Tras la extensión de la ley que limita las aglomeraciones, algunos grupos feministas que participan en la organización de la tradicional marcha por el Día Internacional de la Mujer, consideraron que la medida es "una provocación" y acusan al gobierno de querer "reprimir". Bajo la consigna "las calles son nuestras", hay colectivos que continúan organizando la multitudinaria movilización.
El pasado viernes 19, el Presidente Lacalle Pou firmó un decreto mediante el cual se extiende por treinta días más -hasta el 19 de marzo- la limitación del derecho a reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución de la República.
De acuerdo al texto del decreto, la medida se justifica en tanto "no se han alcanzado las cifras proyectadas por los científicos expertos". En ese sentido, aclara, que "aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad en todos los departamentos del país". Por tanto, el ejecutivo considera "imprescindible prorrogar la limitación legal, por razones de salud pública, del derecho de reunión y la suspensión de las aglomeraciones a los efectos de tutelar la salud colectiva"
Teniendo en cuenta la situación sanitaria que atraviesa nuestro país, el anuncio fue tomado con naturalidad por la opinión pública, incluso entre algunos colectivos feministas que, naturalmente, deseaban realizar la multitudinaria y tradicional instancia.
Por ejemplo, desde la Red Uruguaya contra la Violencia de Género y Sexual, Clyde Lacasa argumentó: "Hay una realidad y son los números del Covid. Entonces ir contra esa realidad tampoco es bueno para ninguna de nosotras. Ante todo, es cuidarnos entre todos. Ya vendrán otros 8 de Marzo y otros 25 de noviembre".
No obstante, otros colectivos reaccionaron vehementemente, negando los riesgos sanitarios y acusando al gobierno de "provocar" y buscar "silenciar" al movimiento feminista. Lilian Abracinskas, Directora del grupo Mujer y Salud en Uruguay, descartó de plano que haya "motivos científicos que justifiquen la medida" del gobierno.
Entrevistada por Telemundo, Abracinskas aseguró: "Hay un límite muy fino, entre un gobierno que cuida y uno que reprime. Entre un gobierno que controla y un gobierno que atiende las situaciones, que dialoga con los distintos actores. Esta no es una medida de diálogo, es una señal muy provocativa".
En su cuenta de twitter, donde Abracinskas es una ferviente crítica de la coalición multicolor, acusó al gobierno de "extender las medidas prontas de seguridad por un mes" y "condenar la movilización social". Ante el descontento de algunos usuarios por la forma en que definió la limitación del derecho a reunión (medidas prontas de seguridad), Abracinskas redobló la apuesta y volvió a acusar al gobierno: "se puede llamar como quiera pero se parece mucho a un Estado policiaco con muchas ganas de reprimir", lanzó.
Igual de intransigentes resultaron los posteos del colectivo feminista Pan y Rosas Uruguay, que actualmente está abocado a juntar firmas para derogar toda la LUC. Desde antes del anuncio del gobierno el colectivo venía realizando reuniones, "pese a las restricciones" de un gobierno "que ha limitado nuestro derecho a reunirnos y a expresarnos", y haciendo un llamamiento para el 8M, "las calles son nuestras".
Como el lector entenderá, no es necesario agregar mucho más. Las citas describen más a estos grupos que al gobierno. Esperemos que el 8-M trascurra con (nueva) normalidad, sin violencia ni provocaciones, y que los dirigentes del Frente Amplio, que durante todo el 2020 alentaron estas irresponsables actitudes, den la talla o, de lo contrario, que asuman las responsabilidades y no digan luego "yo no fui".