Correo de los Viernes - La filtración en la JUTEP: una falla institucional que aún resuena

La filtración en la JUTEP: una falla institucional que aún resuena

Edición Nº 1061 - Viernes 14 de noviembre de 2025. Lectura: 3'

El caso Carrera reveló lo que el caso Danza terminó de confirmar: la JUTEP necesita una refundación.

En agosto de 2024, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió desarchivar una denuncia vinculada al entonces senador frenteamplista Charles Carrera, en relación con el uso indebido de recursos del Hospital Policial. La decisión fue adoptada en sesión del directorio el 6 de agosto, cuando la presidencia del organismo era ejercida por Gabriela Di Longo. Sin embargo, lo que debía permanecer en estricta reserva se convirtió, apenas tres días después, en un episodio de filtración que vulneró los principios básicos de confidencialidad administrativa.

El propio Carrera recibió en su despacho parlamentario un sobre que contenía la resolución, pese a que esta ni siquiera había sido firmada formalmente. En su testimonio ante la investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Educación y Cultura, el exsenador admitió haber recibido la documentación y detalló que la entregó a su equipo jurídico para preparar una impugnación inmediata. En otras palabras, el beneficiario de la filtración reconoció sin ambigüedades haber accedido a información reservada que, por los tiempos administrativos, no podía estar en su poder.

El informe final de la instructora del caso fue categórico: existió una “vulneración del deber funcional” dentro de la JUTEP, con “intencionalidad” y un “perjuicio que no pudo repararse sin debilitar el servicio”. La investigación no logró individualizar al responsable, pero la expresidenta del organismo, Gabriela Di Longo, señaló una “presunción razonable” sobre una persona concreta: Ana Ferraris, entonces vocal del directorio y actual presidenta de la Junta. Di Longo argumentó que Ferraris —del MPP igual que Carrera— era quien mantenía “más contacto político” con el entorno del exsenador.

Ferraris —como era de esperarse— negó cualquier participación y sostuvo que la investigación no determinó responsabilidades formales. Sin embargo, la conclusión administrativa fue inequívoca: la filtración existió, se probó su ocurrencia y se estableció su intencionalidad. Lo único que quedó en penumbra fue la identidad de quien la ejecutó.

El episodio de la filtración no puede analizarse en el vacío. A poco más de un año de aquel hecho, la JUTEP volvió a estar en el centro de la polémica por su pronunciamiento sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. En esa oportunidad, la mayoría integrada por Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti concluyó que no existían incompatibilidades entre los cargos que ocupa el jerarca, desconociendo el informe técnico de la propia Asesoría Letrada del organismo. Para la oposición, fue un nuevo ejemplo de discrecionalidad y opacidad en la actuación de un cuerpo que debería ser la expresión más acabada de la ética pública.

Ambos episodios —la filtración en favor de Carrera y la resolución en beneficio de Danza— configuran un patrón preocupante: el debilitamiento progresivo de la credibilidad de la JUTEP. La transparencia no puede depender del signo político de quien preside el organismo, ni la reserva ser un privilegio disponible para amigos o correligionarios.

Cuando un órgano de control pierde su neutralidad, deja de ser un dique frente al abuso de poder y se transforma en un engranaje más del juego partidario. Por eso, el reclamo de reformular la JUTEP desde sus cimientos no responde a una lógica de revancha política, sino a una necesidad institucional urgente.

Si la ética pública ha de tener sentido en Uruguay, debe empezar por su propia casa. La filtración de 2024, confirmada por su beneficiario y nunca esclarecida del todo, es mucho más que un incidente administrativo: es la prueba palpable de que el organismo encargado de custodiar la transparencia necesita, él mismo, ser transparentado.