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Desafíos que plantean las nuevas olas migratorias
Por Ruth Furtenbach
Nuestro país ostenta una doble condición debido al aumento creciente de inmigrantes extranjeros, así como de uruguayos que abandonan el país, cuyo impacto tiende a producir transformaciones socioeconómicas y culturales muy importantes.
El Uruguay ha recibido históricamente grandes contingentes de inmigrantes y se destaca actualmente a nivel internacional por el cuidado y protección de los derechos humanos de estas personas. Desde el punto de vista normativo, existe abundante regulación, habiéndose ratificado la “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, el cual establece el derecho a solicitar y recibir asilo en el territorio nacional a las personas víctimas de persecución por diversos motivos en su país de origen o de procedencia (ley Nº 18.076). Por otra parte, la ley Nº 18.250 del año 2008, regula especialmente los derechos y obligaciones de los migrantes y sus familias mientras permanezcan en el territorio nacional y la ley Nº 19.254 del año 2014, facilita la obtención de la residencia permanente en el país a cónyuges, concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos, así como a los nacionales de los Estados parte del Mercosur y países asociados, a diferencia de lo que prevé el “Acuerdo de Residencia del Mercosur” mediante el cual se otorgan solo residencias temporales por un período de dos años.
Este beneplácito se ve reflejado en los números, siendo el 25% de las nuevas cédulas pertenecientes a cubanos y venezolanos, que llegan a nuestro país en busca de una vida mejor. Según datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, las cédulas tramitadas en el primer semestre del año 2019 pertenecen: 5.695 a cubanos, 2.586 a venezolanos, 1.026 a brasileños, 983 a argentinos y 591 a colombianos. Habiéndose entregado menos cédulas, por otra parte, a recién nacidos en el territorio nacional en relación al año pasado. Lo cual denota que la tasa natalidad en Uruguay sigue cayendo y tal vez estos nuevos residentes, contribuyan a mejorar la pirámide demográfica, la cual muestra una población cada vez más envejecida.
No obstante, uno de los grandes desafíos es que estas personas puedan integrarse a nuestra sociedad de manera positiva que redunde en beneficio para todos, para lo cual es primordial el acceso a una vivienda digna y trabajo decente.
Las personas que llegan a nuestro país tienen desde el principio, fácil acceso a los servicios de salud y educación, pero tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna, siendo este el principal problema que se les plantea durante su primer año de estadía, hasta que logran conseguir un trabajo formal y acceder a garantías para un alquiler. La mayoría termina en pensiones caras y en mal estado o en refugios del Mides, donde el hacinamiento y los malos hábitos, son una constante que repercute en la calidad de vida e integración de los recién llegados.
Por otra parte, conseguir un trabajo decente es dificultoso y el riesgo de caer en la informalidad es muy alto. El inmigrante suele no tener acceso suficiente a información y conocimiento sobre las leyes nacionales. A pesar de estar en algunos casos, hasta sobrecalificados para las tareas que desempeñan.
Una encuesta sobre las actitudes de la población nativa hacia los inmigrantes extranjeros y retornados (EAPNIER)1, muestra que el 45% de los uruguayos piensa que la inmigración no es positiva para el país, siendo el 43% los que opinan que la llegada de extranjeros es negativa por la competencia que representan en el mercado laboral. Asimismo, según este estudio siete de cada diez uruguayos, está de acuerdo con la idea de favorecer a los ciudadanos naturales en el acceso al mercado laboral en detrimento de los extranjeros, en un contexto de escasez de empleos.
La mayoría de los encuestados manifestó que es importante que los extranjeros que vengan a vivir a Uruguay: 1) estén dispuestos a adoptar las costumbres y el modo de vida de Uruguay; 2) tengan una calificación laboral de las que Uruguay necesita; 3) tengan buen nivel educativo; y 4) hablen español.
Estos datos confirman que uno de los grandes desafíos que plantea la nueva inmigración es la integración social y económica del extranjero, donde lo fundamental radica en aprovechar productivamente su capacidad de trabajo evitando que se marginalicen. Por ese motivo es menester pensar en políticas sociales que contribuyan a ese logro, ya que la precariedad genera rechazo y una mayor segmentación, que deriva en la formación de guetos. Y ya están comenzando a visualizarse quejas y denuncias de ruidos molestos a altas horas de la noche contra inmigrantes que generan disturbios en ciertas zonas (www.Subrayado.com.uy 21/10/2018).
Por otra parte, otro desafío es que ese flujo inmigratorio no se compense con un flujo emigratorio de jóvenes uruguayos, altamente capacitados que buscan mejores oportunidades en el extranjero. Mientras sufrimos una fuga de profesionales formados en nuestro país con gran potencial de desarrollo, recibimos inmigrantes poco o nada preparados en su mayoría y cierto número de estudiantes extranjeros que vienen tan solo con el objetivo de estudiar en forma gratuita a nuestra Universidad sin exigírseles ninguna contraprestación. Lo cual también hace pensar si no habría que revisar las condiciones de ingreso a la educación universitaria pública, para mantener una oferta de calidad, cuidando a su vez el bolsillo de los contribuyentes.
Así como llegan muchos extranjeros, también son muchos los uruguayos que emigran buscando progresar y obtener una mejor calidad de vida en el exterior, donde no solo una mejora del poder adquisitivo es lo que atrae, sino el acceso a mejores servicios y tranquilidad para circular por la vía pública. La reversión de ese tipo de comportamiento, que ya muchos especialistas explican como fenómeno estructural, es un gran desafío que también depende de las respuestas que dé el Estado a través de la instrumentación de políticas públicas tendientes a mejorar variables fundamentales que los jóvenes migrantes ponen sobre la balanza, como: trabajo, seguridad y educación. |
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