El problema no es la idea, es la realidad

Por Angelina Rios

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva herramienta para promover el empleo juvenil, pero persiste una brecha profunda entre las buenas intenciones normativas y la realidad del mercado laboral. La pregunta ya no es si queremos incluir a los jóvenes, sino cómo hacerlo de verdad.

En nuestro país, hablar de empleo juvenil es hablar del futuro. Pero también, cada vez más, es hablar de una deuda.

En los últimos días, el tema volvió al centro de la agenda. Desde el sector empresarial, Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, fue claro y dijo que “la ley actual de empleo juvenil es una buena idea en su concepción, pero prácticamente inaplicable en la realidad”.

No es una crítica menor. Es la confirmación de un problema estructural, que abarca leyes bien intencionadas pero que no logran adaptarse a la realidad del mercado y por eso terminan siendo ineficaces.

Al mismo tiempo, desde el Poder Ejecutivo, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi impulsa un nuevo proyecto de ley de empleo integral. La iniciativa busca ampliar el acceso al trabajo para sectores históricamente postergados: jóvenes de entre 15 y 24 años, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, entre otros. El objetivo es claro: se trata de corregir desigualdades y generar oportunidades reales de inserción.

Pero entre el diagnóstico y la solución hay un terreno complejo.

Porque el problema del empleo no es únicamente la falta de trabajo, sino la falta de trabajo de calidad. Así lo advierte el Grupo Banco Mundial en un informe: “El desafío del empleo: por qué mejores trabajos significan mejores vidas en América Latina y el Caribe”. Allí se señala que la carencia de empleos formales, estables y con perspectivas de crecimiento no solo limita el progreso individual, sino que afecta el desarrollo de las sociedades en su conjunto. No es un fenómeno marginal, sino un hecho que impacta en millones de personas y condiciona trayectorias de vida enteras.

En Uruguay, este fenómeno adquiere características propias. Por ejemplo, muchos jóvenes, mujeres jefas de hogar y personas con discapacidad enfrentan un primer obstáculo antes incluso de ingresar al mercado laboral, que no es menor y es la falta de experiencia. Y ahí es cuando se ingresa a un círculo vicioso: sin trabajo no hay experiencia, y sin experiencia no hay trabajo.

Las políticas públicas han intentado romper esa lógica. Sin embargo, el desafío sigue siendo articular tres dimensiones que rara vez logran alinearse: incentivos reales para las empresas, formación pertinente para estos trabajadores incipientes y un marco normativo flexible pero efectivo.

Aquí es donde aparece el nudo central del debate. No alcanza con crear programas o aprobar leyes si estos no son operativos, si no reducen costos, si no generan valor para quienes contratan y si no ofrecen una verdadera trayectoria para quienes ingresan.

La advertencia empresarial y la iniciativa del gobierno no son contradictorias; son, en realidad, dos caras de una misma realidad. Una señala las dificultades de implementación. La otra, la necesidad urgente de actuar. Entre ambas debería construirse una política pública más inteligente, más simple y, sobre todo, más efectiva.

Porque detrás de cada cifra hay una historia. Un joven, una jefa de hogar o una persona con discapacidad que no logran independizarse. Una familia que posterga proyectos. Una sociedad que pierde talento.

El empleo no es solo un indicador económico, es un termómetro de integración social. Y es aquí donde la política tiene que asumir su responsabilidad sin excusas.

Porque gobernar no es solo anunciar ni legislar. Es lograr que las soluciones funcionen en la vida real. Es escuchar a quienes generan empleo, pero también a quienes lo buscan sin encontrarlo. Es entender que la equidad no se decreta, se construye con herramientas que efectivamente abran puertas.

Por lo tanto, necesitamos menos normas declarativas y más políticas que conecten con la realidad productiva del país. Necesitamos un Estado que acompañe, que incentive, que simplifique y que confíe en el potencial de sus ciudadanos.

Desde una visión reformista y humanista, el desafío es claro. Porque no hay desarrollo posible si una generación entera queda esperando su oportunidad.

Al final del día, no se trata solo de empleo.
Se trata de libertad.