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Un atropello "a la venezolana"
 Una comisión creada por una ley inconstitucional propone medidas igualmente inconstitucionales para aceptar el voto del exterior, posibilidad rechazada por la ciudadanía en un plebiscito reciente. Se está montando un mecanismo perverso para saltearse la Constitución y la voluntad popular.
La mayoría frenteamplista del Parlamento votó una ley por la que se creó una “comisión honoraria” para asesorar en materia de los procedimientos para habilitar los votos de los uruguayos que viven en el exterior. Esa ley es inconstitucional y ha sido recurrida ante la Suprema Corte de Justicia por los partidos de la oposición, es decir, blancos, colorados, Novick y Partido Independiente. La Suprema Corte no se expidió aún, pero es previsible que lo haga en favor de la petición de la oposición, ya que la ley no fue aprobada por dos tercios de las Cámaras, lo que indica la Constitución vigente como requisito excluyente para la sanción de cualquier norma de índole electoral y porque, en segundo término, el voto del exterior es violatorio de varios artículos de la Constitución vigente, desde el primero de ellos, que indica en forma clara y terminante que “La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”, a otros que refieren a la ciudadanía y el sufragio.
Desoyendo las advertencias de las bancadas no oficialistas, el frentismo autoritario votó la ley e instaló una comisión, que expresamente no fue integrada por delegados de la oposición. El grupo, presidido por la doctora Mariana Mota —de polémica gestión en el Poder Judicial y actual titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos— e integrada por un diputado del Frente Amplio y por un delegado del Partido Unidad Popular, entre otros funcionarios adictos al gobierno, expresa una muy flaca representación política, y concluyó alegremente que “una coordinación entre la Cancillería y la Corte Electoral” podría habilitar el voto de los ciudadanos radicados en el exterior a través del “voto consular”.
La vicepresidente Lucía Topolansky, quien presidió el acto en el que se presentaron las conclusiones de la Comisión, sostuvo que se manejaron varios datos de Cancillería, se hicieron comparativas con los mecanismos de otros países, se tuvo en cuenta un análisis jurídico y de derechos humanos, y “todo concluye que es posible elaborar un texto legislativo que habilite el voto en el exterior. El voto es un derecho reclamado en el mundo y en Uruguay son parciales y se remite a quienes habitamos este pedacito de la tierra. En este momento, la humanidad está muy comunicada, como nunca, y los hechos se viven en tiempo real. Así que argumentar que alguien que está fuera del país no sabe lo que está pasando en el Uruguay es no darse cuenta lo que nos trajo la tecnología”. Con este paso “saldamos una discusión superficial que se había desarrollado y vamos a una discusión de fondo y que dé un resultado positivo”, valoró la señora Topolansky, cuyos antecedentes en materia de respeto a las normas constitucionales son, como se sabe, descalificatorios. El Frente Amplio debió buscar otro portavoz para tratar de edulcorar su presentación, pero las mayorías internas mandan y es el “emepepismo” el que lleva la voz cantante.
Quiere decir que, así como van las cosas, se prepara un atropello a la venezolana, similar al que el dictador Maduro cometió cuando arremetió contra la Asamblea Legislativa legítimamente impuesta. Acá se está preparando un mecanismo para saltearse a la voluntad popular expresada libremente y que rechazó el voto en el exterior, para hacerle un gambito al requisito de que una ley electoral se vote por dos tercios y para desconocer frontalmente varios artículos de la Constitución.
No sólo se trata de un agravio duro y grosero al Estado de Derecho, sino de un ataque rastrero a la propia Democracia. |
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