Por Tomás Laguna
De forma impensada el nuevo mercado centralizador de frutas y hortalizas ingresa en la arena política. La situación que se crea a partir de la intensión manifestada por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto para asumir a través del MGAP la gestión de la Unidad Agroalimentaria Montevideo quitando del medio a la Intendencia Municipal de Montevideo merece dos análisis diferentes: por un lado las razones que pueden ameritar tal decisión, por otro las formas utilizadas para implementarla.
Ya hemos hecho referencia a la historia del mercado desde estas páginas, pero la oportunidad merece repetirla. El Mercado Modelo inició sus actividades en 1934. Por entonces la gestión del mismo fue entregada en concesión por 40 años a la Concentración Nacional de Productores Agrícolas, una sociedad anónima creada a esos efectos. La primera administración municipal posterior a la dictadura, habiendo llegado a su fin la concesión mencionada, tomó la decisión de rescindir la misma. La responsabilidad fue del por entonces intendente colorado Ec. Julio Iglesias. Ya en aquel momento la idea era procurar una solución de administración compartida público- privado.
El paso siguiente fue contratar una consultoría de nivel internacional, la que fue asignada al grupo Semmaris Rungis de Francia, administradores del mercado concentrador de París, en conjunto con el estudio de consultores TEA/Deloitte. El trabajo incluyó un análisis muy detallado de la distribución de la población y el consumo tanto en Montevideo como en los distintos departamentos. Se indicó con énfasis que dado el tamaño del país y el limitado consumo interno en función de la población, no ameritaba más que un solo mercado concentrador para los productos de granja. Se entendió a su vez, que el mercado concentrador era referencia suficiente como formador de precios para todo el territorio de la República.
En cuanto a su ubicación el trabajo estableció que debía estar ubicado próximo a la mayor concentración de la demanda, y con proyección exportadora futura, cercano al puerto y a la ciudad de Buenos Aires. Luego de analizar 8 diferentes lugares en el departamento de Montevideo, la consultora propuso 2: Las instalaciones del Frigorífico Nacional detrás del Cerro y el entorno a la ruta 5 a la altura de Melilla. El primer lugar era luego descartado porque la vía de acceso determinaba un embudo, y consiguiente congestión en el acceso y salida. Por lo que finalmente la consultora proponía la zona de Melilla, más precisamente sugirió por entonces los campos que un conocido escritorio rural utilizaba para la concentración de ovinos previo a su exportación en pie.
Finalmente el análisis estimó una inversión total de 16 millones de dólares, dónde se respetaba a los operadores ya instalados en el viejo Mercado Modelo su espacio, debiendo abonar la ampliación del mismo y las mayores comodidades de las nuevas instalaciones. Muy inferior a los 90 millones que la IMM dice haber invertido a la fecha.
Apenas terminado aquel trabajo de consultoría, la intendencia capitalina fue ganada por la coalición de izquierda y el gobierno de la República por el Partido Nacional. Esto determinó que el proyecto de trasladar el mercado a Melilla quedara en suspenso, peor aún, por entonces la intendencia de Canelones también fue ganada por el Partido Nacional y el nuevo intendente, Sr. José Andujar, tenía el proyecto de establecer un mercado concentrador de frutas y hortalizas en lo que eran las instalaciones del por entonces recientemente quebrado frigorífico COMARGEN. En tanto hubo gobiernos departamentales y nacionales de distinta orientación política el proyecto quedó en suspenso, seguramente ante la imposibilidad de la propia intendencia de resolver aspectos que iban desde la financiación hasta la infraestructura de accesos. Se volvió a reflotar la idea durante la intendencia del Arq. Arana, ya con una administración municipal y nacional del mismo partido. Así se llegó a las actuales instancias donde las construcciones están muy avanzadas, previéndose su inauguración en noviembre próximo.
En lo institucional, la Unidad Agroalimentaria Montevideo (UAM) fue creada como persona de derecho público no estatal (leyes 18.832 y 19.720). Desde el primer texto legal (de 2011) se estableció que el vínculo con el Poder Ejecutivo se realizará a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con un miembro en su directorio. La Presidencia y el Secretario General designadas por la IMM, integrando un delegado del Congreso de Intendentes, además de tres delegados de los productores, de los comerciantes mayoristas por un lado y de los minoristas por otro, también un delegado de los trabajadores y finalmente de los prestadores de servicios como operadores del mercado.
La figura público/privada de gestión parece la más adecuada. No así la extensa asamblea prevista para integrar el directorio, con 11 miembros en una distribución muy discutible en función de la eficiencia que se espera de semejante empresa.
Llegado a este punto, es de recibo la discusión sobre la relevancia de este mercado a nivel nacional, lo que habría llevado a la propuesta de quitarlo de la órbita municipal, incluida en la ley de presupuesto. De hecho, desde este mercado concentrador se abastecerá a toda la República, y prácticamente la producción granjera de todo el país confluirá al mismo. Dicho de otra manera, la mayor parte de la producción de Canelones, San José y Salto se concentrará en el mencionado mercado. Del mismo modo, la producción seguramente tendrá como principal destino abastecer Montevideo, pero también Punta del Este y todos los balnearios además de volver hacia las mismas capitales departamentales, e incluso un eventual destino de exportación. No nos cabe duda que la trascendencia del proyecto excede a Montevideo e incide en toda la granja nacional y condiciona el consumo de hortalizas y frutas de todo el país. Esto es razón suficiente para que la administración de la UAM sea encarada desde una perspectiva nacional y no departamental. Y esto excede a la IMM aun cuando argumente que le compete por estar en juego el abastecimiento a los pobladores de la metrópolis.
Dicho esto, que ameritaría una instancia de discusión y negociación política dónde vale por encima de todo la opinión de los administrados, en este caso los productores granjeros, ingresamos en el otro aspecto de la situación que se plantea a nivel de la ley de presupuesto. Las formas son importantes siempre, y lo son más que nunca para validar decisiones políticas, aun cuando se resuelvan por imperio de las mayorías. El medio utilizado, mediante un texto no anunciado previamente, encubierto en el fárrago de disposiciones de una ley de presupuesto, no parece el más adecuado, no resulta de recibo. Más aún cuando desde las mismas organizaciones granjeras no se conocía su existencia.
Como sea, el mercado concentrador de la producción granjera, una vez más, parece quedar condicionado por la coexistencia de gobiernos departamentales y nacionales de distinto signo. Es de esperar que la sensatez impere, la granja no puede esperar.