Con su decisión de sumarse al referéndum en contra de la LUC, que incluye artículos votados por unanimidad en el Parlamento, el Frente Amplio vuelve a quedar en evidencia. Su problema nunca fue el instrumento, mucho menos su contenido, su problema es con el gobierno y las mayorías que lo respaldan. Siguen sin reconocer la derrota electoral y actúan en clave de revancha, como lo han hecho siempre. Desde el inicio de la pasada campaña electoral, el Frente Amplio y sus satélites sindicales y sociales se opusieron ferozmente a la idea expresada por el Dr. Lacalle Pou de impulsar, en caso de ganar, una ley de urgente consideración (LUC) para aplicar parte de su programa de gobierno. En ese entonces, como el lector recordará, arremetieron en contra de la idea asegurando que existía un "programa oculto".
Pese a los innumerables fantasmas agitados, la coalición se impuso en las urnas; primero, logrando una holgada mayoría parlamentaria, y luego, venciendo a la formula frenteamplista en el balotaje. Durante la transición, el gobierno electo publicó en todos los medios el anteproyecto de ley para que la oposición tuviera el tiempo suficiente para analizarlo. No había nada "oculto", el texto reflejaba las promesas de campaña por las que la coalición había resultado victoriosa.
Luego de quedar en evidencia, el Frente Amplio y sus aliados cambiaron el discurso. Ya no había un "programa oculto", pero el texto era "inconstitucional". El profesionalismo con el que se siguieron los procedimientos fijados en la propia Constitución para elaborar y aprobar este tipo de legislación, desactivaron rápidamente el nuevo "argumento" de la oposición, que declinó de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Bajo el slogan "lo urgente es la gente", nuevamente intentaron retrasar la llegada del proyecto al Parlamento con la excusa de una emergencia sanitaria que nunca respetaron, como informamos en nuestro último editorial. Una vez iniciado el proceso de discusión parlamentaria, acudieron al viejo fantasma de la "privatización" Ancap y Antel. Para no contaminar aún más la desleal discusión que proponía el Frente Amplio, nuestro Partido, como socio mayoritario de la coalición, solicitó que los artículos referidos a Antel, que no privatizan nada, fueran derivados a la discusión de la ley de medios, mientras que para el caso de Ancap propusimos una redacción alternativa que la propia oposición terminó acompañando, y que luego se jactó que gracias a sus gestiones se habían retirado dichos artículos.
De la "privatización" pasaron a lo "impopular". Haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias, sus militantes se aglomeraron, marcharon y aprovecharon cualquier oportunidad para alzar sus carteles en contra de la LUC, por "inconstitucional, privatista y antipopular". Los gremios de la educación, bajo la protección del Frente Amplio, violaron reiteradamente el principio de laicidad del Estado colocando cartelería en contra de la LUC en los centros educativos y asistiendo a sus lugares de trabajo con mascarillas con consignas en contra del gobierno.
Mientras el ejecutivo sorteaba con brío los desafíos que le imponía una pandemia para la que el Frente Amplio no había dejado siquiera pruebas para detectar la enfermedad, la coalición trabajaba unida en el Parlamento para cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Felizmente, pese a su retórica tribunera, el Frente Amplio votó 241 artículos de la LUC, que contiene en total 476 artículos. Es decir, más del 50% del texto propuesto por la coalición.
En paralelo, el PIT-CNT comenzó a tejer una alianza antigobierno. El 23 de marzo, con la economía paralizada producto de la llegada de la covid-19 a nuestro país, la central sindical convocó a diversas organizaciones -FEEUU, Fucvam, Ovejas Negras, Intersocial Feminista, entre otros- para crear una plataforma común en contra del gobierno. La denominada "Intersocial" se estrenó con el tristemente famoso "caceroleo" -al que rápidamente se sumó el Frente Amplio- por el que se solicitaba, entre otras cosas, una cuarentena general obligatoria, que actualmente niegan descaradamente.
