Por Tomás Laguna
La aceptación social de la producción agropecuaria, venciendo a los agoreros de la contaminación y la destrucción ambiental, exige una adecuada coordinación del MGAP y del Ministerio de Ambiente, evitando enfrentamientos protagónicos.
Hace algo más de 2.000 años, Marco Tulio Cicerón (106 - 43 a.C.), orador y político de la Antigua Roma, sentenciaba: "La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre". La práctica productiva evolucionó acompañando a la misma humanidad, incorporando técnicas a la par del progreso del conocimiento científico. A fines del siglo XVIII, en plena revolución industrial, el economista y demógrafo británico Thomas Malthus sostenía que "...la población se va doblando cada veinticinco años, creciendo de período en período, en una progresión geométrica. Los medios de subsistencia, en las circunstancias más favorables, no se aumentan sino en una progresión aritmética", pronosticando la imposibilidad de alimentar a la humanidad como obstáculo al crecimiento demográfico. En sus predicciones, Malthus no consideró que también sería exponencial la multiplicación del conocimiento científico y la capacidad tecnológica que del mismo se deriva, en particular en los últimos 25 años a partir de la biotecnología.
Este proceso virtuoso no fue ajeno a la globalización en su momento, con sus consecuencias en la integración del capital al agro negocio en los países emergentes. También fue objeto central de la nueva institucionalidad para la regulación del comercio internacional, procurando evitar las distorsiones creadas por los países industrializados vía subsidios y ayudas internas. Proceso que ingresó en un pantano a partir del fracaso de la Ronda de Doha. Como sea, la producción mundial de productos del agro se vio beneficiada por un mayor intercambio comercial, aspecto de carácter sustantivo para nuestra economía agro exportadora.
Pero ocurre que la producción agropecuaria como proceso que modifica y adapta los recursos naturales para producir bienes, en particular alimentos, tiene sus enemigos. Desde la misma izquierda antisistema que reniega de la actividad productiva como negocio hasta la derecha más primaria, siempre nacionalista, que defiende la autarquía agropecuaria sin presencia del capital extranjero, identificado hoy en la forestación. También los tiene en ámbitos internacionales caso de la FAO o más recientemente las mismas Naciones Unidas, a los que se suma el magnate Bill Gates, devenido en profeta de cataclismos futuros, haciendo eco a los burócratas de aquellos organismos en su campaña contra la producción ganadera. Las justificaciones ambientales, el cambio climático y la diversidad biológica, los argumentos utilizados son siempre altruistas.
Sin querer ser tremendistas, hoy la agropecuaria enfrenta enemigos muchos más duros que las distorsiones históricas de los mercados externos, incluyendo los proteccionismos crecientes que pretenden justificarse en la pandemia. Todos los rubros productivos, desde la tradicional ganadería hasta la esforzada y muy familiar producción hortícola con destino diario en la mesa de los hogares ciudadanos requieren necesariamente del reconocimiento social, en una lucha desigual contra las campañas efectistas dirigidas a inculcar en el ciudadano el pánico a la contaminación de los alimentos y del ambiente.
Yendo al grano. La producción agropecuaria es regulada y controlada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en todo lo que tiene que ver con sanidad animal, sanidad vegetal, en particular en su función de registro y control de aplicación de los agroquímicos, recursos naturales renovables, en particular en la verificación de las buenas prácticas para la preservación del suelo, entre otras muchas funciones sin olvidar la Dirección Forestal. No obstante, la DINAMA antiguamente, hoy el Ministerio de Ambiente tiene competencias en todo lo que implica ecosistemas, biodiversidad, recursos hídricos superficiales, áreas protegidas, cambio climático, entre otros cometidos. No escapa al buen observador que en muchos temas puede ocurrir superposición de competencias con el mismo MGAP, pudiendo llegar a crear situaciones de desencuentro. Por caso, ¿puede Ambiente imponer normas de pastoreo para proteger el campo natural?
Otro ejemplo inmediato refiere a la aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados en producción vegetal. En la única instancia convocada a esos efectos durante el actual gobierno ya ocurrió una negativa desde el Ministerio de Ambiente a expedirse en favor de los eventos que ya contaban con la aprobación del MGAP aduciendo falta de información. Que el Ministerio de Ambiente solicite mayor información es de recibo y así corresponde, que lo haga público a través de un semanario es lo que preocupa. Está fresco en el recuerdo la negativa del MVOTMA en diciembre de 2017 a aprobar nuevos eventos genéticamente modificados, resuelta la aprobación a instancias del Presidente Vázquez haciendo valer una mayoría que no correspondía en un gabinete de bioseguridad. Por entonces criticábamos con firmeza el manejo ideológico que de sus responsabilidades hacía la Ministra de la época.
En definitiva, lograr la aceptación social de la producción agropecuaria en todos sus rubros, hasta las mismas verduras y frutas frescas que llegan a la mesa de los uruguayos, obliga a una coordinación des-ideologizada entre ambas Secretarías de Estado, sin pretendidos protagonismos ambientales para calmar a los escandalosos que se agazapan sea en un comité de base como en la más rancia derecha nacionalista.