Hace más de un año que la LUC entró en vigor. Las catastróficas profecías de la izquierda no se cumplieron. Por más esfuerzo que hagan en negarlo, la realidad es perceptible: lejos de recortar derechos y cercenar libertades, la LUC amplió ambas esferas. A continuación, exponemos un decálogo de razones para votar por el NO. (1) Seguridad. Tras una década y media de crecimiento económico, que permitió multiplicar por cuatro el presupuesto de seguridad, el Frente Amplio entregó el país con 30.000 rapiñas (en 2005 había 7.000), 145.000 hurtos (en 2005 había 98.409) y 400 homicidios (en 2005 había 200). Eso fue lo que heredó la coalición cuando ingresó al gobierno. No obstante, en un año y diez meses, se ha logrado lo que la izquierda no pudo en quince. Según los últimos datos, de octubre de 2021, si se compara 2021 con 2019 -último año de gobierno frenteamplista- la caída es significativa en todos los delitos: los homicidios caen un 22 %; las rapiñas un 19,2 %; los hurtos un 20,3 %; la violencia domestica un 5, 5 %; y los abigeatos un 29,4 %. Esto fue posible gracias a las reformas introducidas en la LUC. Ya no es gratis cometer un delito y eso los delincuentes lo saben. Hoy contamos con una policía que se siente respaldada para enfrentar el delito y protegida por un marco jurídico que le ha permitido recuperar la autoridad en las calles. La LUC, además, le ha permitido a la Institución Policial recuperar la confianza de la sociedad.
(2) Educación. Junto a la seguridad pública, la educación es un área en la que el fracaso frenteamplista es inobjetable. Pasamos de ser un país orgulloso de su educación pública a ocupar los peores lugares en todas y cada una de las mediciones internacionales. La LUC introdujo una serie de reformas absolutamente necesarias en la gobernanza de la educación para volver a posicionar nuestra educación pública. Entre otras cosas, la legislación apunta a darle más agilidad al sistema y facilitar la toma de decisiones, evitar la pérdida de información, evitar la disolución de responsabilidades y agilizar la rendición de cuentas. Se mantienen los dos Consejeros del Codicen electos por los profesores, como se demostró hace poco cuando se realizaron elecciones. Se reconoce su opinión y voz; no obstante, en la gestión de Primaria, Secundaria y UTU, se establece un Director General, sustituyendo Consejos donde la presencia sindical era dominante y abusiva, como se ha demostrado con los certificados falsos de Fenapes, en el que cientos de jóvenes perdieron horas de clase de manera injustificada.
(3) Vivienda. Desde que se aprobó la LUC, la oposición ha insistido en que dicha ley establece medidas para el "desalojo express". Dicho instituto no existe en Uruguay. El régimen de alquileres general se mantuvo inalterado tras la LUC. Únicamente se agrega una nueva opción, de alquiler sin garantía, que el inquilino podrá escoger o no. El objetivo que la nueva modalidad persigue es que aquellos que no tengan inmuebles o dinero, para ofrecer como garantía, puedan acceder a una vivienda de alquiler.
(4) Trabajo. En materia laboral, la LUC no hace otra cosa que consagrar el derecho al trabajo. Establece la garantía del ejercicio pacífico del derecho de huelga, al mismo tiempo que reconoce el derecho de todo trabajador a cumplir su tarea si así lo desea. Asimismo, reconoce el derecho de la dirección de las empresas en conflicto a acceder a las instalaciones. La LUC consagra el necesario equilibrio entre el derecho a huelga y el derecho al trabajo. Esto es, además, lo que la OIT le ha reclamado en varias oportunidades a nuestro país.
(5) Adopciones. El régimen de adopciones consagrado bajo los gobiernos frenteamplistas (Ley Nº 18.590 de 18 de setiembre de 2009 y Ley Nº 19.092 de 17 de junio de 2013) demostró ser rígido y centralista, basado únicamente en los criterios de INAU. Con absoluto sentido común, en la LUC se hacen excepciones permitiéndole al Juez tomar en cuenta la situación de quien ya está integrado, de hecho, a un núcleo familiar. Además, se acortan plazos y se pone en el centro al niño.
(6) Portabilidad numérica. Con la implementación de la portabilidad numérica, la LUC consagra la identidad digital, otorgándole al usuario el derecho a conservar su número de teléfono, independientemente del proveedor del servicio. Como era de esperarse, no faltan las voces en la izquierda que aseguran que la medida perjudicará a Antel, porque siendo la que tiene el mayor porcentaje del mercado, es la que más puede perder. Como se ha dicho en más de una oportunidad, es una visión pesimista de la empresa pública, es la idea de quienes dicen defenderla, pero no creen en ella, porque imaginan que es la que tiene peor imagen y por eso se le irán clientes.
(7) Libertad financiera. Con la LUC se puso fin a la bancarización compulsiva que había impuesto el Frente Amplio. Atendiendo los múltiples reclamos ciudadanos, especialmente los del interior profundo, la ley le da a las partes el derecho a acordar otra forma de pago de salarios, no siendo exclusivo el método de la transferencia bancaria.
(8) Regla fiscal. Este simple mecanismo, impone a los gobiernos, independientemente de sus preferencias ideológicas, una restricción para tomar deuda pública sin miramientos. Se impone establecer una "Meta Indicativa del resultado Fiscal Estructural" para el período de gobierno y luego realizar una revisión constante de resultados, con rendiciones de cuenta ajustadas a esas metas. En definitiva, la LUC protege los recursos públicos de los impulsos populistas.
(9) Control de las sociedades anónimas con participación estatal. Durante los gobiernos del Frente Amplio se consolidó un "Estado paralelo", mediante la creación de empresas vinculadas al Estado, que actúan en el derecho privado y sobre las cuales no se ejerce ningún control. En la LUC, se procura que esos necesarios controles se logren mediante la apertura a capitales privados, que establezcan criterios de eficiencia adecuados, con un máximo del 40%. No se trata de privatizar, como sostienen los detractores de la ley, porque el Estado continúa reservando para sí una participación mayoritaria, pero sí de darle a esas empresas un carácter realmente empresarial.
(10) Fijación del precio de los combustibles. Los artículos 235 y 236 de la LUC, que determinan que el precio de los combustibles se defina con base en el Precio de Paridad de Importación (PPI), fueron votados por unanimidad en el parlamento. Tanto los diputados como los senadores frenteamplistas acompañaron la propuesta de la coalición. Aunque hoy se opongan, debido a la suba circunstancial de los combustibles, votaron la medida porque reconocen su valor. Definir un criterio transparente para la suba de los combustibles, no hace otra cosa que reducir la arbitrariedad y proteger a los consumidores.
Por estas y otras razones, mantener la LUC será, sin lugar a dudas, el principal desafío para 2022.
¡Para consolidar el cambio, en marzo votamos NO!