Tras la aprobación definitiva de la LUC, la Intersocial y el PIT-CNT comenzaron a discutir la interposición de un referéndum. Luego de un sinfín de idas y vueltas, que dejan en evidencia la improvisación del bloque antigobierno, resolvieron juntar firmas para intentar derogar 133 artículos de la LUC, entre los que se encuentran algunos de los votados por el Frente Amplio en el Parlamento.
El pasado viernes 4, los sectores radicales del Frente Amplio (MPP, Partido Comunista, Partido Socialista y el PVP), que actualmente son mayoría, se impusieron ante un ala socialdemócrata venida a menos (Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Vertiente Artiguista y Partido Demócrata Cristiano) y decidieron acompañar la derogación de los artículos de la LUC que ellos mismos votaron en el Parlamento.
Entre los artículos votados por los legisladores opositores se encuentran el 135, que establece la obligatoriedad de la educación media superior; el 136, que establece que la educación técnico profesional puede ser universitaria o no, como sucede en la realidad; el 235, que obliga al Poder Ejecutivo a fijar los precios de los combustibles con un informe previo de la autoridad reguladora (Ursea) para evitar las subas abusivas; y el 236, que solicita a la Ursea que revise su metodología de cálculo de Precios de Paridad de Importación, para asegurar que los precios de nuestro país se ajusten a los del mercado internacional.
Según consignó El Observador, a partir de una fuente de la Mesa Política del Frente Amplio, entre quienes defienden la iniciativa de ir en contra de lo que votaron sus legisladores, prima la idea de que el partido debe tenderle la mano a las organizaciones sociales para "acumular fuerzas" en contra del gobierno nacional. En criollo: no nos importa que la educación sea obligatoria en todos los niveles o que las tarifas dejen de tener precios abusivos, vamos en contra del gobierno y eso es lo importante.
Por su parte, el vocero de la comisión proreferéndum y secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, argumentó el pasado martes 8: "vamos en contra de aquellas aristas que vulneran derechos y garantías tanto individuales como colectivas. Contra las que emprenden recortes, las que van contra las libertades de manifestación y contra las que tienen claramente contenidos antisindicales".
¿Qué es lo que "vulnera derechos y garantías individuales"?: ¿Establecer un marco legal para la legítima defensa? ¿Qué los delincuentes no se puedan resistir más al arresto? ¿Qué no puedan agraviar más a la Policía? ¿Qué haya presunción de legitimidad en la actuación policial? ¿Qué no se permita reducir las penas para los delitos de copamiento y secuestro? ¿Qué se incrementen las penas para los delitos sexuales? ¿Qué se cree una Dirección Nacional de Políticas de Genero en el Ministerio del Interior?
¿Cuáles son las medidas que "emprenden recortes"?: ¿Establecer una meta fiscal para que el próximo gobierno no se enfrente a un déficit desorbitante como el que dejó el Frente Amplio? ¿Qué se cree un Comité de Expertos para fortalecer la institucionalidad fiscal? ¿Qué se cree un Fondo de Estabilización para utilizar en instancias recesivas en las que se necesita mayor presencia del Estado?
¿Cuáles son los artículos que van "contra las libertades de manifestación y tienen contenidos antisindicales"?: ¿Qué se prohíba la ocupación indebida de espacios públicos? ¿Qué el Estado garantice el ejercicio pacífico del derecho de huelga y el derecho de los no huelguistas a trabajar? ¿Qué los propietarios puedan ingresar a las instalaciones que son de su propiedad, sin perjuicio de las medidas gremiales? ¿Qué los directores sindicales del BPS tengan que ser electos por intermedio de organizaciones con personería jurídica?
En definitiva, estas son las preguntas que deberían responder lo impulsores del referéndum. A esta altura es más que evidente que su problema nunca fue el instrumento, mucho menos su contenido, su problema es con el gobierno y los ciudadanos que lo acompañamos. No terminan por reconocer la derrota electoral y buscan imponer su capacidad de movilización frente a la voluntad popular expresada legítimamente en las urnas. Frente a esta ofensiva, debemos luchar, sin descanso, en el terreno de las ideas, de la discusión política, sin caer en provocaciones. Firme con las ideas, suave con las personas.