En contra de lo que sostiene el sindicato de Antel, no hay en la ley de Urgencia ni a estudio de la coalición de gobierno, ninguna medida privatizadora. A su vez, la revocación de una resolución del directorio por la que se presupuestaba a 857 funcionarios, va en defensa del prestigio de la empresa de telecomunicaciones y no en su contra.
Después de las aventuras de la ingeniera Cosse con el Antel Arena, una obra contraria a las competencias del Ente, innecesaria y en la que se gastó más del doble de lo que se habían previsto, el directorio de Antel ha quedado "en la mira", sea del color que sea su presidente.
En esa situación, haber resuelto, inconsultamente, la presupuestación de 857 funcionarios que estaban contratados, ha sido un exceso en todo sentido, e hizo bien el presidente de la República al revocar esa desgraciada decisión, pidiéndole la renuncia al presidente, ingeniero Guillermo Iglesias. El gobierno está comprometido con la rebaja del gasto público y aunque la presupuestación en sí misma podría no significar más gasto, lleva implícita la inamovilidad, por lo que la presupuestación masiva es contraria a los lineamientos políticos de una administración que ha anunciado su propósito de no proveer las vacantes.
Ante ello, el sindicato anuncia movilizaciones y protestas y lo hace por boca del presidente de esa organización, el señor Gabriel Molina, que ganó mala fama, hace poco, al insultar al presidente Lacalle y atacar el proyecto del gobierno par gravar los sueldos más altos - entre los que se encuentra precisamente los de muchos de los funcionarios de Antel - para financiar el fondo para luchar contra el coronavirus.
La ofensiva sindical se suma a la campaña ya propuesta en contra de "la privatización de Antel", lo que es otro invento inútil, porque nadie en el gobierno está pensando en privatizar la empresa de telecomunicaciones. Lo que está haciendo el sindicato de Antel es gimnasia sindical en defensa de sus propios beneficios, que son muchos y muy costosos y de los que tenemos que hacernos cargo todos los uruguayos pagando tarifas muy altas.
La mejor forma de defender a Antel es con una gestión de transparencia y austeridad, que es precisamente lo que no hubo en estos últimos años.