Durante la pasada gestión frenteamplista, AFE adjudicó una obra en forma directa a la empresa del exconcejal de "Compromiso Frenteamplista" (Lista 711), Fabio Reyes, por cinco millones de pesos.
De acuerdo a la información publicada por El País, el nuevo Directorio de la Administración Ferrocarriles del Estado (AFE) solicitará al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) una serie de auditorías en el organismo luego de detectar presuntas irregularidades -desde adjudicaciones directas a compras inconvenientes y deudas impagas- durante la gestión frenteamplista del Ente.
El colorado Gustavo Osta, Vicepresidente de AFE, aseguró que las autoridades anteriores adjudicaron de forma directa la construcción de un Centro de Control (para la nueva terminal) que costó $5 millones. Lo que llamó la atención del dirigente de Batllistas es que la empresa adjudicataria es propiedad del exconcejal de "Compromiso Frenteamplista", agrupación que pertenece a la Lista 711 liderada por el entonces Vicepresidente de la República, Sr. Raúl Sendic. De hecho, la presidencia de AFE estuvo integrada desde 2015 a 2020 por jerarcas vinculados a la Lista 711.
Para adjudicar la obra en forma directa, las anteriores autoridades se valieron del literal C del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que define que "los entes autónomos y servicios descentralizados podrán contratar bienes o servicios bajo cualquier modalidad destinados a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en el régimen de libre competencia". No obstante, aclaró Osta, AFE no está en régimen de libre competencia porque es la única que presenta un tipo de servicio en Uruguay.
En declaraciones a El País el dirigente colorado aseguró que se busca "mejorar la gestión y detectar situaciones que puedan ser irregulares para corregirlas y actuar". Incluso confesó que tuvo dificultades para acceder a la información, pero que "hay un tema político-institucional de compromiso con la ciudadanía que se está cumpliendo aún con dificultades". Por último, Osta consideró que "no se trata de una caza de brujas", aunque aclaró que "si hay brujas se van a cazar". En caso de confirmar sus sospechas, el jerarca no descarta denunciar los casos en la órbita civil o penal.
Además de la investigación sobre la compra directa entre dirigentes frenteamplistas, Osta quiere que el TCR indague por dos camiones que AFE presentó en 2015. Según aseguró, son "inutilizables" y siguen generando deuda de patente. Finalmente, el directorio buscará "corregir" la adquisición de dos equipos para desmalezar que presentaron inconvenientes pese al alto valor que pagó AFE por los mismos (US$ 569.266 en 2013).