Por Luis Hierro López
Ni el inmediatismo ni la impaciencia son aconsejables al analizar las cuestiones de la seguridad pública, que requieren enfoques de largo plazo y perseverancia.
En forma absolutamente improcedente, el exministro de Interior, señor Eduardo Bonomi, emplazó al presidente de la República y al ministro Larrañaga a que muestren resultados de las nuevas estrategias de seguridad pública, acusándolos de "talentear".
Sinceramente dan ganas de contestar una grosería. Pero no vale la pena: es mejor analizar algunos hechos.
Hace apenas seis meses y medio que asumió el gobierno; la ley de urgente consideración, que impuso novedades legislativas en la materia, se sancionó en junio y el presupuesto quinquenal todavía no se aprobó. Quiere decir que el gobierno no cuenta todavía con todas las herramientas necesarias, siendo además evidente que ha debido dedicar sus mejores esfuerzos a la crisis sanitaria.
Ha cambiado el equipo y el ministro Larrañaga desarrolla una gestión responsable, enfrentando los temas y los problemas con sinceridad y realismo. En medio de la pandemia y cuando aún no puede hacerse una medición precisa, da la impresión de que el delito ha venido bajando. Pero en cualquier instancia, habrá que esperar dos o tres años para que la tendencia pueda apreciarse en su totalidad.
Algunas cosas han venido cambiando, y para bien.
Hay otro ánimo y presencia de la Policía, que no se sentía amparada ni impulsada por las anteriores autoridades - que fueron, recordémoslo, sus enemigos históricos - que le hicieron ceder terreno y potestad. Hoy existe la resolución del Estado de que la Policía actúe, se haga respetar, persiga al delito en toda circunstancia y defienda a los ciudadanos. Es un cambio sustantivo.
Se aplica la ley y se hace cumplir. Hay varios ejemplos, pero con uno alcanza: el cuidado de las fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esa actividad fue regulada por ley de 2018, pero cometiendo una gran irresponsabilidad, el Poder Ejecutivo anterior no la aplicó, escondiendo el texto legal en un cajón. A través de la dinámica actuación del ministro de Defensa, Javier García, esa fue una de las novedades de la nueva administración, movilizando todos los recursos posibles para marcar presencia en la frontera y evitar o disminuir el trasiego de droga y el desarrollo de otros delitos. Lo mismo ha venido ocurriendo en zonas montevideanas dónde antes la Policía no podía entrar y ahora impone otra vez su autoridad, lo que puede comprobarse a través del aumento de procesamientos y encarcelamientos que hubo desde marzo pasado.
Aún sabiendo de que se trata de un tema muy complejo, hay señales alentadoras en materia de cárceles. Se ha insistido mucho en las tareas de los presos - plantando papas o cultivando sandías, como está ocurriendo - y manejando proyectos viables en materia de construcción de locales, incluyendo la cárcel de alta seguridad. Ya sabemos que el asunto es muy difícil, pero el país dejó atrás la anarquía consensuada que admitieron las autoridades anteriores, cediendo el manejo de las cárceles a los propios reclusos. Debe regir la disciplina como eje de cualquier política carcelaria, y eso es lo que ha empezado a recuperarse.
El combate a la droga se ha venido ejecutando con energía, en todos los terrenos. Es el partido más difícil -ya lo sabemos- y requiere tanta decisión como perseverancia. El primer paso adecuado es el control de las fronteras, pero se trata de una situación que salta por cualquier lado, como lo evidencia la ola de asesinatos de estas últimas semanas. Hay que tener objetivos claros y mucha firmeza, crédito que Larrañaga y los jefes policiales se han venido ganando.
El camino es empinado, pero el gobierno tiene potencialidad para emprenderlo con responsabilidad y eficacia.