Las garantías también valen para los adversarios



La detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, principal figura del correísmo, plantea interrogantes que no pueden despacharse con simpatías o antipatías políticas. Las sospechas de financiamiento irregular deben investigarse, pero la lucha contra la corrupción no puede servir de excusa para restringir los derechos de la oposición.

La detención, este jueves, de Luisa González, derrotada por Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, ha provocado una nueva conmoción política en Ecuador. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023, en el marco del denominado caso Laberinto, por el que fueron detenidas tres personas con el propósito de formularles cargos por lavado de activos.

Según el Ministerio Público, una red de entidades jurídicas habría canalizado aproximadamente 500.000 dólares hacia gastos de publicidad electoral sin identificar debidamente el origen de los recursos ni a sus aportantes. Paralelamente, en el caso Caja Chica, se investiga el presunto ingreso de fondos procedentes de Venezuela para financiar aquella misma campaña.

Las acusaciones son graves y corresponde investigarlas hasta sus últimas consecuencias. El financiamiento de los partidos políticos, particularmente cuando existen sospechas de recursos de procedencia ilícita o extranjera, constituye una cuestión central para la transparencia democrática. Ningún candidato, por relevante que sea su posición política, puede pretender inmunidad frente a la Justicia.

Pero tampoco una investigación equivale a una condena. Mucho menos puede suponerse la culpabilidad de una persona por su pertenencia a determinada corriente política.

El contexto, además, obliga a extremar la prudencia. El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones locales en Ecuador y el movimiento Revolución Ciudadana, fundado por Rafael Correa, se encuentra suspendido por resolución del Tribunal Contencioso Electoral. La propia González tampoco consiguió inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí.

No se trata de circunstancias menores. La acumulación de decisiones judiciales y electorales que afectan a la principal fuerza opositora exige una fundamentación especialmente rigurosa y mecanismos efectivos de revisión.

De hecho, el pasado 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la necesidad de garantizar la participación política plural e igualitaria en Ecuador, así como el pleno respeto de las garantías judiciales en las decisiones que puedan afectar la competencia electoral.

Por supuesto, Rafael Correa y sus partidarios denuncian una persecución política. Esa acusación, por sí sola, tampoco constituye una prueba. Conviene recordar que, durante la presidencia de Correa, la libertad de prensa y la independencia judicial sufrieron serios cuestionamientos de organismos internacionales. Su gobierno exhibió una preocupante inclinación a hostigar a los medios críticos y a concentrar poder.

Ese pasado no debe olvidarse. Pero tampoco puede invocarse para justificar eventuales abusos presentes. Sería una contradicción elemental condenar las prácticas del correísmo y disculpar procedimientos semejantes cuando afectan a sus dirigentes.

La responsabilidad institucional del gobierno de Noboa consiste en respetar la independencia de la Fiscalía y de los tribunales, garantizar el debido proceso y evitar cualquier apariencia de utilización de los instrumentos del Estado para obtener ventajas políticas. No existen elementos suficientes para atribuirle personalmente la decisión de detener a González, del mismo modo que tampoco corresponde descartar sin examen las denuncias sobre posibles irregularidades procesales.

En una democracia liberal, la independencia judicial no se mide únicamente por la capacidad de investigar a los adversarios del gobierno, sino también por la disposición a investigar al propio poder. Y las garantías individuales tienen precisamente su mayor importancia cuando protegen a quienes no comparten nuestras ideas.

Ecuador necesita esclarecer el origen del dinero que financió aquella campaña, determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar que las decisiones judiciales no alteren arbitrariamente la competencia electoral.

Porque la corrupción no se combate con impunidad, pero tampoco con arbitrariedad. Y porque el Estado de derecho deja de serlo cuando sus garantías dependen de quién está sentado en el banquillo de los acusados.