Con ese título, el Dr. Julio María Sanguinetti publicó en El País del domingo pasado su habitual columna mensual, que aquí reproducimos.
El nuevo gobierno se ha estrenado dejando clara su prioridad por la seguridad.
Sacó la policía a la calle, la población saludó esa presencia y el espacio quedó marcado. No habrá territorios liberados ni policía en retaguardia. La República se defiende y defiende a sus ciudadanos. Es un combate con la ley y por la ley, pero un combate. Desgraciadamente, pero un combate.
En medio de una situación ya muy difícil, en que no cabe duda de que es el reclamo mayor de la ciudadanía, el sangriento episodio del asesinato de la agente policial Daniela Da Silva pone todo al rojo vivo. Hay que ser muy poco sensato (o muy rencoroso) para no entender que hay un desafío abierto a la policía y que eso nos impone a todos deberes cívicos, que van desde la integralidad del sistema político hasta la ciudadanía en general. No se trata de venganzas ni de represalias, sino de un deber del Estado y de la sociedad organizada bajo el Estado de Derecho.
Desgraciadamente, dirigentes del Frente Amplio, aún no resignados a su derrota política, salen a cuestionar a la policía por episodios menores o medidas serias tomadas para impedir desmanes previsibles, dados los antecedentes. Resulta casi surrealista escucharlos como si estuviéramos en el mejor de los mundos, como si no hubiéramos tenido 30 mil rapiñas y 400 homicidios en el último año, superando todos los récords del país en la materia. La más elemental prudencia les impondría un deber de silencio y esperar, para dentro de cuatro años, cuando comencemos nuevamente la campaña electoral, hacer el balance y juzgar si hemos mejorado o no. Realmente cuesta encontrar el calificativo adecuado para ese desparpajo.
El episodio de la mentira de un funcionario municipal, desmentida por un video, ha sido revelador de cómo ese clima de los dirigentes se traslada luego a fanáticos militantes dispuestos a imaginar y a difamar.
Frente a esta situación, no dudamos que el gobierno mantendrá su línea sin claudicar. El compromiso personal del Presidente de la República y del Ministro de Interior es rotundo. Se llegó al gobierno con esa premisa y cumplirla es un deber ético.
Se equivocan profundamente quienes pretenden instalar la idea de un desvío autoritario para lo que es el rescate de la vigencia efectiva de la ley. También lo haríamos quienes integramos la coalición si nos ponemos a la defensiva, a explicar con aire de mala conciencia lo que, por el contrario, debemos apoyar orgullosamente. Esto es relevante, porque a los partidos tradicionales nos ha costado mucho sortear esa construcción publicitaria constante del Frente Amplio, que nos deja dando explicaciones cuando son ellos -como en el caso- quienes debieran darlas.
La lógica más elemental dice que los riesgosos procedimientos policiales pueden a veces no ser perfectos. Esos riesgos se acentúan en estos días en que la institución sufre el acoso de una delincuencia que está tratando de desanimar la autoridad, llevándola a que baje los brazos. Con las diferencias del caso, ocurrió ya en Chile con los Carabineros.
La policía actúa bajo enorme presión. El modesto agente que está en la calle, que vive día y noche ese estado psicológico, está obligado a discernir instantáneamente en situaciones imprevistas. Naturalmente, su entrenamiento lo disciplina para una actuación conforme a los procedimientos regulados, pero estamos con seres humanos en riesgo, a los que pedir la perfección es injusto y además peligroso para las instituciones porque, más allá de intenciones, se está ayudando al mundo delictivo. Por cierto, cuando se compruebe un exceso, la autoridad -administrativa o judicial- se encargará de juzgar, como corresponde, pero debe hacerlo bajo el parámetro de que estamos en una lucha sin precedentes históricos: el Uruguay nunca vivió la presencia del crimen organizado o su mano lejana organizando situaciones delictivas en nuestro país.
Todas las medidas propuestas en la ley de urgencia podrán discutirse en detalles técnicos o matices de opinión. Pero está claro que había que asumir un cambio, avalar la nueva actitud policial con un respaldo legal que la ampare en su acción y llevar a las nuevas normas procesales -tan discutidas en los últimos tiempos- algunos cambios que se veían imprescindibles.
Naturalmente, en esta materia no hay milagros. No puede haberlos. La autoridad puede contener, acotar, aislar el mal, pero no erradicarlo. El delito no solo nace de la compleja psicología humana, que desde la Biblia nos trae la historia de Caín y Abel, con la carga de pasiones causantes de tantos crímenes. También tiene un ingrediente social incuestionable, que podrá irse superando, como ha ocurrido en los países desarrollados, en la medida en que el crecimiento económico, las políticas sociales y la educación vayan superando los subsistentes enclaves de retraso.
Por supuesto, nadie ha podido llegar al paraíso, porque el fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, sacude las sociedades más evolucionadas y, mientras no se disminuya la demanda de drogas, no saldremos de ese comercio ominoso.
Por encima de cualquier consideración, lo que importa es que el gobierno está parado donde debe y como debe. Son pocos, muy pocos días de la nueva administración, aunque ya parecen muchos más, cuando el mundo se nos viene encima con una pandemia y una crisis financiera que sacude bolsas de valores y monedas.
Nuestro país siempre es sensible a esos sacudones. Hoy día lo somos todos, las grandes economías y las menores. Pero nuestro país, una vez más y como siempre, seguirá su ruta preservando los valores sustanciales del equilibrio social.