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¿Somos todos los uruguayos efectivamente libres?
Por Marcela Pérez Pascual
El informe del INEED da cuenta de las carencias que tiene la Enseñanza para incluir a las personas discapacitadas
¿En nuestro país, los centros educativos están preparados para ofrecer una formación inclusiva que atienda las necesidades de los alumnos con discapacidades o necesidades educativas específicas? Es muy claro que no. Esto es lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo distintos actores de nuestra sociedad y fue confirmado recientemente con el último “Informe sobre el estado de la educación” presentado por el INEED.
Es importante destacar que, según uno de los últimos informes mundiales sobre discapacidad, una de cada siete personas tiene alguna discapacidad. En una reciente campaña a favor de la educación inclusiva se planteaba la interrogante de por qué no se repetía esta estadística en cada grupo de amigos, en el trabajo o demás grupos sociales. Se respondía de manera sencilla: Porque no hay uno de cada siete alumnos con discapacidad en las escuelas.
El Censo Nacional de 2011 incluye por primera vez a la Discapacidad como variable, por lo que más de medio millón de personas presenta algún tipo de discapacidad. Quiere decir que el 16% de la población se encuentra dentro de este grupo, del que el 48% vive en los hogares con menores ingresos.
A lo largo de los años los sistemas educativos han pasado por diversas etapas en cuanto a cuál es la mejor manera de atender esta problemática. El mundo coincide en que la educación debe ser inclusiva, donde todos los niños sin distinción, convivan juntos y sean educados en un mismo centro educativo. Por lo tanto deberán ser la sociedad en general y la institución en particular las que se adapten y realicen los cambios necesarios para poder cubrir las necesidades especiales de cada uno de sus alumnos, ya sea en educación formal como no formal.
Cuando los niños pequeños se educan en ambientes inclusivos, diversos y respetuosos, aprenden que todas las personas son diferentes. Esto reduce la presencia de prejuicios a lo que es diferente ya que la diversidad no les es ajena sino que les es familiar, y esto disminuye la aparición posterior de conductas discriminatorias.
Un sistema educativo inclusivo es aquel que valora y celebra la diversidad de sus alumnos y que contempla las necesidades y características individuales. Es aquel en el que se promueve el desarrollo humano y se garantiza la dignidad con la finalidad de asegurar la inclusión y participación social en condiciones de igualdad y no discriminación.
La educación es un derecho y como tal debemos garantizar el acceso al mismo a todas las personas. Las personas con discapacidad ven vulnerado ese derecho ya que hoy en día no están dadas las condiciones para posibilitarles el acceso a la educación y mucho menos a un acceso pleno e igualitario. Y no sólo no tienen acceso, sino que en gran cantidad de oportunidades lo tienen, pero en condiciones de menor calidad y eso equivale a no tenerlo.
El mayor reclamo de los padres de niños con discapacidad es cuando los invitan a llevar a sus hijos a una escuela especial o se los hace concurrir en horarios impropios como por ejemplo dos horas por día tres veces por semana hasta que se adapte. A esto se suma que carecen de un plan de inclusión y no cuentan con un referente institucional que monitoree la situación; lo cual hace muy difícil que una familia pueda sostener esa situación a lo largo de la vida escolar de su hijo. Esto es discriminación, segregación y violatorio de las normas vigentes en nuestro país.
Está claro que la implementación de una educación inclusiva real y de calidad no solo es un derecho universal consagrado en diversos Tratados y Convenciones sino que también es un derecho consagrado en nuestra Constitución.
El artículo 24 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece que con el fin de hacer efectivo este derecho, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, “…Los Estados Partes asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida…”.
A su vez en el Objetivo de Desarrollo Sostenible nro. 4 de la Agenda 2030 de las NNUU se dice que se deberá “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Por su parte la Ley General de Educación 18.437 menciona explícitamente que la educación de las personas con discapacidades tendrá especial consideración estableciendo en su artículo 33 que: “promoviéndose la inclusión de éstas en los ámbitos de la educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles los apoyos necesarios.” Y en su artículo 72 literal b afirma que los educandos de cualquier centro educativo tienen derecho a recibir apoyo educativo específico y necesario en caso de discapacidad.
La ley 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad Define en su artículo 2 como persona con discapacidad a “toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social educacional o laboral.” Y en su artículo 39 establece que “El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente y sin límite de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.”
