Correo de los Viernes - La ruta del dinero del Fosvoc

La ruta del dinero del Fosvoc

Edición Nº 1061 - Viernes 14 de noviembre de 2025. Lectura: 6'

La condena de Stella Rey no cierra el caso Fosvoc–SUNCA y deja abiertas muchas preguntas que deberán responderse en la investigación judicial. El daño patrimonial, que inicialmente se estimaba en un millón de dólares, podría duplicarse según nuevas estimaciones del abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena.

En 2024 se detectó y comenzó a investigar una maniobra de desvío de fondos en el Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) que terminó con la condena de la funcionaria administrativa encargada de los pagos y con al menos tres exsindiclistas ya sentenciados. La secuencia conocida y los elementos probados hasta ahora permiten reconstruir la operativa y cuantificar el alcance económico del fraude.

La nueva ejecutora material identificada es Stella Rey, responsable de efectuar los pagos del fondo. La fiscalía imputó y la Justicia condenó a Rey por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos (modalidad posesión y tenencia). En un acuerdo abreviado validado ante el juez de Crimen Organizado Fernando Islas, Rey fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión; además, se le decomisaron $352.471 encontrados en una caja de ahorro y se dispuso el decomiso de otros bienes detectados.

La maniobra consistió, según el relato fiscal, en la realización de 193 transferencias irregulares desde la cuenta del Fosvoc a cuentas de terceros, inscritas fraudulentamente como pagos a proveedores u otros conceptos fuera de las competencias del fondo. Los destinatarios —identificados en parte por la investigación— fueron alrededor de 14 o 15 personas que actuaron como lo que la fiscalía denominó “mulas financieras”: recibían los giros y, vía transferencias o retiros en efectivo, derivaban los fondos a otros actores del esquema. La fiscalía identificó que, entre los destinatarios, figuraban varios sindicalistas ya condenados en la causa: Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, además de otros nombres que aparecen en las actuaciones (Carlos Larrosa, Robert Martínez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Vidal, Andy Raimond, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira Cuello).

En cifras: la fiscalía documentó que las transferencias irregulares totalizaron $35.627.581 y US$17.500. Sumadas otras maniobras y solicitudes fraudulentas, el volumen —según los peritajes y la propia fiscalía— supera el millón de dólares. Sin embargo, en declaraciones a La Diaria Radio, el abogado del Fosvoc, Dr. Óscar López Goldaracena, advirtió que “hay más desvíos” que podrían elevar la cifra total a unos dos millones de dólares, e indicó que “no se trata de todo el dinero; hubo maniobras anteriores, incluso en 2023, donde una de las personas condenadas fraguaba solicitudes de partidas y beneficios extraordinarios en su propio beneficio”.

La investigación también documentó pedidos de partidas especiales “a fondo perdido” —solicitudes sin respaldo documental por supuestos casos de salud o incendios— y la presentación de datos falsos o de personas fallecidas para justificar desembolsos. En 2024 se registraron al menos 40 solicitudes falsas sin la exigencia de documentación.

¿Cómo se descubrió la maniobra? El esquema salió a la luz cuando Stella Rey se tomó licencia y la trabajadora que la reemplazó detectó movimientos llamativos en las cuentas del fondo; la posterior auditoría externa confirmó las transferencias irregulares y motivó la denuncia y la actuación de la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos (equipo a cargo de Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez, entre otros).

Según relató López Goldaracena, Rey “era la encargada de realizar las transferencias bancarias para el pago de sueldos” y tenía “las claves para el manejo de las cuentas”, por lo que gozaba de plena confianza. Al describir el mecanismo, el abogado señaló que la funcionaria “realizaba transferencias a diferentes cuentas de terceros”, quienes luego “transferían el dinero a una cuenta de uno de los autores intelectuales del esquema”, parte del cual “volvía a Rey como una especie de comisión por el servicio”, por un monto estimado de cuatro millones de pesos.

El abogado agregó que la causa no está cerrada y que “hay elementos de convicción más que suficientes para que en las próximas semanas se proceda con formalizaciones y eventualmente juicios abreviados contra otros participantes”. Según sus estimaciones, habría “unos diez implicados pendientes”, de los cuales “cuatro o cinco podrían ser formalizados y eventualmente condenados con mucha claridad”.

El impacto patrimonial y operativo sobre el Fosvoc fue grave: el propio López Goldaracena afirmó que el fondo fue “desfinanciado por al menos un millón de dólares, aunque la cifra real podría ser el doble” y subrayó la necesidad de “seguir la ruta del dinero para reparar al Fosvoc”. “Se trata de dinero aportado por los trabajadores en beneficio de los trabajadores que fue apropiado ilegítimamente. Lo que tenemos que buscar es que no sólo las personas responsables vayan presas, sino que se repare el daño, un elemental principio del derecho”, sostuvo.

Consultado sobre por qué la maniobra logró mantenerse oculta, el abogado explicó que “el principal responsable es nada menos que quien era mandamás del fondo en ese momento”, en referencia a Bruno Bertolio, exdirigente del Sunca y expresidente del Fosvoc, condenado en junio, que “ordenaba y manejaba toda la madeja delictiva”. Agregó que la propia Stella Rey “admitió haber instruido que no se hicieran conciliaciones bancarias ni se proporcionaran los datos para el balance o se demoraba en entregarlos a la contadora”.

En cuanto a las posibles derivaciones políticas, López Goldaracena fue prudente: si bien reconoció que durante el proceso “se manejó la hipótesis de eventuales rutas de financiamiento político” (el fiscal Gilberto Rodríguez mencionó expresamente al PCU ante los medios), aclaró que “en materia judicial uno se tiene que manejar con la evidencia y no con los rumores”.

El mosaico de hechos probados —las 193 transferencias, los montos millonarios, la condena de la ejecutora material y la existencia de múltiples beneficiarios intermedios— configura algo más que un caso de administración negligente: revela un mecanismo de apropiación sistemática de fondos destinados a la vivienda de los trabajadores. No son errores contables ni improvisaciones: la fiscalía describió una ruta deliberada, con roles distribuidos y con canalización de recursos a cuentas intermedias que dificultaron su trazabilidad.

En la esfera pública, este caso refuerza una conclusión que surge con claridad de las actuaciones y que debería ser axioma para los partidos y las organizaciones sociales: la ética en la gestión de recursos colectivos no tolera excepciones ni complacencias. Las organizaciones que administran fondos obligatorios de trabajadores deben estar blindadas con controles financieros y sanciones administrativas propias que actúen con rapidez ante indicios, sin esperar que la investigación penal avance a cuestas de la opinión pública.

Por último, la condena de Stella Rey y las evidencias acumuladas deben leerse como una llamada de alerta y un mandato: continuar la investigación hasta agotar todas las líneas, determinar la responsabilidad de quienes dieron instrucciones o se beneficiaron de los fondos, y establecer reformas estructurales en la gobernanza del Fosvoc y de fondos similares. Si el movimiento obrero y las instituciones públicas aspiran a recuperar credibilidad, tienen que empezar por asumir que la transparencia no es solo un nombre: es la forma mínima de devolver justicia a quienes aportan y merecen un manejo irreprochable de sus recursos.