Por Tomás Laguna
Invocando razones altruistas, al Instituto Nacional de Colonización se le cercenan recursos en la Rendición de Cuentas afectando de esa manera el cumplimiento de sus objetivos. ¿Requiem para la colonización?
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas, a consideración del Parlamento de la República, contiene una disposición por la cual se le quitan al Instituto Nacional de Colonización los recursos que se generan por la aplicación de la ley 18.064 (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales) y la ley 18.876 (Rentas por enajenación de inmuebles rurales, artículos 13 y 14), para ser destinados a la eliminación de los asentamientos y todo lo que conlleva la precarización habitacional de estos enclaves. El recorte de recursos no es menor, desde el año 2012 en adelante, el INC ha recibido anualmente entre 15 y 28 millones de dólares a partir de la recaudación de los impuestos mencionados. De hecho hoy el Estado le está debiendo al instituto 30 millones de dólares por este concepto. En grandes números el INC tiene ingresos por 14 millones de dólares por rentas, un presupuesto operativo de aproximadamente 11 millones de dólares y cuenta con un programa de inversiones por 30 millones. Es decir que su programa de inversiones se reducirá al 10% de lo previsto de aprobarse el recorte presupuestal. En buen romance, deberá concentrarse en atender los requerimientos de las colonias y muy poco más siendo que ampliar el accionar del instituto a través de la compra de tierras solo será posible a través de la enajenación de algunos predios en propiedad que no revisten interés para los fines del instituto (aquellos en zonas con valor urbano o turístico).
La confrontación de intereses que justifica la disposición impulsada por el Poder Ejecutivo se fundamenta a partir de una falsa disyuntiva casi de ribetes éticos al contraponer las políticas de tierras emprendidas por el INC con las acuciantes necesidades de miles de familias que viven en la precariedad y el hacinamiento. Discutir semejante dualidad de prioridades resulta un absurdo, casi un falso dilema que ubica una vez más al INC en el centro de las controversias.
En varias oportunidades nos hemos referido a la razón de ser de este instrumento de carácter institucional para atender el siempre delicado tema de las políticas de tierra como factor sustantivo en el desarrollo rural. Hemos sostenido desde estas páginas que el valor tanto económico como estratégico de la tierra era muy distinto en 1948 cuando se aprobó la ley 11.029 respecto de los tiempos actuales. Aquellos años eran tiempos de ganadería extensiva, cuando la mayor revolución tecnológica estaba atada al arado de rejas y la siembra de trigo. Tiempos en que nuestras exportaciones de origen agropecuario se reducían a carne, lana, cueros y poca cosa más. En aquel contexto el acceso a la tierra tenía el valor que se resume en la palabra "colonización", combatiendo los latifundios ganaderos de producción extensiva. Hoy, en el auge del agro negocio y con la multiplicidad de rubros productivos con destino exportable, el concepto colonización pierde importancia relativa frente al concepto "competitividad" de los actores económicos del principal sector de la economía nacional. Al cabo de más de 70 años el agro pasó de un ultra diagnosticado estancamiento estructural a una dinámica con fuerte énfasis en lo empresarial y tecnológico, vinculada a rubros con principal destino de exportación. Si bien ya entrado el siglo XXI se dio un crecimiento exponencial en los precios de la tierra, ésta perdió importancia relativa a partir de la intensificación de los sistemas productivos dónde el aumento en la productividad a partir de la inversión en tecnología fue determinante de mayores riesgos tanto por clima como por mercados. Son estas las principales condicionantes en la viabilidad de cualquier empresa, más aún si esta es de carácter familiar. El muy ideológico término "concentración de la tierra" dejó lugar al concepto "economía de escala", razón que explica que la viabilidad de muchos rubros está asociada a las dimensiones empresariales del productor. Vale recordar que fue el ex Ministro Tabaré Aguerre uno de los primeros en pautar esta diferencia conceptual.
En este contexto el Instituto Nacional de Colonización merece ser repensado en su objetivo estratégico como instrumento del Estado para las políticas de desarrollo rural. Así fue que a principios del pasado mes de mayo los dos directores por el Partido Colorado en el directorio del instituto, Ing. Agr. Guido Machado y Prof. José Amy, presentaron al Comité Ejecutivo Nacional de nuestra colectividad política una serie de consideraciones destinadas a generar cambios en la dirección del INC y en la orientación de su patrimonio. La misma se detalló en 20 puntos en los cuales se prioriza la gestión interna pero que además destacan la necesidad urgente de solucionar el problema de las escalas productivas de los colonos además del necesario análisis de la adecuación de las rentas como paso previo a una eventual venta de cada fracción al colono que la ocupa. También fueron los directores colorados los que sugirieron al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear un fideicomiso para la compra de tierras con la incuestionable garantía del propio instituto a través de su patrimonio. Propuesta que se enfrenta a la decisión política de suspender la adquisición de tierras....
El instituto no claudicará por el recorte previsto en la Rendición de Cuentas, pero se verá fuertemente condicionado en el cumplimiento de sus objetivos. Parece estar predestinado a ser foco de controversias entre la derecha histórica, la que considera que no deberían dedicarse fondos públicos a políticas de tierras,- para esta corriente de ideas el INC nunca debió existir - y la izquierda marxista, la que lo gobernó durante la mayor parte de los últimos 15 años, que tergiversó sus objetivos acomodándolo a sus concepciones ideológicas según las cuales no debe existir la propiedad privada de la tierra y encuentra en el instituto el instrumento para estatizarla.
Condicionados por la realidad política de los tiempos que corren, la hora exige reivindicar el objetivo fundacional del instituto adecuándolo a las necesidades de la agropecuaria del siglo XXI, responsabilidad política que necesariamente debemos asumir desde el partido de Batlle y Rivera.
Para finalizar una anécdota. Se cuenta que cuando don César Mayo Gutiérrez negoció con el Dr. Luis Alberto de Herrera los votos para aprobar la ley de Colonización, el gran caudillo nacionalista ante el reclamo de un correligionario que le cuestionó que diera el voto a esa iniciativa le contestó, "No te preocupes, le votamos la ley pero nunca los recursos para que funcione".