Las acusaciones de la ONU contra Maduro y otros altos cargos complican al régimen, según un editorial de El País de Madrid
Las acusaciones vertidas por una comisión internacional mandatada por Naciones Unidas contra Nicolás Maduro y varias decenas de altos cargos del régimen venezolano por graves violaciones de los derechos humanos colocan al mandatario y sus colaboradores en una más que delicada situación cuando se están dando los primeros pasos hacia una salida democrática a la crisis institucional del país caribeño.
La misión internacional ha investigado 223 hechos ocurridos desde 2014 -y otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes- y concluye que, entre otros atropellos contra los derechos humanos, se han producido ejecuciones arbitrarias y una utilización sistemática de la tortura. Entre los considerados responsables directos además de Maduro están el considerado número dos del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el de Defensa, Vladimir Padrino López, los responsables de los servicios de inteligencia y otros 45 altos funcionarios. Al menos 53 personas fueron asesinadas por la Policía o el Ejército.
Aunque las denuncias del informe no son tampoco nuevas y van en la línea de algunas de las advertencias sobre las que ha hecho énfasis en otros momentos la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, su crudeza supone un importante revés para el intento de Maduro de reconducir sin abandonar el poder la crisis institucional venezolana mediante algunos gestos, como la liberación de un centenar de presos políticos y la aceptación de observadores internacionales para las elecciones legislativas previstas el próximo diciembre. También da al traste con cualquier tipo de recuperación de legitimidad ante la comunidad internacional que cualquiera de estas medidas pudiera implicar.
La investigación realizada por la ONU no apunta a hechos puntuales perpetrados individualmente en medio una convulsión social y económica sino a una sucesión continuada de violaciones de los derechos humanos sustentada por el aparato del Estado y con una responsabilidad política. El Gobierno venezolano está obligado, en primer lugar, a poner fin inmediatamente a este tipo de prácticas, y a encausar a quienes estén implicados de manera directa en estos hechos y a dar explicaciones sobre las pruebas aportadas por el informe internacional.
Resulta difícilmente viable que se puedan celebrar unas elecciones en un clima donde el Gobierno convocante está bajo fundada sospecha de violar los derechos humanos. Urge pues la máxima claridad en las palabras y, sobre todo, en los hechos, para que el Gobierno venezolano demuestre una voluntad inequívoca de retorno a la senda democrática.