La mejor forma de defender a la Policía es cortar de raíz cualquier abuso que alguno de sus efectivos cometa, sancionándolo y, si es en necesario, apartándolo del instituto. Debe quedar claro que la Policía está para proteger los derechos de las personas, no para vulnerarlos. Todo comenzó cuando semanas atrás comenzó a circular un video donde se ve que un efectivo de la Guardia Republicana golpea a un joven, exigiéndole junto a otros dos policías que borre determinado contenido de su celular. También se ve que actúa violentamente con otros jóvenes que estaban detenidos.
No hay ninguna norma que impida registrar en fotos o videos un operativo policial, siempre y cuando no se obstruya el mismo. Tampoco puede exigirse ni borrarlo, ni mostrarlo, salvo por orden de un juez.
Inmediatamente, desde su cuenta oficial, el Ministerio del Interior informó que "frente a los hechos denunciados respecto a un procedimiento policial ocurrido el viernes de noche, se informa que se realiza una investigación del mismo a efectos de determinar responsabilidades". En ese sentido, inició un sumario al funcionario, con separación del cargo, debiendo entregar su arma de reglamento
El Ministro Larrañaga informó que el sábado la Policía había denunciado el hecho a la Fiscalía de Flagrancia de 6° turno.
El Ministro y la propia Policía actuaron con celeridad encomiable, cumpliendo con su deber.
Pero además de la rápida reacción institucional, hubo otra digna de especial destaque también. Los tres sindicatos policiales (SIFPOM, SIPOLMA y USIP) condenaron en un comunicado conjunto el accionar del efectivo.
En el referido comunicado, los sindicatos expresan su "total repudio a este tipo de acciones, las cuales no representan a la gran mayoría de los funcionarios policiales que día a día trabajan de forma honesta cumpliendo con la constitución, las leyes, los decretos y reglamentos, siendo siempre nuestro principal objetivo el bienestar de todos los habitantes de la República".
Posteriormente se supo que el efectivo había cometido un delito grave siendo adolescente. Cuando tenía 13 años, en abril de 2004, le disparó a una compañera de clase, Fiorella Buzeta, dejándola paralítica de por vida. Ello denota una personalidad violenta, que debería haber impedido su ingreso al instituto policial en 2017 de no haber mediado la ley que borra los antecedentes de los menores. Esa ley fue modificada por la LUC para el caso de delitos graves, pero igual se determina que se borre a los dos años. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley para impedir que se borren y estén disponibles exclusivamente para el ingreso a los institutos armados.
Pero este último tema es harina de otro costal. Lo relevante es la actuación del Ministerio del Interior, de la Policía y de los propios funcionarios nucleados en sus tres organizaciones sindicales, repudiando el abuso.