Cataluña sigue pagando el precio del "procés"



Nueve años después de la aventura independentista, Cataluña continúa perdiendo empresas mientras Madrid atrae nuevos domicilios sociales. El contraste refleja el costo prolongado de la incertidumbre institucional: las euforias refundacionales pasan; sus consecuencias económicas permanecen.

Las aventuras políticas suelen comenzar entre banderas y promesas de un futuro esplendoroso. Pero las facturas terminan pagándolas también quienes no participaron de ellas. El procés catalán ofrece una muestra particularmente clara.

En octubre de 2017, los dirigentes independentistas impulsaron un referéndum declarado ilegal y una declaración unilateral de independencia. Mientras prometían una nueva república, numerosas empresas comenzaron a sacar sus domicilios sociales de Cataluña. La incertidumbre alcanzaba asuntos tan decisivos como la continuidad del marco jurídico español, las relaciones con la Unión Europea y la protección de los depósitos bancarios.

Nueve años después, aquella decisión colectiva sigue teniendo consecuencias. Según el Colegio de Registradores, entre enero y setiembre de 2026 Cataluña perdió 302 sociedades netas por traslados de domicilio entre comunidades autónomas. Madrid, en cambio, ganó 505. No todas las compañías que salieron de Cataluña se instalaron en Madrid, pero la divergencia entre ambos balances resulta significativa.

Una factura que perdura

La persistencia del fenómeno se aprecia mejor en el largo plazo. Según INFORMA D&B, entre 2017 y junio de 2026 abandonaron Cataluña 10.335 sociedades; apenas 821 de las que se marcharon habían regresado, aproximadamente el 8%. No todos esos traslados obedecen al independentismo: también intervienen fusiones, reorganizaciones y decisiones comerciales. Pero la oleada inicial de 2017 respondió inequívocamente a una crisis institucional extraordinaria.

Entonces trasladaron sus sedes compañías de primer nivel, entre ellas CaixaBank, Banco Sabadell, Abertis y Colonial. Algunas comenzaron a regresar años después: Cementos Molins lo hizo en 2024 y Banco Sabadell decidió volver en 2025. La mayoría, sin embargo, no ha desandado el camino. La confianza se puede perder en días y tardar años en reconstruirse.

Por qué atrae Madrid

Madrid no se beneficia solamente de los errores catalanes. Su condición de capital española concentra bancos, instituciones, asesores, grandes empresas y conexiones de transporte. Esa acumulación genera un círculo de atracción: los centros de decisión acercan proveedores y profesionales, que a su vez atraen nuevas sociedades.

A ello se suma una política autonómica de competencia fiscal, especialmente visible en los tributos patrimoniales y sucesorios, y una imagen de previsibilidad administrativa. Cataluña conserva, por supuesto, una poderosa estructura industrial, exportadora y tecnológica. Tampoco sería correcto afirmar que Madrid gana empresas todos los años: en 2025 tuvo un saldo negativo de 65 sociedades. Pero su balance positivo de 2026 confirma que hoy reúne condiciones atractivas para numerosas compañías.

Conviene asimismo distinguir el cambio de domicilio social del traslado de una fábrica. Muchas empresas mantienen en Cataluña sus trabajadores, instalaciones y actividades. No obstante, perder sedes tampoco es indiferente: las funciones directivas y los servicios corporativos pueden terminar concentrándose allí donde se adoptan las decisiones de inversión.

El verdadero costo del entusiasmo

La llegada de Salvador Illa a la Generalitat en 2024 contribuyó a distender el conflicto y favoreció ciertos retornos. Pero la normalización política no borra automáticamente las decisiones empresariales tomadas durante la crisis. Una compañía que ha reorganizado su estructura necesita motivos económicos concretos para volver, no simples invocaciones al sentimiento territorial.

Esa es la enseñanza más importante del procés. Las instituciones, la seguridad jurídica y la previsibilidad no son obstáculos menores frente a una voluntad política apasionada: son condiciones para que una economía funcione. Se puede defender legítimamente una aspiración autonomista o independentista; lo que no puede suponerse es que una ruptura unilateral del orden constitucional carecerá de consecuencias.

Cataluña mantiene recursos extraordinarios y no tiene condenado su futuro económico. Pero sigue soportando una parte del costo de aquella euforia refundacional. Los discursos de 2017 se apagaron; muchas sedes empresariales todavía están fuera. Y la factura alcanza también a ciudadanos y trabajadores que jamás pidieron participar de aquella aventura.