También permanece vigente la otra advertencia: el instrumento elegido por el gobierno presenta zonas jurídicamente discutibles. Precisamente por eso sería conveniente que la controversia sobre su legalidad siguiera los carriles jurídicos correspondientes mientras la negociación colectiva procura resolver el conflicto de fondo.