Durante la última administración del Frente Amplio, un grupo de cuidadoras, vinculadas al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, cobraron millones de pesos sin realizar su trabajo, que es tener niños a cargo. Una nueva muestra de la desidia con la que la actual oposición manejaba los recursos públicos cuando gobernaba. De acuerdo a la información publicada por El País, entre 2016 y 2018, 20 familias cuidadoras, que forman parte del régimen de acogimiento familiar, cobraron una remuneración que no les correspondía pero que el Inau les pagó, debido a la falta de controles.
Un informe de la división jurídica del Inau, al que accedió El País, concluyó que el pago indebido asciende a $ 6,5 millones. En un caso, una cuidadora cobró $ 1,5 millones durante más de dos años sin tener niños a cargo.
Lo más llamativo del caso, según declaró el actual Presidente del instituto, Pablo Abdala, es que no es nuevo. Fue denunciado internamente a fines de 2018, aunque se desconoce por qué no se investigó en su momento.
"Lo inexplicable de todo esto es que no es que fallaron los controles, sino que quienes estaban a cargo de los mismos en apariencia dejaron que los hechos transcurrieran y no tramitaron la denuncia", aseguró el jerarca.
Según explicó Abdala a El País, recién en febrero de 2020, en plena transición por el cambio de gobierno, la Dirección General dio conocimiento al directorio anterior, que lo derivó a la división jurídica para que hiciera un informe.
"Ahí es jurídica que empieza a indagar", dijo Abdala. Antes de eso, aseguró, "hubo mandos medios que dispusieron que cesaran los pagos pero no procesaron la denuncia, y aparentemente ni comunicaron al directorio". Hay una evidente y llamativa negligencia y omisión. "Uno puede admitir cierta demora, pero no de 14 meses", aseveró el jerarca.
Por el momento, el nuevo directorio de Inau decidió encargar una auditoría contable y diversos informes internos para evaluar posibles responsabilidades penales.
Aunque el Frente Amplio se esmere en construir un relato paralélelo, que minimiza las auditorías que viene realizando el gobierno desde el 1° de marzo de 2020, las pruebas saltan a la vista y quedan documentadas para ayudar, en el futuro, a los desmemoriados.