Por Julio María Sanguinetti
En el debate por la LUC, la misma dicotomía que se da en el prioritario de tema de seguridad, se repite en el no menos relevante de la educación.
En el caso de la seguridad, la opción es entre la política y las normas legales que impulsó Jorge Larrañaga o bien el retorno a la fracasada orientación de Bonomi. Cuando empiezan a verse algunos resultados, se propone el retroceso.
En la educación, ocurre algo parecido: la opción es acompañar a las nuevas autoridades, que responden a la orientación general del gobierno que eligió el pueblo, o retroceder a un sistema educativo dominado por corporaciones gremiales como la Fenapes, modelo de una burocracia sindical abusiva y tramposa, tal cual ha quedado en comprobada evidencia.
Es notorio el fracaso del Frente Amplio en la educación. Hasta el propio Astori lo reconoció públicamente. El 60% de nuestros jóvenes entre 18 y 20 años no termina el bachillerato y la mitad ni llega a terminar el primer ciclo. En los aprendizajes, los sectores más pobres están condenados al atraso porque en los muchachos del 3er. año del Ciclo Básico, el 70% de los estudiantes de los contextos sociales menos favorables se ubican en los tres niveles más bajos en lectura, mientras que en aritmética la situación es aun peor.
Frente a esa situación, la LUC crea las herramientas para el cambio. En lo institucional, se fortalece la capacidad de decisión del Codicen y se sustituyen los consejos de las ramas, con directores generales (arts. 155 y siguientes). Se aleja así, de la administración real, la presencia de esas gremiales, que notoriamente subordinaban a los miembros designados por la autoridad pública. No obstante, la voz de los docentes, en la orientación general, no desaparece, porque en el Codicen sigue habiendo dos miembros nombrados por elección, como lo era hasta hace poco el propio Dr. Robert Silva, hoy Presidente del cuerpo (art. 58).
Naturalmente, estas nuevas autoridades no han podido implementar los cambios proyectados por la distorsión que produjo la pandemia, pero el mismo manejo de ella, la efectiva coordinación experimentada, la administración inteligente de la presencialidad y la virtualidad, muestran hasta qué punto se ha logrado una mejora sustantiva en la conducción. El alumno ha sido el centro de las decisiones y no las agremiaciones o los intereses particulares.
Otro cambio fundamental definido en la LUC es el reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación en la educación, aspiración largamente postergada. Se le da un reconocimiento legal al Consejo de Formación en Educación, se crea un sistema nacional de becas e incluso se establece el procedimiento para el reconocimiento universitario (arts. 169, 171 y 198). Retroceder en esta materia es de tal modo reaccionario que cuesta entender la oposición gremial.
Así como se fortalece la profesionalización docente, se crean las condiciones institucionales para una mayor autonomía e identidad de los centros educativos, como lo sugiere la tendencia universal. Hay que fortalecer las comunidades educativas, darles identidad propia y asegurar la estabilidad de los docentes (art. 193, inc. E). Incluso se establecen Consejos de Participación, con presencia de estudiantes, docentes, funcionarios y padres en cada centro educativo (art. 167).
Se dispone la elaboración de un Plan de Política Educativa Nacional, que define los objetivos del sistema general y le da a la ciudadanía la transparencia de los criterios que se usan para administrar y seleccionar a los jerarcas responsables de su ejecución (art. 145). Se modifica la integración de las Comisiones Departamentales de Educación y de la Comisión Coordinadora de la Educación, para darle al Estado la necesaria presencia rectora, imprescindible como guía general pero con respeto para la autonomía de la conducción.
Hay otras normas importantes. Por ejemplo, se modifica el régimen legal de reválida y reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero. También se modifican las atribuciones del Ministerio y del INAU con relación a la primera infancia, para concentrar las tareas de supervisión en el ámbito en donde existen más capacidades para hacerlo (art. 38). En este sector, incluso, la Rendición de Cuentas hace una formidable inversión, que refuerza la tarea de los CAIF, creados en nuestra primera presidencia y hoy formidable herramienta en favor de los menores de 3 años.
Como se advierte, hay una reforma en marcha. La ley, naturalmente, no define los contenidos de la educación, que se reflejarán en nuevos programas curriculares y mejores metodologías pedagógicas. Este desarrollo llevará tiempo, pero lo fundamental es definir los objetivos y empezar a andar. Estos dos años no se han perdido del todo para la educación por el empleo de las tecnologías de comunicación y el esfuerzo de miles de docentes que trabajaron con denuedo, tratando de mantener el vínculo con los estudiantes. Pero, obviamente, no había lugar para cambios y es la primera vez que el "estancamiento" en las Pruebas Aristas del 2000 es un buen resultado, porque no reflejaron una posible catástrofe.
Una vez más, como todo en la LUC, la alternativa es avanzar o retroceder a lo que se demostró fracasado. El Frente Amplio destinó más recursos y gastó tan mal que nunca los resultados fueron peores. No nos resignamos a seguir con lo que nos dejaron y por eso se han construido las herramientas del cambio. Éste ya ha comenzado.
Sería tristísimo dirigir la mirada hacia atrás.