Es necesario repasar las evidencias respecto a la instalación de UPM 2, despejando las incertidumbres y afirmando algunas certezas irrebatibles, en momentos en que recrudece la polémica, que envuelve incluso a la propia coalición del gobierno. Mientras tanto, la celulosa, que ha permitido que el país incorpore tecnología muy valiosa, es una de las principales exportaciones y la cadena forestal emplea a veinte mil personas.
La instalación de fábricas de celulosa es la consecuencia natural y deliberada de una política de Estado que el país asumió en 1987 a través de la ley de forestación. No se trata de la "invasión" de empresas internacionales que vienen a imponer sus condiciones, sino de inversiones que Uruguay ha previsto y promovido. Distinto es cómo se negoció cada proyecto. El primero de ellos, la ex Botnia y actual UPM 1, fue suscrito durante el gobierno de Jorge Batlle y el contrato fue breve y claro, apenas una hoja en la que el gobierno y la empresa fijaron sus condiciones.
Tanto por la controversia con Argentina como por voluntad propia, esa fábrica es una de las más controladas del mundo en materia ambiental, ya que su proceso productivo está sometido a las inspecciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) de nuestro país, pero -a la vez- de los expertos ambientales de la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Distinta ha sido la historia de Montes del Plata que, en la medida en que vuelca sus efluentes hacia el Río de la Plata, no ha generado tanta polémica. Es controlada por las autoridades nacionales y Argentina no hizo reclamos airados.
Ahora provoca polémica la tercera planta, a instalarse en Durazno, sobre el Río Negro, tanto por las excesivas concesiones que le hizo el gobierno de Tabaré Vázquez como por el impacto ambiental que una fábrica muy grande puede provocar en un río más estrecho que el Uruguay, ya contaminado y con represas en su curso. Sobre estas interrogantes, muchas de ellas legítimas, otras "manijeadas" por militantes ambientalistas cuya versación es discutible; hay que confiar en las autoridades ambientales, que son los mismos técnicos que el país en su conjunto defendió con orgullo ante la arremetida de Argentina hace unos años.
Lo que también generó controversias es el exceso de concesiones que hizo el gobierno anterior. Sobre ello no hay dudas, y así lo ha demostrado la renegociación ventajosa que hizo el actual gobierno, obteniendo que la empresa invierta U$S 55 millones más de lo previsto y que el Estado no se vea obligado a solventar gastos por otros U$S 250 millones. La polémica generada por algunos voceros del Frente Amplio, en el sentido de que esos beneficios estaban acordados de antes, es hasta infantil, porque como demostró el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, esos aspectos no estaban firmados y, por lo tanto, no existían. Quizás anteriormente se haya conversado sobre estos puntos, pero si no había definiciones contractuales firmadas, no tienen valor alguno. Son logros de este gobierno, lo que a los dirigentes frenteamlistas pone nerviosos demás, porque demuestran que Tabaré Vázquez y sus ministros fueron poco exigentes -por decir lo menos- con tal de que la empresa se instalara.
Otro asunto en discusión es si el gobierno podía incumplir el contrato con motivo de la crisis sanitaria. Cumpliendo con sus tradiciones históricas, Uruguay debía respetar el contrato firmado y renegociarlo en algunos aspectos -con acuerdo de la otra parte, es decir, de la empresa- para obtener beneficios; pero lo que nunca podría hacer es incumplir lo pactado. Eso hubiera sido tirar por la borda nuestra certidumbre jurídica de siempre, que es la que genera un buen clima para las inversiones. Es muy irresponsable promover discursos en el sentido del incumplimiento del contrato o su revisión unilateral. No existe eso en un país serio.
Se ventila también si al instalarse la tercera planta, vamos a convertirnos en un "país celulósico" que impida otras actividades agropecuarias. Eso no es así. Apenas con 100.000 hectáreas más de las que hay ya dedicadas a ese rubro alcanza para nutrir el funcionamiento de las tres plantas. Y eso significaría, en total, un 5 % de las tierras productivas.
Que sepamos, nadie promueve un país sólo forestal y exclusivamente celulósico, en contra de las otras actividades que siguen siendo fundamentales, como la pecuaria, la agricultura o la lechería. No es necesario, por lo tanto, legislar para prohibir nuevas plantaciones, porque con la ley madre de 1987 alcanza para que Uruguay tenga, como hasta ahora, una forestación pujante en un escenario productivo equilibrado y cuidadoso del ambiente, puesto que ese marco jurídico ya contiene provisiones expresas para garantizarlo. Quiere decir que la forestación -que emplea a veinte mil personas aproximadamente- ha sido muy exitosa y no hay motivos para cambiar el rumbo equilibrado que ha tenido hasta ahora.
Como se sabe, un sector integrante de la coalición ha solicitado la presencia de varios ministros en el Parlamento para que den informes al respecto. Más allá de la curiosidad de que sea un sector que integra el gobierno el que recurre a ese procedimiento, la instancia será propicia para aventar fantasmas y para que se maneje toda la información necesaria, con argumentaciones fundamentadas y técnicas, distintas a los alegatos de barricada con que se manejan a veces estos temas. El gobierno no tiene nada que ocultar, en brutal contraste con el hermetismo sospechoso con que la administración anterior encaró toda la negociación.
En definitiva, certezas jurídicas, defensa del interés nacional, desarrollo productivo equilibrado y sustentable y -siempre- transparencia, están pautando el rumbo del gobierno en este tema también.