A medida que avanzan las auditorías, se van conociendo las tramas de vicios e irregularidades inadmisibles. La mitad de los cotizantes al BPS se certificaron como enfermos. En Asse ya se acumulan siete denuncias penales diversas. Por horas extras injustificadas, algunos funcionarios de Ancap recibieron U$S 2 millones demás. Esos son los recortes que propone el presupuesto.
El presidente del BPS, Hugo Odizzio informó que se ha detectado un uso abusivo de las certificaciones médicas, ya que entre 2018 y 2019, de 1.190.000 cotizantes al BPS, casi la mitad de ellos, es decir 522.618 trabajadores activos, estuvieron certificados por razones de salud por períodos breves o largos.
Odizzio explicó que "no todas las certificaciones necesariamente están generando el cobro del subsidio por enfermedad, pero detectamos a partir del estudio de la auditoría que de una forma que se aparta de la ley, períodos de certificación sucesivos que tenían entre uno o dos o hasta tres días en el medio, se pagan de continuo, y eso ha llevado a encontrar diferencias en lo que debió haberse pagado y lo que se pagó, que fue más".
Las irregularidades detectadas son: certificaciones ingresadas de personas que al momento de la certificación estaban fallecidas, certificaciones ingresadas correspondientes a personas menores de 12 años que no tienen actividad, certificaciones retroactivas y certificaciones ingresadas en las que figura que los médicos certificadores son los directores técnicos de los prestadores.
En otro orden, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASSE; está procesando 13 auditorías en distintas áreas, por lo que ya se han presentado ante la Justicia siete denuncias penales las que seguramente se incrementarán en los próximos días.
Los motivos de las denuncias son variados: desarreglos financieros en el Hospital Maciel, contratación ilegal de horas médicas en varios hospitales del interior, presunta falsificación de títulos profesionales por empleados de empresas tercerizadas y adjudicación de recetas médicas adulteradas. También hay casos de abusos sexuales y acoso laboral. Un panorama francamente desalentador.
Para completar el escenario, se supo que en Ancap hubo pagos de horas extras absolutamente injustificadas por montos realmente altos.
Una auditoría sobre el funcionamiento de la terminal de carga de combustibles del Aeropuerto de Punta del Este, detectó "serias fallas" de gestión con su personal. El ente encontró que cuatro funcionarios llegaron a percibir remuneraciones mensuales por hasta $ 490 mil, con un gasto acumulado de $ 81 millones (unos US$ 1,9 millones) en seis años por el pago "injustificado" de horas extras y otras partidas.
Estos cuatro funcionarios -que tienen un sueldo base de entre $ 39 mil y $ 52 mil nominales- llegaron a percibir remuneraciones en los últimos seis años entre los $ 350 mil y $ 490 mil mensuales. Sólo por concepto de sueldos para esos cuatro empleados Ancap gastó unos $ 81 millones desde 2014, que fue desde cuando se decidió realizar el relevamiento.
Le asiste plena razón al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, cuando explicó que lo que hará el presupuesto a estudio del parlamento no es aplicar ni la motosierra ni el hacha, sino implementar los recortes imprescindibles que en diversas áreas de la administración y de la mano del amiguismo y clientelismo del Frente Amplio, se han venido promoviendo. Y no en beneficio de la población, sino en su castigo, ya que son precisamente los contribuyentes quienes deben solventar esos gastos innecesarios.