La expresidente de Ancap, Marta Jara, inició un juicio al Estado donde reclama más de $ 7.000.000 por supuestos salarios impagos, indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios durante su participación como gerente general del malogrado Gas Sayago mujiquista.Según publicó El País el pasado sábado, el 19 de febrero de este año, UTE, Ancap y Gas Sayago recibieron una demanda laboral de la expresidente de Ancap y exgerente general de Gas Sayago, Marta Jara, en el que se reclama el pago de $ 7.200.0000 (más reajustes e intereses) por diversas negligencias laborales.
El 12 de marzo pasado, los abogados de UTE y Ancap contestaron a la demanda rebatiendo todos los rubros reclamados por Jara, entre ellos la posibilidad de su reingreso a la inexistente Gas Sayago.
Los profesionales argumentaron que al haber ocupado el cargo de Presidente de Ancap, el artículo 200 de la Constitución de la República le impide trabajar en una subsidiaria que depende de la misma empresa.
Antes de iniciar su demanda laboral en febrero de este año, Jara había realizado acciones administrativas tendientes a regresar a su cargo como gerente general de Gas Sayago.
Según recuerda El País, a principios de mayo de 2020, la ingeniera publicó una carta en la que expresaba que su "intención nunca fue cobrar un sueldo sin tener una tarea asignada ni cobrar un subsidio al mismo tiempo, sino evidenciar esta situación que perjudica a ambas partes y que se agrava en la medida en que se dilate la indefinición".
En el telegrama, además, intimó a que se le pagara por los días que estuvo a la orden y pidió, insólitamente, que se aclarara su situación laboral con respecto a Gas Sayago SA.
Como el lector recordará, durante el año electoral, las estatales uruguayas propietarias de Gas Sayago -UTE y Ancap- anunciaron el llamado "plan de reposicionamiento" de la misma. En criollo: un plan de liquidación.
Según se supo en su momento, el famoso "plan" tuvo un costo de 600 mil dólares -que se suman a los 17 millones de dólares que implicó su cierre definitivo y a los más de 150 millones perdidos desde 2011- para despedir a todo su personal, con excepción de Marta Jara, que en ese momento continuaba ejerciendo su cargo como Presidente de ANCAP.
Como advertimos en más de una oportunidad desde estas páginas, la situación funcional de Jara fue vidriosa desde un principio. A Jara, el Estado Uruguayo -por intermedio de Ancap y UTE- le pagaba un sueldo superior al del Presidente de la República (aproximadamente $400.000) para que se desempeñara como gerente general de Gas Sayago. Sin embargo, en marzo de 2016, el Frente Amplio decidió que la antes citada pasara a desempeñarse como Presidente de Ancap.
Gas Sayago, como empresa privada manejada con dineros públicos, decidió otorgar licencia sin goce sueldo a Jara mientras se desempeñaba en el máximo cargo de Ancap. Una situación confusa que la misma Jara buscó aclarar en su momento: "no hay una reserva de cargo. Antes de asumir en Ancap pedí licencia sin goce de sueldo que me otorgaron mientras me desempeñe en esa función. En el régimen privado, la empresa (Gas Sayago) tiene el derecho a desvincularme cuando lo considere conveniente."
¿Por qué Jara no renunció cuando le ofrecieron la presidencia de Ancap? ¿Por qué el Frente Amplio no se la desvinculó de la empresa? ¿Por qué Jara fue la única funcionaria de Gas Sayago que no fue desvinculada en el "plan de reposicionamiento"? ¿Acaso estas decisiones buscaban blindar a la expresidente de Ancap para reclamar dinero al Estado una vez cambiara la administración?
Esta "velita al socialismo" continua prendida y huele mal, muy mal.