El doble desgaste: cuando caen el gobierno y el presidente



Las mediciones de opinión suelen diferenciar entre la gestión de un gobierno y la imagen de quien lo encabeza. Cuando ambos indicadores se deterioran al mismo tiempo, el problema deja de ser coyuntural y pasa a convertirse en un desafío político de mayor profundidad.

Las encuestas suelen distinguir entre dos planos que no siempre evolucionan de la misma manera: la evaluación del gobierno y la valoración personal del presidente. Es frecuente que un mandatario logre conservar niveles de simpatía superiores a los de su administración, actuando como un amortiguador político frente al desgaste de la gestión. Esa diferencia ha permitido a muchos gobiernos atravesar períodos difíciles sin que la figura presidencial quedara completamente arrastrada por ellos.

Hoy, sin embargo, esa ventaja parece haberse evaporado para Yamandú Orsi.

La última medición de Cifra muestra un escenario especialmente adverso. La desaprobación de la gestión presidencial alcanzó el 65%, mientras apenas el 20% de los uruguayos manifiesta aprobar su desempeño. Paralelamente, también la evaluación del gobierno continúa deteriorándose, configurando un doble fenómeno de desgaste que golpea tanto a la administración como a quien la encabeza.

No se trata únicamente de que el gobierno enfrente dificultades para convencer a la ciudadanía de la eficacia de sus políticas. Lo novedoso es que tampoco el presidente logra mantenerse al margen de ese juicio negativo. La tradicional separación entre “el gobierno” y “el presidente” prácticamente desaparece cuando ambos indicadores evolucionan en la misma dirección.

Las razones de este deterioro son múltiples. La seguridad continúa ocupando el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas sin que las respuestas oficiales hayan logrado generar una percepción de mejora. La economía tampoco ofrece señales suficientemente alentadoras para amplios sectores de la población, que perciben un escenario de incertidumbre y escasas perspectivas de recuperación.

A ello se suma una sucesión de episodios políticos y comunicacionales que han debilitado la imagen presidencial. La polémica por la camioneta Hyundai se convirtió en un símbolo de una administración que ha encontrado crecientes dificultades para controlar la agenda pública. Más allá de la entidad objetiva del episodio, que no es nada menor, su impacto radicó en reforzar una percepción de desprolijidad que ya comenzaba a instalarse.

Las encuestas reflejan percepciones antes que verdades absolutas, pero las percepciones son un componente central de la política democrática. Cuando una mayoría tan amplia expresa desaprobación, el dato deja de ser una fluctuación estadística para convertirse en un problema político de primera magnitud.

Más aún cuando el deterioro no se limita al gobierno como estructura administrativa, sino que alcanza también al principal activo electoral del oficialismo: la figura presidencial.

El Frente Amplio había apostado buena parte de su capital político a la imagen de cercanía, moderación y diálogo que Orsi construyó durante años como intendente. Esa fortaleza personal permitía suponer que, aun frente a dificultades de gestión, el presidente conservaría un respaldo superior al de su administración. Los datos de Cifra indican que esa hipótesis hoy ya no se verifica.

La coincidencia entre una evaluación negativa del gobierno y una desaprobación creciente del presidente constituye probablemente el dato político más relevante del momento. Porque revertir una mala imagen gubernamental exige corregir políticas; revertir simultáneamente el desgaste presidencial supone además reconstruir liderazgo, credibilidad y capacidad de generar expectativas.

Ese es un desafío considerablemente más complejo.

Queda todavía un largo tramo del período de gobierno, y la historia política uruguaya ofrece ejemplos de administraciones que lograron recuperar parte del terreno perdido. Pero también enseña que cuanto más se consolida una percepción negativa, más costoso resulta modificarla.

La encuesta de Cifra no determina el futuro del gobierno. Sí marca, con claridad, que la luna de miel terminó hace tiempo y que el Ejecutivo enfrenta un escenario en el que ya no solo se discuten sus decisiones: también comienza a erosionarse la confianza en quien las conduce.