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La herencia maldita
 El incidente ocurrido en Paso Carrasco el pasado fin de semana y el vandalismo en torno a la zona de Kibón, son muestras claras del nefasto legado frenteamplista en materia de seguridad pública. Una combinación explosiva de desintegración social, delincuencia y cuerpos policiales desmotivados, desprotegidos y con escasa capacidad de respuesta.
Rechazo, indignación e impotencia. Esos fueron los sentimientos encontrados tras la viralización de videos que registran un incidente en Paso Carrasco y actos de vandalismo en la zona de Kibón. En el primero de ellos, se puede observar cómo un reducido grupo de delincuentes, armados de palos y piedras, destrozan, entre risas, un móvil policial, produciendo un inesperado repliegue de los efectivos que se encontraban en el lugar. Sí, el lector entendió bien: policías huyendo de delincuentes.
Los móviles policiales que llegaron a la zona de Paso Carrasco, en las calles Garibaldi y Teniente Rinaldi, fueron abordados por un grupo de delincuentes que, desde una moto, lanzaron piedras a los efectivos para impedir el ingreso al barrio.
Minutos más tarde, en Francisco Acuña de Figueroa y Pasaje D, antes de llegar a la esquina donde debían realizar el operativo, los móviles policiales y los efectivos que se encontraban a bordo fueron rodeados y atacados a palazos y pedradas.
Según informó la Policía tras la viralización de los hechos, el vehículo oficial registró daños en el parabrisas y, afortunadamente, los dos policías que se encontraban dentro del móvil resultaron ilesos.
En el momento del atentado perpetrado por los delincuentes, no se produjeron detenciones debido a que la Policía se retiró rápidamente del lugar.
No obstante, según confirmó a la prensa el Fiscal del caso, Fernando Valerio, al día siguiente, uno de los delincuentes que protagonizó el hecho fue capturado por la Policía siendo formalizado y condenado por atentado en concurso formal por daño.
En el mismo sentido, el Fiscal informó que la condena del delincuente fue de cinco meses de prisión que se desglosa en dos meses de prisión efectiva y tres meses de prisión domiciliaria.
A esa dramática situación hay que agregar los desmanes y atropellos en la zona de Kibón —a los que se refieren las columnas de Sanguinetti y de Elena Grauert en esta edición— que dejaron en evidencia la omisión del Ministerio de Interior, que no previó la situación, aunque las denuncias de los vecinos se vienen reiterando desde hace meses. Otra vez las autoridades salieron a explicar lo inexplicable: el director de Policía, Mario Layera se escuda en una falta de coordinación de la Prefectura y la Intendencia con el Ministerio para tratar de justificar la inacción ante el vandalismo en Pocitos. Respecto a los incidentes en Carrasco Norte, el jerarca apeló a un recurso dialéctico inadmisible al sostener que “parecería que la gente quiere que a este individuo con palo lo hubiéramos abatido a tiros para responder”, desconociendo los grados intermedios que deben orientar la acción policial. No se trata de pedirle a los agentes que disparen sus armas, pero sí de que impongan su autoridad, que marquen su territorio, que se hagan respetar. No es la primera vez que los policías se retiran o directamente huyen, viéndose obligados a actuar en el sentido precisamente contrario al que les reclama su función y su responsabilidad. Esa actuación no es resultado de una irresponsabilidad de los funcionarios, sino de la aplicación de una política de seguridad pública absolutamente equivocada.
Se aproximan tiempos difíciles para las autoridades recientemente electas. Los 15 años de gobiernos frenteamplistas, dejan como legado un modelo de seguridad obsoleto, con cuerpos policiales desmotivados, desprotegidos y con escasa capacidad de respuesta para enfrentar a una delincuencia impune y en continuo ascenso. |
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