No es exagerado decir que el sistema ha estallado. Perú vive la más honda crisis en décadas. Una donde todo parece salir mal a la misma vez: lo económico; lo político-institucional; lo sanitario, sostiene el diplomático y politólogo chileno Genaro Arriagada en la nota que aquí transcribimos.
La historia de Perú en las últimas décadas del Siglo XX no fue fácil. Atravesó una hiperinflación de un 7.000 por ciento anual y conoció "Sendero Luminoso", el más cruel grupo terrorista que país sudamericano haya sufrido y que, sumada la represión, causó según la Comisión de Verdad y Reconciliación, 70.000 muertos. Con Fujimori habría de conocer una muy corrupta dictadura. De los escombros del "fujimontecinismo" y de una mal diseñada transición a la democracia, surgiría un proceso esquizofrénico donde la degradación del sistema político correría a parejas con un manejo económico exitoso. Un caso de miseria política y fortaleza económica.
La destrucción de la política
Al término del régimen militar y hasta mediados de los 80, Perú parecía ordenarse en un sistema de partidos razonable, con un actor de derecha (Partido Popular Cristiano); otro de centro derecha (Acción Popular); el APRA como centro izquierda; y la Izquierda Unida. Después de los fracasos del gobierno de Alan García y sobre todo la irrupción de Fujimori y su autogolpe de 1992, el esquema anterior fue barrido por un fuerte discurso antipartidos y el caudillismo de líderes mesiánicos que se apuntalaban en partido personalistas, carente de ideología y estructuras. A la rápida decadencia de los partidos tradicionales surgieron colectividades con nombres de fantasía como en el caso de Fujimori "Cambio 90", "Vamos Vecino" y "Perú 2000"; Andrade para luchar por la alcaldía de Lima creó "Somos Lima" y luego, para la presidencial "Somos Perú"; Toledo fundó "Perú Posible"; Ollanta Humala "Gana Perú"; y Pedro Pablo Kuczynsky, usando el acrónimo (PPK) de su nombre, creó "Peruanos por el Kambio". Hoy existen en Perú una treintena de partidos reconocidos y más de una decena de ellos con representación en el Congreso.
El caos partidista se traduce en caos parlamentario. Los partidos carecen de toda disciplina. Los parlamentarios abandonan -el "transfuguismo" o "camisetazo"- a los partidos por los que fueron elegidos, se declaran independientes o crean nuevas colectividades, lo que les permite negociar directamente sus votos, creando inestabilidad y oportunidades de corrupción. Este transfuguismo es tan fuerte que el partido de Humala en cuatro años vio bajar su bancada de 47 a 11 congresistas, y el de Toledo de 21 a 10. Lo anterior conduce a un sistema donde el presidente es minoría en el Congreso lo que crea una extrema inestabilidad ministerial; así, por ejemplo, Ollanta Humala registra ocho primeros ministros. Esta debilidad ha continuado su avance demoledor al extenderse al Presidente de la Republica, donde PPK tuvo dos procesos de vacancia, el último de los cuales lo llevó, en 2018, a anticiparse presentando su denuncia; y esta semana se ha consumado la vacancia de Martín Vizcarra. Hoy, en los rankings de corrupción, Perú aparece en el lugar 101 entre 180 países y ella campea en el Congreso, Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Presidencia (los seis últimos jefes de Estado, todos bajo acusaciones de corrupción: uno preso, dos con arresto domiciliario, uno fugado, otro suicidado y uno recién destituido). Los partidos destruidos. El país socialmente desestructurado.
Éxito y estabilidad económica
En contraste, Perú fue, hasta 2019, la economía sudamericana de mejor desempeño. Entre 2002 y 2013 el crecimiento alcanzó un 6 por ciento anual, el más alto en América Latina; su déficit fiscal muy bajo y la inflación, en promedio, 2,5 por ciento. Entre 2014 y 2019, el crecimiento del PBI fue más lento, un 3,1 por ciento anual, pero aun así continuaba mostrando los mejores resultados entre las seis economías más importantes de la región. Frente a una política que se degradaba y caracterizada por sus divisiones y mediocridad, una muy fuerte elite conservadora no hacía sino fortalecer su influencia en el comando superior de la economía, atrincherándose en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR) y servicios que eran islotes de modernidad en un Estado burocrático e ineficiente, como la Superintendencia Nacional de Tributos. Esas reparticiones, rodeadas de un aura de prestigio, fueron ubicadas por encima de la política y los partidos y desde ellas esa elite tecnocrática dio el vuelco hacia políticas neoliberales y privatizaciones. En el origen están dos ministros de Fujimori, Carlos Boloña y Jorge Camet, a los que van a continuar, bajo el gobierno de Toledo, Javier Silva Ruete, Pedro Pablo Kuczynski, Jaime Quijandría. Aún bajo gobiernos que triunfaron bajo plataformas electorales de rasgos izquierdistas, esta continuidad en el MEF y el BCR no se interrumpió, y cuando llegó al poder Ollanta Humala, designó a dos economistas que habían sido vice ministros de García y Toledo. Estudios han llamado la atención acerca de la homogeneidad de este cuerpo de personas de la que dan cuenta sus trayectorias laborales, formación académica, vinculaciones, orientación ideológica, excelencia técnica (también la arrogancia). Casi todos tenían posgrados en universidades norteamericanas, habían detentado cargos en el FMI, Banco Mundial, BID y unos pocos venían de la banca y empresa privada (Camet o Benavides).
Obviamente, este predominio y estabilidad de la alta tecnocracia económica la hacía posible el respaldo de los más poderosos grupos empresariales, la banca, la clase alta, influyentes organismos económicos internacionales, públicos y privados. Había un discurso implícito en el sentido de aceptar la corrupción y degradación de las instituciones democráticas si ello permitía la continuidad, más allá de quien gobernara, de una política económica manejada desde el MEF y el BCR. La idea de que era posible una economía de excelencia en un sistema político fallido. La arrogancia de una oligarquía y una tecnocracia que llegó a creer que la política no importaba; que la corrupción se podía limitar a los jueces y a los políticos pero no alcanzar al sector privado; que era posible tener seguridad jurídica para las inversiones aun cuando el Presidente, el Congreso, la Corte Suprema se acusaran recíprocamente de atropellar la Constitución y las leyes.
El desplome
No es exagerado decir que el sistema ha estallado. Perú vive la más honda crisis en décadas. Una donde todo parece salir mal a la misma vez: lo económico; lo político-institucional; lo sanitario. Este 2020 Perú registrará el peor desempeño entre las economías latinoamericanas, con una caída del producto del orden del 13 por ciento; en lo político, con un tercer presidente en tres años y el colapso de los partidos y el parlamento; en lo sanitario, con la más alta tasa de muertes por habitantes en el mundo, el país que peor ha manejado la pandemia. Ha estallado la creencia, entre ignorante y torpe, de que era sustentable esta esquizofrenia de mala política y buena economía.
Perú deberá asumir que su gran desafío no está en la economía sino en enfrentar los problemas de la institucionalidad, la equidad, la corrupción, el sistema electoral y de partidos. Después de años de agotar su mirada en el crecimiento deberá aprender, ojalá de la manera menos dura, que la mala política, más luego que tarde, ahoga hasta la mejor economía.