El INIA ante la sistemática incomprensión de los Ministros de Economía
Edición Nº 1046 - Viernes 1 de agosto de 2025. Lectura: 6'
Por Tomás Laguna
El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que no cuenta con recursos para transferirle la partida de Rentas Generales correspondiente a 2025. Mientras tanto, el Presidente de la República visitó al INIA en su sede de la Estación Experimental “La Estanzuela”. Visita que contó con representantes de las principales gremiales rurales. ¿Habrá sido de utilidad esta jornada para neutralizar al Mtro. Oddone? Una vez más, el INIA ante perspectivas muy preocupantes.
No es necesario reivindicar la crucial importancia de la investigación agropecuaria, en particular en un país agroexportador y que, como tal, depende de la competitividad de los distintos sistemas agrícolas. No obstante, parecería que cada gobierno necesita que se lo recuerden al momento de cumplir con los aportes a los que por ley está obligado. La ley 16.065, que reformó la institucionalidad de un sistema de investigación que data de 1914 -segundo gobierno de don José Batlle y Ordoñez-, estableció sabiamente que el nuevo instituto se financiará con un adicional al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (aporte directo de la producción al momento de vender) y una partida de rentas generales que debía ser “al menos similar” a la contribución de los productores. Este régimen mixto particulares/estado constituye el pilar no solo financiero sino conceptual del sistema de investigación agropecuaria, donde el conocimiento tecnológico generado es un bien público. Esto implica que como tal nadie está excluido de su uso y beneficio, ni tampoco su aprovechamiento limita a terceros a hacerlo en igual medida. Sea esta una muy breve definición de bien público la que merecería mayor espacio. Pero más aún, al hacer uso el productor rural del conocimiento generado en el sistema de investigación se beneficia indirectamente toda la sociedad desde que esta depende del agronegocio de exportación y además de un sistema sustentable y seguro de producción de alimentos. Con esto quedan incluidos tanto los rubros de proyección exportadora como aquellos que no la tienen pero abastecen al mercado interno.
¿Ha cumplido con sus objetivos la investigación agropecuaria a partir de su reinstitucionalización apenas recuperada la democracia en nuestro país? Compromiso cumplido durante el primer gobierno del Dr. Julio M. Sanguinetti, cuando aún recordamos aquel grupo de trabajo presidido por el Ing. Agr. Gabriel Chiara durante la gestión del Ministro Roberto Vázquez Platero, donde nadie vinculado al tema dejó de ser consultado y cuyo trabajo permitió aprobar la ley 16.065. No hubo entonces grupos contestatarios ni refererendos contra la mencionada ley…
Para responder a la pregunta del anterior párrafo, hacemos referencia a un reciente estudio externo de evaluación de impacto del INIA (financiado por el BID). En su párrafo inicial el mismo concluye que el INIA “ha sido un motor clave del desarrollo agropecuario en Uruguay”, responsable de que la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) haya sido “altamente rentable”. Los resultados presentados son comparables con institutos de referencia, caso Francia, Cataluña y Chile.
En el necesario análisis de relación costo-beneficio, el estudio determina que la tasa interna de retorno modificada de la inversión en I+D+i del INIA varía entre el 18% y el 25% anual, dependiendo de los modelos aplicados, confirmando que el financiamiento en investigación agropecuaria es altamente rentable y contribuye a la competitividad del sector agropecuario. El impacto del INIA en Uruguay es “amplio y significativo, con efectos positivos en productividad, ecoeficiencia, rentabilidad económica y generación de conocimiento”, concluye el documento, si bien también menciona oportunidades para fortalecer su impacto, básicamente a partir de una mayor presencia internacional de sus investigadores.
Por cierto que la visibilidad y utilidad de la investigación es diferente entre un ganadero y un productor granjero intensivo. Todo va en el retorno previsto en el tiempo para el conocimiento aplicado, lo que hace que el segundo valore mucho mas (de hecho lo hace) las respuestas y la tecnología aplicada. Pero esta valoración relativa no minimiza en absoluto el valor estratégico que para cada rubro tiene la generación continua de conocimiento, básicamente la validación de tecnología por encima de las ciencias básicas. Otra interesante discusión para otra oportunidad.
Sin embargo, no obstante la importancia indiscutible y crucial de tener un sistema de investigación agropecuaria robusto, ha sido una constante el incumplimiento de los distintos gobiernos por atrasos y consecuente depreciación de los aportes establecidos por ley al ser en moneda nacional corriente. Al inicio del anterior gobierno, al INIA el Estado le debía un ejercicio completo (en el entorno de los 40 millones de dólares). Deuda acumulada entre 2008 y 2019, gobiernos del conglomerado de izquierdas. Monto que luego le sería aportado, pero en valores corrientes, entre 2020 y 2023. Peor aún, el presupuesto aprobado en 2020, plena pandemia con incertidumbres y altos costos para el Estado de por medio, modificó el monto del aporte del gobierno para el período 2020 – 2024, el cual paso a ser “a lo sumo” igual a lo recaudado por aportes de la producción, lo que en los hechos podría llegar a ser nulo. Lo que ocurrió en el 2024, año en que el anterior gobierno no habilitó ningún aporte incumpliendo con la obligación de la sociedad para con la investigación agropecuaria.
El INIA, si bien se rige por el derecho privado, es un instituto público desde que depende de recursos que le son asignados por ley, por lo tanto no debe competir por los mismos en el mercado abierto. Como tal está expuesto a la crítica y suspicacia pública. Será cuestionado de inmediato si genera excedentes en la relación ingresos/egresos, si bien el hecho de que en alguna oportunidad los haya tenido le permitió generar fondos de reserva para seguir funcionando aun luego de años de incumplimientos por parte de los distintos gobiernos. Debe tenerse en cuenta que de un presupuesto que ronda los 40 millones de dólares, entre el 65 y el 69% son gastos salariales, costo de estructura razonable para una institución de este tipo pero que la obliga financieramente.
De continuar el Estado con sus incumplimientos, con toda lógica las gremiales rurales pedirán hacerse cargo de la presidencia del instituto, hoy designada políticamente y representando al gobierno de turno. Situación que podría cambiar sustancialmente las perspectivas de los proyectos de investigación, privilegiando proyectos de resultados en corto plazo frente a otros de largo aliento.
Es de esperar que la reciente y estratégica visita del Presidente de la República haya permitido volver a ubicar a la investigación agropecuaria en el sitial que le corresponde en la gestión de los recursos del Estado, haciendo valer la rentabilidad de la inversión por sobre el mezquino argumento de la sábana corta en la gestión del Estado.
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