Algunos dirigentes sindicales ensayan en ocasión de todos los presupuestos quinquenales y en las Rendiciones de Cuentas anuales, la misma argumentación: se va a paralizar el servicio si no se atienden los reclamos. Si eso fuera cierto, habría cientos de oficinas públicas que habrían desaparecido. Le haría bien al país que se renueve esa argumentación.
El dramatismo de los voceros siempre va por el mismo lado: ¡no podremos prestar los servicios! Si alguien tuviera la paciencia de revisar la prensa, verá que cada cinco años se repite la misma liturgia. Movilizaciones, paros, manifestaciones y advertencias de que, si no hay aumentos, ¡las oficinas dejarán de funcionar!
Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, ya que es evidente que el Estado no puede atender todas esas exigencias y lo que se hace en el Parlamento es un mínimo reparto, atendiendo a unas pocas solicitudes y archivando a la enorme mayoría de ellas. Pese a los anuncios catastróficos y reiterados, esos servicios que no tienen aumentos siguen su marcha y en los cinco años posteriores desarrollan sus funciones habitualmente.
Además, los quince años de presupuestos abultados de que disfrutó el Frente Amplio han demostrado con absoluta contundencia que gastar más no significa mejorar los servicios, como ha ocurrido en la Enseñanza y en la seguridad pública. En varios casos es necesario mejorar y ampliar la inversión pública, pero esa no es la regla de la vida del Estado, que ya tiene un presupuesto muy abultado y que debe perfeccionar y racionalizar su gasto, actuando muchas veces con una precisión quirúrgica para apuntar adónde es realmente necesario.
Los voceros sindicales hacen "su trabajo", pero no hay que dejarse llevar por su tremendismo ni por sus intereses particulares.