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Las denuncias del sindicato y la ministra
Por Jorge Ciasullo
 No es admisible la malversación (del latín male versatio) de fondos públicos, toda vez que ellos se conforman con aportes de la ciudadanía a través del IVA, IRPF, IASS, IRAE, tarifas públicas etc. En los hechos: “No existen los dineros públicos, sólo existe el dinero de los contribuyentes”, como decía Margaret Thatcher.
El sindicato de trabajadores del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), emitió un comunicado en el que cuestionan la decisión de la ministra Carolina Cosse, a fines de diciembre de 2018, previo a su renuncia para dedicarse a la actividad política, de otorgar partidas especiales a una serie de funcionarios, “seleccionados a dedo”.
Según el sindicato, “soberbia, despotismo, abuso de poder, autoritarismo, arrogancia, discriminación y secretismo son constantes en el MIEM” y “este patrón de conducta adoptado por las autoridades es repetido en todas las unidades ejecutoras y las compensaciones son la forma de comprar la complicidad, el servilismo y el silencio”. Así, sostienen que “se ha creado un sistema de castas con características de absolutismo monárquico, siendo el amiguismo y la sumisión los méritos que se premian en el MIEM” (El País 06.02.2019).
Casi de inmediato el MIEM, emitió un comunicado sosteniendo que la gestión de Cosse ha sido transparente y que la asignación de partidas salariales especiales se ajusta a la normativa vigente.
Entrevistado por el diario El Pais el presidente del Sindicato de funcionarios del MIEM, sostuvo que el 12 de diciembre realizó, en forma personal, un pedido de acceso la información pública, para conocer en detalle las partidas otorgadas, sin obtener respuesta.
Seguramente el tema continuará y hasta es probable que la propia ex ministra –en campaña electoral antes y ahora– realice alguna declaración sobre el asunto.
Lo cierto que tanto su actuación en Antel como en el ministerio han sido calificadas por propios y ajenos como soberbia, sin posibilidad alguna de diálogo o contacto con el sindicato de funcionarios.
Es pública y notoria su actuación relacionada con el Antel Arena, proyecto que logró concretar venciendo aún la resistencia del propio Presidente Vázquez, fundamentada en lo inoportuno del gasto a realizar. Gasto que finalmente se concretó, cuyo costo resultó el doble de lo estimado, así como el mismo porcentaje de proyectos similares en la región. Primó el deseo de perpetuarse en el cemento.
Los diversos pedidos de informes de los legisladores, sobre lo proyectado y el detalle de los gastos realizados fueron contestados en forma parcial, tarde o nunca.
Esta actitud, que no es la única en los gobiernos del Frente Amplio, refleja una visión profundamente equivocada de jerarcas y funcionarios de entes y ministerios, disponiendo a su criterio, afinidad política, simpatía, parentesco o aspirantes a parentesco, mediante decisiones impensadas en el sector privado, partidas presupuestales y otros beneficios , olvidando que son administradores de recursos que no les pertenecen y sobre los cuales deberían responder ante los ciudadanos.
Estas situaciones nos recuerdan, con cierta envidia y vergüenza, cuando la entonces viceprimera ministra sueca Mona Shalin, firme candidata a ser designada primer ministro fue obligada a renunciar, por lo que se conoció como “l´affair Toblerone”.
En efecto, la entonces viceprimera ministra, utilizó la tarjeta de crédito oficial para compras personales. Adquirió dos tabletas de chocolate y un vestido, con un costo total de 35 euros, lo que provocó indignación en el pueblo sueco, que exigió su renuncia por considerar inaceptable el dilapidar fondos públicos, en gastos personales.
Nuestro país, desde la Constitución y en diversas disposiciones contempla la posibilidad de que cuando un funcionario público provoque un daño económico contra el estado, este puede repetir (reclamar) “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio... (Constitución Artículos 24 y 25).
Parecería llegada la hora de ser estrictos en la aplicación de responsabilidades en la administración del estado, procediendo de acuerdo a lo anteriormente señalado, cumpliendo además con la obligación implícita con los aportantes -toda la ciudadanía- de ser implacablemente cuidadoso en la administración de los recursos que les ha sido confiada. |
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