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OIT insiste con que Uruguay debe impedir las ocupaciones de empresas
 Uruguay es un de los pocos países del mundo en el que están prohibidas las ocupaciones de oficinas públicas, pero no los locales industriales o comerciales del sector privado. Esa disparidad ha sido observada por la Organización Internacional del Trabajo, la que considera que al permitir las ocupaciones se está atentando contra el derecho al trabajo de los empleados que no acompañen la huelga.
En el año 2009, dos cámaras empresariales presentaron ante la OIT una queja criticando algunos aspectos de la negociación colectiva y especialmente, la ausencia de una prohibición clara de las ocupaciones de locales.
La central obrera ha inventado el criterio de que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, lo que la OIT no reconoce. Y el gobierno, que bajo la presidencia de Mujica decretó la prohibición de la ocupación de los locales públicos, mira para el costado ante esta anómala situación. Desde 2009 ha venido sorteando, todos los años, las reclamaciones de la OIT.
Según el semanario Búsqueda, la organización internacional mantiene su reclamación, dado que, en el último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, se pide al Poder Ejecutivo que, tras consultar a los interlocutores sociales, envíe al Parlamento un proyecto de ley que modifique el marco para los Consejos de Salarios y “regule las ocupaciones de empresas”. Como los informes son trianuales, en la última ocasión, en 2016, mantuvo similar recomendación.
El semanario revela que, al ser consultado el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quitó entidad a la situación, mostrando la inconveniente parcialidad de siempre y sosteniendo que “si los empresarios quieren poner a Uruguay en la lista negra, que lo hagan. Lo primero que dice la OIT es que Uruguay es modelo en el mundo”
Si bien la justicia laboral viene decretando las desocupaciones, las mismas provocan daño a la producción y al trabajo, dado que suelen transcurrir varios días –entre una semana y diez días– entre que los propietarios de la empresa presenten su recurso y la justicia falle. En esa medida, uno de los reclamos de UPM 2 es que se garantice de antemano, por parte de la delegación sindical, que no habrá ocupaciones. Diversos ámbitos vinculados a las inversiones han reiterado que la práctica de las ocupaciones es una de las trabas que exponen los inversores extranjeros para no radicarse en Uruguay.
El ministro de Trabajo no dice una palabra sobre estos hechos. |
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