En la ANCAP del Frente Amplio pasó de todo: pérdidas millonarias, obras inconclusas, corrupción, juicios y hasta el procesamiento y la renuncia de un Vicepresidente de la República en ejercicio. Un lastre desastroso que hoy tiene que enfrentar el nuevo gobierno de coalición.
A esta altura es una obviedad, pero vale la pena recordarlo desde el inicio: el nuevo gobierno heredó una ANCAP al borde de la quiebra. Pese a la millonaria suma de dinero que pusieron los uruguayos cuando se capitalizó la empresa (622 millones de dólares), varias de las unidades de negocio siguieron funcionando a pérdida durante todo el quinquenio. Así lo explicaron las nuevas autoridades de la petrolera estatal al programa Santo y Seña emitido por Canal 4.
Por si fuese poco, la decisión del Frente Amplio de no ajustar las tarifas, la retracción del dólar y la merma en la venta de los combustibles durante la pandemia, ponen a la empresa en una situación compleja. De acuerdo al Presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, "este año estamos previendo una pérdida de alrededor de 90 millones de dólares. 70 millones son consecuencia de los pasivos que tiene ANCAP -deudas heredas- y los otros 20 son las pérdidas de ingresos y la diferencia del tipo de cambio"
Pero las deudas heredadas y los factores exógenos -merma en la venta de combustibles y tipo de cambio- no son los únicos problemas que tiene ANCAP. "Cuando hablamos de ALUR, cal, pórtland, entramos en otros problemas, que no son de ANCAP son decisiones políticas que se tomaron durante mucho tiempo", aseguró el Director nacionalista Richard Charamelo.
La historia de ALUR es más que conocida. Se trató de un proyecto impulsado por el Sr. Raúl Sendic cuando era Vicepresidente de ANCAP durante el primer mandato del Dr. Vázquez. Si bien la idea era reactivar la producción de azúcar en el norte del país y mejorar la calidad de vida de la zona, nada de eso sucedió.
"Fue un negocio que se creó siendo deficitario", aseguró Charamelo. Además, el impacto de ALUR en la zona no fue tal. Gente viviendo en la pobreza, denuncias de acomodo político y sospechas de corrupción. Mientras un cañero ganaba $100.000 en un año, los cargos políticos de la subsidiaria ganaban superlativamente más. A modo de ejemplo y como el lector recordará, el exgerente general de ALUR ganaba $300.000 al mes.
Hasta el momento, las nuevas autoridades han tomado dos medidas concretas para mitigar la situación heredada. Por un lado, exigir mejores rendimientos a los productores. "Hay un 30% de los productores de caña de azúcar en Bella Unión que no están en rangos aceptables de rendimiento. Entonces nos hemos puesto metas más exigentes en cuanto a quiénes pueden ser productores de ALUR. Si no alcanzan el mínimo de rendimiento no pueden", aseguró Stipanicic. Por otro lado, se redujo el alto precio del arrendamiento de los campos que pagaba la anterior administración. Sobre esto, aclaró Charamelo, "lo que valía 200 dólares de arrendamiento nosotros lo pagábamos a 600. Lo que sucede es que ese monstruo ya está creado y hay que tratar de alimentarlo con lo justo o cortarle las gorduras".
Si pasamos de ALUR a la unidad de cemento-pórtland de ANCAP, la situación se agrava considerablemente. Durante las tres administraciones del Frente Amplio, la división de pórtland de ANCAP ha dado pérdidas millonarias. "Desde 2005 hasta 2020 dio perdidas por encima de los 500 millones de dólares acumulados", aseguró Charamelo. Pese a la crítica situación, durante el año 2014 la administración frenteamplista compró un nuevo horno por 80 millones de dólares para la planta de Paysandú. No obstante, nunca se realizó la inversión para ponerlo en funcionamiento.
La planta de Paysandú "no puede seguir funcionando", aseguró el Presidente de ANCAP. De hecho, aclaró, "trabaja 200 días y tiene que trabajar más de 300. Si vamos al criterio económico, la producción no puede seguir, si vas al social sí, ¿dónde está el punto medio?".
Pero la planta de Paysandú no es la única con problemas. En Minas, la situación es similar. "Se necesita una inversión de 100 millones si se quiere aggiornar y bajar los costos", aseguró Charamelo. Por su parte, Stipanicic dijo que "en pórtland venimos perdiendo entre 8 y 10 millones de dólares por año". La viabilidad del negocio "depende de que el país diga: estamos dispuestos a seguir perdiendo plata", sentenció.
ANCAP accede a la mitad del mercado, ya que las compañías privadas producen y venden a mejores precios. La situación es de tal entidad que ya hay opiniones de figuras vinculadas al Partido Nacional y no precisamente de tendencia "neoliberal", que plantean la necesidad de desmantelar ese sector de actividad, que está condenado a seguir generando pérdidas.
En Treinta y Tres, donde ANCAP tiene una planta de cal, también existen problemas. Se trata de un absurdo: el Estado invirtió 140 millones de dólares en un negocio con un único cliente. "No se van a poder amortizar nunca los 140 millones, y viene perdiendo todos los años porque le vendemos a Brasil con tipo de cambio fluctuante y porque además a veces es más caro el flete que lo que se lleva arriba", aseguró Charamelo. El cliente brasileño tiene un contrato por cuatro años; por lo tanto, agregó Stipanicic, "si perdemos el cliente no solo no se pagó lo que se invirtió, sino que lo que tenemos ahora lo vamos a tener que cerrar".
Finalmente, además de un servicio de comedor para funcionarios que perdía 40 millones de pesos anuales, un gas subsidiado que genera pérdidas por 40 millones de dólares y servicios en aeropuertos en los que se pierden 2 millones de dólares al año, el Frente Amplio dejó como herencia una planta desulfurizadora que costó 400 millones de dólares y nunca se utilizó al 100% de su capacidad. "En vez de utilizar la desulfurizadora para sacar el azufre de procesos originados en crudos con alto azufre, se compraba crudo con menos azufre y necesitamos menos la desulfurizadora", explicó Stipanicic.
Estas comprobaciones no son divulgadas en esta página para promover una campaña privatizadora, como suele reaccionar el sindicato ante cualquier propuesta de reforma y modernización de la empresa estatal. Lo cierto es que quienes más atacan a ANCAP son aquellos que defienden sus ineficiencias, sus altísimos costos, los autores de despilfarros injustificables. Esos han herido casi que de muerte el prestigio de las empresas públicas. Por el contrario, defienden a ANCAP quienes impongan austeridad y transparencia, pensando en beneficio de los usuarios, que debe prevalecer sobre el interés de los funcionarios y del sindicato.