Se vuelve a repetir la historia, con dos gobiernos del Frente Amplio, en que esas confesiones de militares de aberrantes delitos cometidos durante la dictadura, terminan en el silencio de los expedientes.

El episodio que refiere al hoy Senador Manini Rios, entonces Comandante en Jefe del Ejército, a esta altura es bien conocido. O debería ser bien conocido, porque las tergiversaciones y confusiones que se hacen para enredar los hechos, terminan haciéndolos difíciles de comprender para mucha gente.

En ese caso, sin embargo, los hechos son claros. En un Tribunal de Honor el tristemente célebre, Gavazzo reconoce un delito aberrante, los generales miembros del tribunal informan al Comandante en Jefe, diciéndole que al haber algo de apariencia delictiva habría que informar a la Justicia. El Comandante piensa que es una "chicana" interpuesta por Gavazzo para demorar el pronunciamiento del tribunal y ordena seguir con las actuaciones. El expediente marcha al Ministerio, allí se toma en serio esa situación y se la traslada a la Presidencia el propio Ministro Jorge Menéndez -hoy fallecido- asistido en el caso por dos profesionales de la cartera. Toma conocimiento directo el Secretario de la Presidencia Dr. Miguel Toma, se termina aprobando el acta del Tribunal por el Presidente de la República Dr. Vázquez y no pasa nada a la Justicia.

Se puede imputar a Manini una demora, sí. Pero no un ocultamiento intencionalmente delictivo, porque el expediente, con todos esos elementos, subió al Ministerio y de allí a la Presidencia, donde se le aprueba y entierra. Nos enteramos luego de la situación por un periodista, Leonardo Haberkorn. Sin esa revelación, todo dormía el sueño de los justos.

Por eso pensamos que pedir el procesamiento del entonces Comandante en Jefe y no de los verdaderos responsables del real ocultamiento, hace de la solicitud Fiscal un acto de tal modo parcial, que no tiene sustento jurídico ni ético. No hay una evidencia delictiva, aunque haya sí una demora que podría ser cuestionable. El tema es que sin una clara criminalidad no se debe levantar un fuero. Así lo dijimos cuando se pidió por la Justicia el procesamiento del ex Vicepresidente Nin Novoa, caso en que, si bien era real el ocultamiento que había hecho en una declaración patrimonial, no representaba un intento delictivo.

Desgraciadamente, este debate se ha envenenado con todo el resto de la situación y han entrado a jugar razonamientos estrictamente políticos referidos a los polémicos dichos y hechos del Senador Manini como novel líder político de un partido. Por ejemplo, éste dice y repite que no tiene nada que ocultar y que votará su desafuero para que lo juzguen. Ello hace pensar a algunos legisladores que esto es determinante y, como hemos dicho desde siempre, no tiene ningún valor, porque el fuero es del Senado y no del Senador, es una garantía para el ejercicio parlamentario independiente y no un privilegio personal del legislador, que él pueda administrar conforme a su voluntad. Del mismo modo, sus declaraciones, en ocasiones muy polémicas, llevan el debate a juzgar políticamente a Manini, cuando eso no tiene nada que ver. Aquí no se trata de si es bueno o es malo, si es de derecha o no es derecha, si simpatizamos con él o a la inversa. Se trata de que es un legislador, votado por 260 mil ciudadanos, cuando ya el tema estaba planteado públicamente, y al que, para quitarle los fueros, tendrían que mediar claras situaciones delictivas que no aparecen.

Como si esto fuera poco, se hace público otro Tribunal de Honor en que otro militar, vinculado a los peores actos represivos de la dictadura, Gilberto Vázquez, reconoce por expreso crímenes horrendos y tampoco se trasladó la situación a la Justicia. Todo quedó oculto, en este caso desde 2006, o sea que el expediente dormía el sueño de los justos. Y nos encontramos entonces con otro ocultamiento del mismo gobierno frentista y el mismo Presidente.

Se ha pretendido afirmar que las autoridades no conocían la situación, porque la magnitud de las actas hacía imposible leerlas en totalidad y se aprobaron sin un cabal examen. Podría haber ocurrido, pero da la casualidad de que el Ministerio de Defensa había producido un informe jurídico bien claro, que comenzaba denunciando la situación. Y todo se destinó al olvido.

O sea que se dan dos claros ocultamientos de quienes pretenden ser campeones de los derechos humanos y, ante la evidencia, recurren ahora al insulto como arma. "O votamos el desafuero o somos cómplices", según ellos; cuando ellos -a su vez- no son cómplices sino responsables directos de los episodios de ocultamiento a la Justicia. Por más gritos y agravios que profieran, la verdad es esa y aunque el ruido ambiente no lleva a juzgar la situación con serenidad, las cosas van quedando claras.