Cuatro de cada cinco candidatas en Uruguay sufrieron violencia política en 2024



La violencia política contra las mujeres en Uruguay no es un fenómeno aislado: alcanza a ocho de cada diez candidatas y revela un problema estructural.

Un reciente informe de ONU Mujeres revela un dato contundente: el 81,3 % de las mujeres candidatas electas al Parlamento uruguayo en las elecciones de 2024 sufrió algún tipo de violencia durante la campaña. Lejos de tratarse de episodios aislados, el estudio confirma que la violencia política basada en género es una experiencia extendida y estructural en el sistema político nacional.

El relevamiento, basado en una encuesta a 128 candidatas electas, muestra que la forma más común de violencia es la psicológica, reportada por el 80,5 % de las entrevistadas. Esta incluye insultos, cuestionamientos a su capacidad para ejercer cargos públicos y deslegitimación por el hecho de ser mujeres. Casi tres de cada diez también denunciaron violencia sexual, como acoso o comentarios con connotación sexual.

Las agresiones ocurren en múltiples ámbitos. Las redes sociales aparecen como el principal escenario, seguidas por actividades de campaña, espacios partidarios y medios de comunicación. Incluso dentro de sus propios partidos, la mitad de las candidatas afirmó haber sufrido situaciones de violencia, lo que evidencia que el problema no se limita al adversario político.

El informe identifica, además, que la exposición a la violencia aumenta con la visibilidad. Las candidatas al Senado, quienes ocupaban roles de liderazgo o encabezaban listas, fueron las más afectadas. También se constató una mayor incidencia entre quienes promovieron activamente agendas vinculadas a derechos de las mujeres y grupos minoritarios.

Los ataques suelen centrarse en deslegitimar la participación política de las mujeres: comentarios sobre su apariencia, cuestionamientos por supuestos beneficios de las cuotas de género o críticas por impulsar temas de igualdad. En la mayoría de los casos, los agresores fueron varones, tanto del público en general como de los propios partidos políticos.

Si bien Uruguay es reconocido por la solidez de su democracia, el informe advierte que la persistencia de estas prácticas constituye un obstáculo significativo para la igualdad de género en la representación política. Actualmente, las mujeres ocupan apenas el 29,2% de las bancas parlamentarias.

Entre las principales recomendaciones, el documento propone fortalecer los mecanismos de denuncia, promover protocolos internos en los partidos, mejorar las prácticas mediáticas y abordar la violencia digital. El desafío, concluye el informe, es garantizar que la participación política de las mujeres se desarrolle en condiciones de igualdad y libre de violencia.