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INEFOP: ¿hacia dónde va nuestro dinero?
Por Ruth Furtenbach
En momentos en que el aumento del desempleo asoma como uno de los problemas más acuciantes en nuestro país, preocupa seriamente el irregular funcionamiento del INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), cuya misión involucra la orientación y capacitación laboral, especialmente a las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente al desempleo.
La investigación llevada a cabo por el programa de TV Santo y Seña evidenció la existencia de estados contables deficitarios, el informe de una auditoría independiente realizado por CPA Ferrere donde consta la existencia de deudas incobrables, acciones que derivaron a la justicia penal y la gestión de autoridades que se contradicen y aparentan eludir sus obligaciones. A lo que debe sumársele el incumplimiento de las expectativas de sus beneficiarios, que son quienes buscan en definitiva mejorar su empleabilidad sin resultados satisfactorios.
Desgraciadamente, tanto en Uruguay como también sucede en otros países, la gran mayoría de los ciudadanos espera que el Estado sea la solución de todos sus males y en ciertos casos le otorga el poder de tomar decisiones pensando que sabe mejor que nosotros cómo administrar nuestro dinero, como ocurre fundamentalmente, en los regímenes socialistas. En consecuencia, nos sometemos a la “fatal arrogancia”, como refiere la obra de Hayek, que centraliza la información y coloca al burócrata en un lugar privilegiado llevándonos a sistemas ineficientes e inviables, tal como lo refleja la gestión del INEFOP.
El INEFOP se financia con el dinero de los trabajadores uruguayos, reteniéndose el 0,1% mensual del salario nominal del trabajador y otro tanto del patrón, lo que totaliza una recaudación aproximada de 30 millones de dólares al año. Lo que comenzó como un organismo encargado de brindar capacitación a trabajadores mayormente en forma gratuita, administrado por el Fondo de Reconversión Laboral y la Junta Nacional de Empleo, con un consejo Directivo de 3 miembros honorarios, terminó transformándose con el advenimiento de los gobiernos del Frente Amplio, en una persona jurídica de derecho público no estatal de carácter tripartito (ley Nº 18406), con una estructura gigantesca de técnicos con altísimas remuneraciones que engrosan la lista que alcanza los 162 funcionarios y un Consejo Directivo de 8 miembros cuya remuneración se aproxima a la de un Ministro de Estado.
Queda de manifiesto luego de las entrevistas y los datos presentados en el programa de TV mencionado, que el INEFOP surge como una necesidad del Gobierno de Tabaré Vázquez, de darle asignación a recursos que venía acumulando el Fondo de Reconversión Laboral y no tuvo mejor idea que inventar una organización piramidal con muchos puestos de trabajo y remuneraciones importantes. Si bien no es novedad la costumbre del Estado uruguayo de montar estructuras pesadas e ineficientes, que consumen recursos por encima de sus posibilidades.
Pero cabe subrayar que aquí se visualiza algo mucho peor, dado que la falta de control estatal sobre el INEFOP ha sido vergonzosa y de alguna manera puede estar enmascarando cierta jugada para contentar a las principales partes involucradas en las mesas de negociación de los Consejos de Salarios.
En efecto, incorporar en el Directorio del INEFOP en forma remunerada a integrantes de las principales cámaras empresariales y a sindicalistas reconocidos, sumado a que desde estos lugares aportan importantes sumas de dinero a sus respectivas organizaciones, hace temer por las garantías de los trabajadores y empresarios sobre la mesa de negociación colectiva. Podrían estarse desviando los objetivos y posturas de cada sector a la hora de negociar si las cabezas de cada organización están bajo remuneración y reparto de fondos del INEFOP.
Llama la atención que Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, aplauda la rapidez con la que en la última ronda de Consejos de Salarios gran cantidad de sectores alcanzaron acuerdos. A partir de los datos que salieron a luz últimamente, tenemos elementos para sospechar que tal vez viene todo “aceitado” desde que el INEFOP comenzó a repartir rubros a diferentes destinos de todas las partes involucradas.
También llaman poderosamente la atención los montos promedio manejados por pagos de cursos semestrales a empresas tercerizadas, sobre todo cuando se comparan con los costos de universidades privadas. Parecería que cursos básicos de cocina o de limpieza compiten en costos con algunas carreras universitarias de grado.
Además de brindar, como ya fue mencionado, asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, habiéndose efectuado préstamos millonarios de dinero a empresas inviables como Alenvidrio S.A. (1.600.000 dólares) y sindicatos como Fuecys, que ya cuentan con fuentes de financiación propia, la modificación introducida por la ley de Rendición de Cuentas Nº 18.996 (art.217), habilita también al INEFOP a: “cooperar, participar y brindar asistencia financiera para promover el empleo juvenil conforme a las leyes y decretos que regulen la promoción en el acceso al empleo de los jóvenes”. Aspecto respecto del cual se ha fracasado rotundamente también, alcanzando el empleo juvenil en el último trimestre el guarismo más alto equivalente a 27,3%.
La Ley de Empleo Juvenil Nº 19.133 de fecha 20 de septiembre de 2013 y su Decreto Reglamentario de fecha 27 de abril del 2015, han sido ineficaces y la actuación del INEFOP parece inexistente, habiéndose constatado que durante sus primeros 12 meses de implementación, apenas se logró que las Empresas grandes pertenecientes a la rama de Elaboración de Alimentos, empresas medianas, pequeñas y micro del Sector Servicios y Comercio, priorizaron para cargos mayormente de auxiliares a mujeres jóvenes entre 18 y 20 años de edad, que estaban en secundaria cursando el bachillerato o el ciclo básico, por tiempo limitado.?
Todo lo visto alimenta un descrédito sobre las actuaciones del INEFOP y principalmente por la falta de transparencia que les impide medir resultados, ya que ellos mismos reconocen no tener herramientas que les permitan hacerlo. La justicia determinará si hubo o no irregularidades y violaciones a algunas normas, pero lo que queda claro es que tanto reparto de cargos y aportes a organizaciones externas dejan al INEFOP cargado de dudas éticas y por sobre todas las cosas, si los uruguayos necesitan aportar para solventar semejante aparato a la deriva. |
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