Por Elena Grauert
El Frente Amplio gobernó manoseando las normas constitucionales y aplastando a las minorías parlamentarias, por lo que sus actuales protestas son ficticias e injustificadas.
En todos estos años ha existido por parte del Frente Amplio, un relato de autocompasión y bondad, que no se corresponde con lo que realmente hizo, ya que durante los 15 años que fue gobierno y teniendo las mayorías fue una aplanadora, imponiendo sus interpretaciones incluso en contra de los mandatos constitucionales, ya sea votando leyes contrarias a la misma o no cumpliendo sentencias judiciales.
Está claro que, a pesar de su inmenso poder, se pudieron mantener gracias a una cultura republicana, ciertos equilibrios; habiendo ayudado mucho la libertad de prensa y la independencia de poderes. Siempre me llamó la atención que los adalides de defender al pueblo y que supuestamente lo representaban, hayan tenido una actitud tan alejada del diálogo, no admitiendo ninguna crítica, por estar prácticamente imbuidos en una verdad revelada, constituyéndose como únicos defensores de la misma, justificando cualquier abuso de poder, dado que el fin siempre era la defensa de un supuesto interés general casi como mandatado de una "divinidad". Nunca tan bien aplicado el dicho común el "fin justifica los medios".
Esto es la cultura de la izquierda y por ello la reacción más que entendible en cuanto al proyecto de rendición de cuentas por parte de la coalición, de no querer votarlo, en virtud que durante 15 años se despilfarraron los mejores años del país, y si hoy gran parte de las demandas de la gente no se pueden cumplir es porque existió una política de endeudamiento innecesario.
Sin perjuicio de ello, el Partido Colorado como siempre, defendiendo la institucionalidad , no dejando de reconocer que asistía a razón a quienes entendían que eran inaceptable los resultados de la rendición de cuentas por el déficit heredado, no se podía dejar de aprobar borrando la memoria histórica, entendiendo las bancadas de la coalición gobernante que, en definitiva, si la misma había sido elevada por el actual Poder Ejecutivo, debía aprobarse con la salvedad hecha, reflejando la verdad de un momento histórico, que era importante que se plasmara.
En las argumentaciones en contra de poner en la rendición de cuentas, valoraciones políticas referentes a la actuación del gobierno del Frente Amplio, se trató de comparar esta rendición de cuentas con la aprobada al asumir en el 2005 el Frente Amplio, cuando el país también tenía niveles de endeudamiento. Pero lo cierto es que esas situaciones no se pueden comparar, dado que en ese período se pudo sobrellevar una crisis mundial que golpeó fuertemente a nuestro país, con la corrida bancaria del 2002, en un mundo cerrado y con precios de exportación de los "commodities" (carne, cuero, leche, etc) sumamente bajos, que impactaban directamente en los ingresos. Pero a pesar de todo se pudo sobrellevar, y honrar las cuentas públicas, lo que derivó en que rápidamente se volviera a tener un grado inversor que fue motor para el gobierno que asumió en el 2005; con un incremento del producto muy importante y no con un déficit de cinco puntos como ocurre actualmente.
Lo cual trajo elogios mundiales al accionar del Uruguay; incluso el propio ministro de la época Astori y el presidente Tabaré Vázquez, en reiteradas veces elogiaron la salida del 2002.
Por tanto, los berrinches esbozados por el actual partido de oposición frente al artículo que indica el despilfarro de la rendición de cuentas del período anterior, no son justificables.
Pero el accionar del Frente Amplio no culmina con el episodio de Redición de Cuentas, ahora sumamos lo sucedido en la Fiscalía, donde se han registrado investigaciones y sanciones contra varios fiscales. Sin duda estuvo bien el diputado Felipe Schipani al pedir informes sobre la investigación administrativa dispuesta por el Fiscal de Corte respecto al archivo de la fiscal Natalia Charquero en el caso del Intendente de Colonia Moreira.
Desconocemos las razones, pero está claro que todo este caso está rodeado de inmensos subjetivismos políticos, dado que se archivan muchos casos por parte de los fiscales y justo en éste se determina una investigación administrativa, poniendo en duda la independencia técnica de la Fiscal Charquero en virtud de su militancia en el 2014 en filas del partido Nacional. Nunca se cuestiona la independencia técnica, cuando sucede a la inversa.
Pero es evidente, que el impacto que tiene este tipo de casos es mucho mayor y que quizás su tratamiento exige ser mucho más cauteloso por lo mediático del caso y la relevancia institucional que tiene, tratándose de un jerarca del gobierno. De todas formas, volviendo a la defensa de las instituciones, no se puede pedir la destitución del Fiscal de Corte por un acto tomado en la órbita de su competencia y que podría llegar a tener justificación.
Por tanto, y a efectos de dar más protección a quienes dirigen la Fiscalía General de la Nación, nos parece sumamente relevante la reforma planteada por el Diputado Zubía, en cuanto a una dirección colegiada de dicho organismo, donde se cuide mucho la forma de elección de sus integrantes, imponiendo que los mismos sean creíbles, teniendo sobrada autonomía técnica y política.
Ambos casos hacen a la defensa de la transparencia, del Estado de derecho y en definitiva, al espíritu republicano, del cual debe surgir la defensa de la verdad e igualdad de todos los ciudadanos, frente a posibles desvíos y por una lucha permanente por defender los atributos propios de una cultura que nos ha tenido como ejemplo en el devenir de tiempo, donde quienes hoy forman parte del gobierno sólo deben hacer cumplir la ley y la constitución, no existiendo ni verdades reveladas ni autocomplacencia.