Por Luis Hierro López
El debate presupuestal ha puesto otra vez en la agenda la cuestión del gasto público, que en el imaginario frenteamplista es la receta mágica ante todos los problemas. La pésima conducción económica de los últimos años aconseja racionalidad y buen criterio para corregir los desequilibrios que hoy nos hipotecan.
La vocinglería opositora acusa al gobierno de ser neoliberal y de promover un Estado prescindente, ausente, ajeno a sus responsabilidades. Al utilizar en forma antojadiza las cifras de la Cepal respecto a lo invertido por los países en torno a la pandemia -el organismo internacional no tiene en cuenta que Uruguay es la nación con más extendido seguro de paro y otras prestaciones sociales de toda índole- algunos voceros opositores ensayan el mismo discurso. El candidato Martínez, por ejemplo, dijo a Búsqueda, consultado precisamente sobre la reacción del gobierno frente a la crisis, que "le han errado en lo sustancial. Están muy condicionados por su matriz ideológica neoliberal. Lo mismo que fue en gobiernos anteriores, que, lo vuelvo a decir, hace que el Estado no deba participar. Hoy por hoy predomina una filosofía que es la de un Estado prescindente. Se ve claramente. Cuando uno mira la inversión para contrarrestar la pandemia que ha puesto el gobierno uruguayo, lo que se ve es que es la más chica de América Latina".
No hay Estado neoliberal en Uruguay, país condicionado, desde siempre, por el enorme porcentaje de su gasto social, de las jubilaciones, sueldos y prestaciones sociales muy extendidas que caracterizan al país desde comienzos del siglo XX. La coalición gobernante no tiene un programa neoliberal y, aunque así quisiera aplicarlo, no podría por la rigidez de esos gastos e inversiones sociales. Repetir ese latiguillo es la expresión clara de una argumentación sin fundamento.
En segundo término, el Estado no es prescindente. Ha actuado con celeridad y eficacia en torno a los temas sanitarios y sociales provocados por la pandemia, y lo hizo con una eficacia y una sensibilidad realmente elogiable, que se destaca en el mundo. Las diversas flexibilizaciones al seguro de paro y las medidas de alivio fiscal que se siguen tomando para las pequeñas empresas van en la línea de lo que se hace -tarde y mal- en muchos otros países. La única diferencia con las propuestas del Frente Amplio radica en la no instrumentación de la "renta básica", que se aplica precisamente en esas sociedades que no cuentan ya con los mecanismos institucionales de cobertura social que caracterizan a Uruguay. Reclamar ese tipo de prestación en nuestro país requeriría antes, lo que sus promotores saben pero ocultan, revisar todas los planes del Mides y del BPS para no incurrir en las injusticias provocadas por la duplicidad de asistencias.
Es curioso que quienes hoy reclaman más gasto público y supuestamente, más Estado, son los que, precisamente, debilitaron y desprestigiaron al Estado con sus aventuras. El desfonde de Ancap, el despilfarro en el Antel Arena, las andanzas con Pluna, con la Regasificadora y con tantos otros proyectos inconclusos, pero aún carísimos, en vez de defender a las empresas públicas y al Estado, los hirieron seriamente.
Cuando el exdirector de la Policía, Mario Layera, alertó sobre la anomia que se vivía en la sociedad, cuando ni la Policía ni las ambulancias podían ingresar a algunos barrios, dominados por las bandas delictivas, ¡ahí sí que había un Estado prescindente!
¡Qué decir de la situación de la Enseñanza, con una enorme deserción y con los peores rendimientos escolares y liceales de América Latina! No ya prescindente, sino un Estado en huida y una sociedad cómplice. Eso sí que fue "neoliberal", porque los más perjudicados ante la abdicación de la enseñanza pública son, precisamente, los sectores que ya venían rezagados.
Además, como ha quedado confirmado, no es gastando sin control como se mejora la gestión, haciéndola a la vez más eficiente y solidaria. El Estado gordo que promovió el Frente Amplio termina destruyendo las oportunidades laborales, generando más pobreza, sometiendo a la población a impuestos imposibles y corrompiendo a los servicios públicos.