Por Santiago Torres
Hay derechos -y deberes- que hunden sus raíces en las fuentes mismas de nuestra civilización. Son derechos y deberes de los que somos todos titulares, haciendo abstracción de toda circunstancia. Parece que cada tanto hay que recordarlo.
En el siglo V A. C. vivió Sófocles, uno de los más destacados autores de la tragedia de la Grecia clásica. Autor de numerosas obras, en el 441 A. C. estrenó una de sus tragedias cumbres, considerada un clásico hasta hoy, al punto de que se la considera la obra de teatro más representada de la historia: "Antígona", inspirada en una leyenda tebana.
Cuando Edipo, rey de Tebas, marchó al exilio al enterarse de que había cometido incesto, su hijo Eteocles reclamó para sí el trono y expulsó del reino a su hermano mayor, Polinices. Éste empero, con la ayuda de un ejército extranjero, ataca Tebas y en el combate se dan muerte recíprocamente ambos hijos de Edipo. Creonte, hermano de Edipo y, por tanto, tío de Polinices, Eteocles, Ismene y Antígona, se hace del trono y decreta que, por haber traicionado al reino, no se sepulte el cadáver de Polinices y quede a merced de los animales carroñeros, castigando con la muerte al que se atreva a inhumarlo. Antígona, fiel a su sentido del deber y al mandato de los dioses, desafía la prohibición y practica los ritos funerarios correspondientes, siendo apresada por ello y, seguidamente, condenada a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, procura persuadir a su padre de perdonarla. Y en ese diálogo, le señala lo siguiente:
"El hombre del pueblo teme demasiado tu mirada para que se atreva a decirte lo que te sería desagradable oír. Pero a mí me es fácil escuchar en la sombra cómo la ciudad compadece a esa joven, merecedora, se dice, menos que ninguna, de morir ignominiosamente por haber cumplido una de las acciones más gloriosas: la de no consentir que su hermano muerto en la pelea quede allí tendido, privado de sepultura; ella no ha querido que fuera despedazado por los perros hambrientos o las aves de presa. ¿No es, pues, digna de una corona de oro?"
La obra plantea un viejo conflicto humano que ha afectado a las comunidades hasta hoy: la colisión entre la ley moral y la ley civil. Ese es el eje filosófico en torno al cual gira la trama, pero aquello que pretendo destacar es el eje dramático, o sea, ese mandato moral al que Antígona quiere ser fiel: los muertos deben ser sepultados. Es un derecho del muerto, de sus deudos y existe el deber de respetar ambos derechos para los demás. Los dioses castigaron a Creonte con la muerte de su hijo Hemón por no hacerlo.
En este país hay personas -algunas ya fallecieron- que despertarían la ira de aquellos dioses del Olimpo. No se trata ya de que hayan matado a personas desarmadas -importa poco y nada su filiación política. No se trata ya de que lo hayan hecho por medio de torturas. Ni siquiera que -a diferencia de otros asesinados en similares circunstancias- los hayan hecho desaparecer. Se trata de que, aun habiendo pasado muchos años de aquellos crímenes, contando con vías para hacer conocer discretamente el destino de los cuerpos, han optado por la protervia de perpetuar, sin necesidad alguna, el inenarrable sufrimiento de los deudos de los desaparecidos. Ha sido tal el grado de maldad, que militares le mintieron a la Comisión para la Paz, indicando que algunos cuerpos había sido desenterrados en el marco de la llamada "Operación Zanahoria", cremados y arrojadas sus cenizas al Río de la Plata, como en el caso de Eduardo Bleier, hallado en el Batallón 13 de Infantería Mecanizada del Ejército. Tal el grado de deshumanización al que esta gente ha llegado. Infligir daño por el daño mismo, extender el odio bélico hasta las familias de los "enemigos abatidos" en su "guerra".
Por estos días, algunos -por así decirlo- "desnorteados" han puesto en un pie de igualdad a los desaparecidos con los asesinados por la guerrilla. Desde ya que los asesinatos perpetrados por la guerrilla no admiten no ya justificación sino factor alguno que mitigue su vesania. Casi todos fueron emboscadas. En algunos casos, "daños colaterales" de civiles ubicados en un mal lugar en un mal momento. Pero eso no iguala los crímenes.
En primer lugar, porque los desaparecidos fueron víctimas del Estado. Los crímenes perpetrados por el Estado siempre son peores que aquellos perpetrados por fuerzas irregulares porque, precisamente, el fin primario del Estado, el implícito pacto fundacional de éste, es la protección de la vida, la libertad y la propiedad de las personas. El origen -y razón de ser- del Estado es ese. Sus crímenes socavan la legitimidad de su existencia misma.
Pero en segundo lugar porque unas fueron muertes pero éstas de que hablamos son desapariciones. Una desaparición está marcada por la tortura de la incertidumbre para los allegados a las víctimas. ¿Es tan difícil entender que es, ostensiblemente, algo mucho peor que la muerte?
Eso, naturalmente, no hace a los tupamaros "más buenos". Ni siquiera "menos malos". De hecho, los primeros "desaparecedores" en este país fueron los tupamaros. Pascasio Báez y Roque Arteche fueron asesinados y luego desaparecidos por el MLN: sus respectivos cadáveres fueron encontrados no por generosidad humanista tupamara; el propósito -idéntico al de los "desaparecedores" uniformados- era que nunca más se supiera de ellos. En el caso del peón Pascasio Báez, ultimado con una sobredosis de pentotal sódico, las Fuerzas Conjuntas desenterraron el cuerpo cuando cayó la estancia "Espartaco", donde se hallaba la "tatucera" tupamara que el pobre peón tuvo a mal descubrir por casualidad. Y en el de Arteche, delincuente común integrado al MLN y que fue condenado a muerte por haber robado a la organización, siendo asesinado a fierrazos en el cráneo, un perro callejero lo desenterró.
La inmensa mayoría de los desaparecidos no fueron guerrilleros sino militantes políticos, muertos por torturas en el marco de la furia de la "Operación Morgan", lanzada por la dictadura en 1975 fundamentalmente contra el Partido Comunista, definido como "el enemigo permanente". No hubo ninguna guerra. Hubo una cruzada cruel, que no ha perdido esa calidad ni siquiera décadas después.
Nuestro país, que goza de una calidad democrática ejemplar, se merece que se terminen las cruzadas. Las familias de los desaparecidos merecen realizar su derecho a sepultar a sus muertos y dejar de ser ellos también víctimas de esas cruzadas fantasmales pero no por ello menos ominosas.
Columna publicada el 22 de mayo de 2020.