Por Fátima Barrutta
La vieja frase de "a confesión de parte, relevo de prueba" vuelve a aplicarse en estos tormentosos tiempos políticos.
Se sabe que la Junta Departamental tiene, por mandato constitucional, mayoría automática del oficialismo, lo que limita en buena medida la capacidad de injerencia de la oposición en la gestión montevideana.
Con esa llave en mano, esa mayoría tiene el poder de habilitar las iniciativas de la minoría que van en línea con lo que defiende a nivel declarativo. Y muchas veces, lo que la bancada frenteamplista declara es una cosa y lo que vota es otra.
El caso más claro ocurrió la semana pasada. Los ediles de la Concertación presentamos al pleno un proyecto de resolución consistente en establecer algo tan simple como necesario: la exoneración de los impuestos municipales a los espectáculos, una vez que vuelvan a los escenarios tras la cancelación impuesta por la emergencia sanitaria.
Es obvio que toda la sociedad debe apoyar al gremio de los artistas, tal vez el más afectado por las medidas de aislamiento.
El Ministerio de Educación y Cultura lo ha hecho a través de la formación de un Fondo Solidario Cultural y el lanzamiento adelantado de distintos subsidios al sector. Incluso instituciones independientes como el Teatro El Galpón han difundido generosas iniciativas, como la de prestar su sala a los grupos que carecen de espacio, sin cobrarles alquiler de ningún tipo.
Lo mínimo que debería hacer la Intendencia de Montevideo es acompañar esas iniciativas, descargando a los grupos y las salas de ese impuesto que encarece las localidades. Una exoneración temporal del tributo permitiría, o bien bajar el costo de las entradas y hacerlas más accesibles a un público que, al principio, será renuente a volver a los teatros, o bien agrandar la recaudación en beneficio de los artistas.
Pero la mayoría frenteamplista de la Junta votó en contra de la propuesta, respondiendo con una larga declaración de autoelogio sobre determinados pasos dados en beneficio del sector cultural y un discreto pase a las autoridades de Hacienda de lo que se pueda hacer por bajar el costo de las entradas.
Ante los miles de tuits que circularon destacando esa incongruencia, algunos ediles oficialistas respondieron que el tributo sobre las entradas de teatro sirve para financiar al sector audiovisual, pretendiendo justificar así que lo que se le quita a los teatristas se le destina a los cineastas, como si no supiéramos que la voluminosa, excesiva recaudación departamental sirve fundamentalmente para alimentar burocracia.
Cuando empezó la pandemia, el FA se sumó al tremendismo del Sindicato Médico y reclamó cuarentena general, con caceroleos incluidos.
Luego comprobamos que la medida, tal como fue aplicada en Argentina, devino en un verdadero desastre y que el camino de libertad responsable de nuestro gobierno nos está distinguiendo internacionalmente. Entonces Tabaré Vázquez remó para atrás con aquella propuesta, pero desde el FA se atiza el fuego para que los espectáculos retornen a las salas cuanto antes, sabiendo que con ello manipulan las auténticas necesidades de un sector artístico fuertemente castigado por la crisis.
Sin embargo, cuando la oposición en la Junta eleva una medida concreta para ayudarlo, la acusan de "demagogia de derecha", como si la entrega de canastas que ellos hicieron a hogares inexistentes o que no las necesitaban, no hubiera sido verdadera demagogia.
Lo importante es que la gente que trabaja en la cultura ya se da cuenta de estos dobles discursos y se hartó de quienes se dicen sus representantes, cuando lo único que representan son sus propios intereses.
También en beneficio del castigado sector cultural, llegó la hora del cambio.
Y el 27 de setiembre daremos la sorpresa en las urnas, para que la racionalidad y la verdadera justicia social retornen al gobierno montevideano.