Si el derecho a la educación inclusiva fuera respetado brindaría un entorno educativo que promovería el respeto de las diferencias, la tolerancia y la empatía reduciendo el acoso escolar. Siempre dentro del supuesto que fuera un derecho del cual las personas con discapacidad realmente pudieran gozar.
Si bien ha habido avances en cuanto al desarrollo de un marco normativo y a políticas públicas que se refieran a este tema, aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a su implementación. Se carece de la información precisa y necesaria de qué es lo que efectivamente sucede en los centros educativos respecto a la implementación de dicha normativa. El informe presentado por el INEED manifiesta que hay una “importante falta de información precisa sobre la cuestión” a lo cual agrega que “No se aplican criterios homogéneos entre escuelas para indicar si un estudiante tienen o no necesidades educativas especiales.” A su vez dice que “es poca la información que se tiene sobre el acceso, las trayectorias y los logros educativos de los estudiantes con necesidades educativas especiales.”
El mencionado informe dice que se “evidencia una distribución inequitativa de los recursos de apoyo con que cuentan los centros educativos del país y resalta el hecho de que se “observa una baja disponibilidad de materiales para alumnos con necesidades educativas especiales, lo que se acentúa en centros de contexto socioeconómico y cultural más vulnerable.” En lo que refiere a equipos de trabajo multidisciplinarios “se observan diferencias significativas según el contexto…”. Los centros que se encuentran en las zonas más desfavorecidas o en el interior son los que cuentan con menos personal de apoyo.
Las pruebas estandarizadas que se aplican, tanto nacionales como internacionales, no cuentan con versiones adaptadas para la población con necesidades educativas específicas o discapacidad. A ello se suma que carecemos de una sistematización de la información. La información acerca de los alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales debería provenir del propio sistema educativo.
¿Qué se puede hacer para modificar esta realidad? ¿Cuáles son los cambios necesarios para que todos accedan a una educación inclusiva?
Uno de los cambios necesarios refiere a la formación docente. Este es un factor sumamente importante para garantizar la verdadera inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo. La preparación para trabajar con ellos debe ser jerarquizada y reconocida en la formación básica curricular del docente. Es imperioso que la carrera docente de grado se modifique para que al egresar ya estén preparados para trabajar con niños y jóvenes con discapacidades.
A su vez, se debe fortalecer la figura del acompañante terapéutico/pedagógico en el aula. Los mismos deberían ser personas formadas para el cargo en carreras acorde como psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, etc.
Al día de hoy existen muchos espacios educativos donde la incapacidad de realizar los ajustes razonables (adecuaciones curriculares, etc.) aparece como justificación para no incorporar a niños y jóvenes con discapacidades. Se afirma que la discriminación constante que sufren las personas con discapacidad está vinculada directamente con la denegación de estos ajustes razonables. Todo esto va atado de la falta de formación por parte de los docentes y directores. Otro de los cambios del cual debemos ocuparnos.
Otro tema de vital importancia es que en el aula se debe implementar una gran diversificación metodológica de acuerdo a cada alumno y su discapacidad. Se deben realizar adecuaciones curriculares las cuales tienen una centralidad muy importante en el proceso de transformación y garantía de una educación inclusiva. Esta acción transforma las directivas sobre las formas de enseñar, los contenidos y su evaluación.
A su vez, hay una gran falta de generación de políticas públicas que implique claras directivas desde el Estado que originen nuevas condiciones estructurales, pedagógicas e institucionales.
Por último, generar espacios de encuentro y análisis entre el sistema educativo y laboral de modo que se pueda generar una rápida inserción laboral de las personas con discapacidad. Esto se desarrollaría más fácilmente si se cumpliera por parte del Estado con la Ley 18.651 y se cubriese el 4% de las vacantes que se generan con personas con discapacidad. De esta forma ellas pasarían de ser beneficiadas por el asistencialismo a poder valerse por sí mismas y ser independientes.
Promover programas que generen incentivos en las empresas para contratar personas La educación es la base del progreso en una sociedad libre e igualitaria. Es la que le permite a un individuo poder progresar por sus propios medios.
En definitiva, no todos los uruguayos somos efectivamente libres.
Como dijo nuestro candidato a la vicepresidencia Robert Silva “Si no tengo las herramientas que me da la educación, como política abanderada de todas las políticas sociales, no podré nunca ser efectivamente libre, nunca podré optar”
Y todos, sin distinción alguna, tienen derecho a acceder a una educación inclusiva, igualitaria y de calidad, para así poder ser efectivamente libres. |
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