La salud que llega antes que la enfermedad

Por Angelina Rios

La gratuidad de las mamografías constituye un avance en la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que provoca casi dos fallecimientos diarios en Uruguay. Sin embargo, la compra de diez mamógrafos que no se concretó y los desafíos para descentralizar el diagnóstico plantean una cuestión fundamental: cómo transformar los derechos reconocidos en una atención oportuna y accesible para todas las mujeres.

En Uruguay, el cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, entre 2018 y 2022 se registraron, en promedio, 2.123 nuevos diagnósticos y 714 fallecimientos anuales. Son casi dos mujeres que pierden la vida cada día por una enfermedad frente a la cual la detección temprana puede resultar decisiva.

Aunque las tasas de mortalidad han disminuido durante las últimas décadas, la cantidad de fallecimientos continúa siendo elevada. Los avances médicos y las políticas de prevención han contribuido a mejorar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, pero todavía persisten desafíos para garantizar que esos beneficios lleguen oportunamente a todas las mujeres.

En este contexto, la decisión del Ministerio de Salud Pública de establecer la gratuidad de las mamografías de detección precoz representa un paso importante. La nueva disposición contempla estudios anuales para mujeres de entre 40 y 49 años y cada dos años para aquellas de entre 50 y 74, eliminando el pago de tasas moderadoras.

La ministra Cristina Lustemberg explicó que el propósito es reducir las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. La medida merece ser reconocida, porque el costo de un estudio no debería constituir un obstáculo para la prevención de una enfermedad que continúa teniendo un impacto significativo en la población femenina.

Uruguay cuenta, además, con antecedentes importantes en esta materia. Desde el año 2000, la Ley 17.242 reconoce a las trabajadoras públicas y privadas el derecho a un día anual de licencia especial remunerada para realizarse estudios de prevención de cánceres genitomamarios. La norma, ampliada en 2024, constituye una herramienta para facilitar los controles sin que las obligaciones laborales se conviertan en una dificultad adicional.

Sin embargo, la eliminación del costo económico no garantiza por sí sola el acceso efectivo. Para que una mamografía gratuita cumpla su finalidad, también deben existir equipos disponibles, profesionales capacitados, turnos accesibles y tiempos razonables para recibir los resultados.

Precisamente allí aparece una dificultad que merece atención. ASSE no logró concretar la compra de diez mamógrafos destinados a distintos centros asistenciales del interior del país. La operación, prevista por más de 2,2 millones de dólares, recibió cuestionamientos administrativos y fue impugnada por una empresa que había presentado una oferta de menor costo.

El propio presidente de ASSE, Álvaro Danza, reconoció que la adquisición no se había concretado. Más allá de la controversia sobre el procedimiento utilizado, permanece una pregunta esencial: ¿cuándo podrán disponer de esos equipos los centros de salud que esperaban recibirlos?

La situación no significa que el sistema público carezca de mamógrafos. Existen servicios funcionando y también incorporaciones recientes, como la del Hospital de Treinta y Tres, que, en agosto pasado, recuperó esta prestación después de ocho años. El nuevo equipo, recibido mediante una donación internacional, permitió evitar traslados a otros departamentos y, según informó ASSE, eliminar la lista de espera local.

La descentralización del diagnóstico también forma parte de las prioridades sanitarias. El Ministerio de Salud Pública anunció el objetivo de que todos los hospitales departamentales de ASSE cuenten con tomógrafos propios hacia fines de 2027. Se trata de un compromiso cuyo plazo todavía está vigente y que requerirá completar las adquisiciones previstas, instalar los equipos y asegurar los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

En definitiva, tanto la incorporación de nuevos equipos como la gratuidad de las mamografías responden a un mismo propósito: facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud. Reconocer los avances y exigir su cumplimiento no son posiciones contradictorias, sino parte de una misma responsabilidad pública.

Porque la salud que llega antes que la enfermedad no es solamente aquella que reconoce derechos, sino la que consigue que cada mujer pueda realizarse los estudios que necesita, en el momento oportuno y sin que su situación económica o el lugar donde vive condicionen sus posibilidades de atención.